Madrid, ?capital federal?
El sistema institucional de Espa?a carece de caracter¨ªsticas b¨¢sicas para evitar la competencia de la capital con los territorios y equilibrar la concentraci¨®n de poder
Entre las reacciones suscitadas por los resultados del 4-M, se repite la afirmaci¨®n de que ¡°Madrid no es Espa?a¡±. Desde la izquierda y desde la periferia, es razonable aferrarse a ella para esquivar extrapolaciones enga?osas y protegerse frente a tentadoras depresiones. Porque es cierto que ni la estructura econ¨®mica de la comunidad madrile?a, ni su composici¨®n social, ni su no tan nueva identidad pol¨ªtico-cultural se reproducen en otros territorios. Bien lo saben los habitantes de quienes pueblan todav¨ªa la Espa?a vaciada, cuyas voces se han hecho sentir con fuerza creciente.
Son incontestables los datos que revelan diferencias entre las 17 comunidades aut¨®nomas. Son diferencias que dan lugar a una variedad de comportamientos pol¨ªticos y electorales. Pero existe una condici¨®n singular que distingue a la capital del Estado y a su hinterland inmediato de las otras comunidades. En la comunidad madrile?a se da una concentraci¨®n excepcional de instituciones p¨²blicas, con la consiguiente poblaci¨®n de empleados y funcionarios que las gestionan y trabajan para ellas.
Los datos son contundentes. Los expon¨ªa Pablo Allende en un interesante art¨ªculo. Ministerios, agencias estatales, autoridades independientes, organismos aut¨®nomos y entidades p¨²blicas empresariales tienen sus sedes centrales en Madrid. El personal ocupado en estas sedes centrales constituye una fracci¨®n muy elevada ¡ªun 40%¡ª del total de sus empleados p¨²blicos y por lo mismo de la poblaci¨®n activa madrile?a. Este 40% contrasta con el 15% que presentan como media las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas. Mucho m¨¢s lejos todav¨ªa est¨¢n el 8%, 9% y 10% de Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Navarra, respectivamente.
Ello significa que m¨¢s de un tercio del personal de las instituciones estatales reside en la Comunidad de Madrid, cuya poblaci¨®n no llega al 15% de la poblaci¨®n espa?ola. Esta desproporci¨®n aumentar¨ªa si se computaran tambi¨¦n los trabajadores de los ¨®rganos constitucionales y de las sociedades, consorcios y fundaciones estatales que no incluye la estad¨ªstica facilitada por el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Administraciones P¨²blicas. El efecto sociopol¨ªtico de esta estructura de la poblaci¨®n activa no puede ser ignorado. M¨¢s todav¨ªa si se le a?ade el entorno familiar correspondiente.
Esta densidad de instituciones p¨²blicas ejerce, como sabemos, una potente atracci¨®n sobre la actividad econ¨®mica privada. Act¨²a como im¨¢n para la instalaci¨®n de empresas de todo tipo y, en particular, de las que mantienen especiales relaciones con el poder pol¨ªtico por ser proveedoras de servicios de inter¨¦s general, concesionarias y contratistas. El art¨ªculo citado informa tambi¨¦n sobre este efecto im¨¢n, al se?alar que Madrid alberga m¨¢s del 50% de las empresas con m¨¢s de 5.000 asalariados y algo m¨¢s del 40% de las que tienen entre 1.000 y 5.000 trabajadores. Tal como subraya Allende, es una din¨¢mica que ha agravado la desigualdad de recursos y de oportunidades entre habitantes del pa¨ªs.
Esta acelerada concentraci¨®n territorial de poder econ¨®mico se ha visto parad¨®jicamente acompa?ada de una apreciable descentralizaci¨®n de poder pol¨ªtico que ha permitido a algunos observadores proclamar la ¡°federalizaci¨®n¡± de Espa?a. Pr¨¢cticamente consumada seg¨²n algunos. Para otros, como proyecto en marcha de realizaci¨®n m¨¢s o menos inmediata. Pero un examen m¨¢s preciso de esta presunta ¡°federalizaci¨®n¡± revela diferencias de envergadura entre la configuraci¨®n territorial del Estado auton¨®mico y las federaciones cl¨¢sicas. En ellas, la federaci¨®n no suele intervenir en la elaboraci¨®n de las constituciones de las unidades federadas. En cambio, la constituci¨®n federal se aprueba y se reforma con intervenci¨®n de aquellas unidades. Dichas unidades cuentan con poder judicial y hacienda propios. Un Senado permite a las unidades federadas intervenir en el proceso legislativo federal. A esta enumeraci¨®n de importantes diferencias puede replicarse que no hay modelo ¨²nico de federaci¨®n y es cierto. Pero s¨ª existe un esquema federal b¨¢sico con caracter¨ªsticas esenciales que no se dan en el caso espa?ol.
Con cierta benevolencia, podr¨ªamos aceptar que Espa?a es una ¡°federaci¨®n inacabada¡±, como se ha escrito en ocasiones. Si as¨ª fuera, ?es posible avanzar en su construcci¨®n y culminarla efectivamente? No se percibe por ahora ni una en¨¦rgica voluntad pol¨ªtica para impulsarla ni un amplio apoyo popular para sostenerla. Los obst¨¢culos en el camino de la federalizaci¨®n son innegables y poderosos. Entre ellos, la solidez berroque?a que exhibe la concentraci¨®n madrile?a de poder institucional, econ¨®mico y medi¨¢tico.
Si la pol¨ªtica comparada sirve de algo, no estar¨¢ de m¨¢s recordar qu¨¦ ciudades ostentan la capitalidad en las federaciones m¨¢s asentadas: Berna, Washington, Ottawa, Canberra. Todas ellas ciudades menores, sin capacidad para desequilibrar a su favor el sistema pol¨ªtico-econ¨®mico de la federaci¨®n. Ni siquiera Berl¨ªn acumula una concentraci¨®n de instituciones y empresas comparable a la de Madrid. Tal vez sea falta de imaginaci¨®n por mi parte. Pero, por todo lo dicho, me cuesta imaginar a Madrid como capital federal. Con independencia de sus resultados electorales y del partido que la gobierne.
Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico em¨¦rito de Ciencia Pol¨ªtica de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona (UAB).
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