Colombia: los tiempos est¨¢n cambiando

Hace un mes, inici¨® en Colombia un estallido social de alta intensidad, din¨¢mico y multi-actor. El llamado de un comit¨¦ compuesto esencialmente por sindicalistas a oponerse a una reforma tributaria despert¨® a una gran movilizaci¨®n juvenil y de organizaciones sociales afros e ind¨ªgenas con reclamos hist¨®ricos aut¨®nomos. Para atender la disconformidad y evitar que se vuelva un caos funcional a organizaciones criminales o a intereses pol¨ªticos dudosos que permean el orden p¨²blico, es conveniente atender al menos tres asuntos que permitan profundizar la democracia colombiana:

1. El reconocimiento de las violaciones en el curso de la protesta.

La desproporci¨®n y abuso policiales han generado graves violaciones a derechos humanos de los manifestantes, quienes en ocasiones tambi¨¦n ha protagonizado delitos, adem¨¢s de bloqueos cuestionables. La crisis se materializa en decenas de muertes y de actos de violencia sexual, m¨¢s de mil personas heridas y centenares de denuncias de desapariciones ciudadanas sobre las que no hay acuerdo entre Estado y sociedad. Ante la desconfianza y la debilidad de los ¨®rganos de control, debemos insistir en la visita de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, aplazada por la canciller o en otras figuras de veedur¨ªa confiable, para desescalar la violencia con rendici¨®n de cuentas.

2. Atender los reclamos del comit¨¦ del paro en el nivel nacional.

El comit¨¦ convoca a las marchas, bajo reclamos socio-econ¨®micos estructurales con algunos puntos concretos de negociaci¨®n como renta b¨¢sica y otros m¨¢s gen¨¦ricos, como la no discriminaci¨®n de g¨¦nero. A pesar de que este comit¨¦ representa una parte del malestar, el gobierno parece apostarle al desgaste, pues negocia lentamente (van en un preacuerdo reservado) y con tropiezos. Es imperioso que este di¨¢logo se concrete en acuerdos que se cumplan.

3. Suplir el d¨¦ficit de representaci¨®n pol¨ªtica local.

Aunque el gobierno se empe?a en culpabilizar a la oposici¨®n del estallido social, las poblaciones que lo lideran en las calles reflejan m¨¢s bien un malestar generalizado entrecruzado con violencias hist¨®ricas. La presencia heterog¨¦nea y amplia de j¨®venes desempleados, mujeres, ind¨ªgenas y afros en miles de protestas no coincide con mapas electorales, sino m¨¢s bien con mapas de pobreza, desempleo y desigualdad. Estos problemas estructurales se agravaron con la pandemia del covid-19 (42% de la poblaci¨®n con hambre, 24% de desempleo juvenil y 0,544 de desigualdad por Gini) y con una dificultosa implementaci¨®n de los acuerdos de paz, generando tensiones que siguen estallando y que exigen acci¨®n inmediata y estructural.

Una posible salida es la combinaci¨®n de participaci¨®n ciudadana abierta en simult¨¢nea con un plan Marshall de rescate social con aportes colombianos p¨²blicos y privados que desarrolle programas, construya bienes p¨²blicos y ofrezca empleo inmediato para atender las necesidades locales. Los mecanismos participativos como cabildos abiertos, propuestos por academia y l¨ªderes, recoger¨ªan el inconformismo y producir¨ªan pol¨ªticas p¨²blicas incluyentes, bajo metodolog¨ªas ya propuestas por universidades. Pero, como los j¨®venes de primera l¨ªnea atrincherados en sus barrios no van a ceder con di¨¢logo exclusivamente, pues en 30 a?os hay m¨¢s de 1200 acuerdos incumplidos, se requieren victorias tempranas que ofrezcan empleo y oportunidades a los marchantes, as¨ª como congresistas y autoridades garantes, con responsabilidad personal de cumplimiento.

Si los grupos sin l¨ªderes aparentes est¨¢n en las calles, la democracia tiene que ir a las calles a buscarlos, darles representaci¨®n y oportunidades. Atender la inconformidad es urgente y hacerlo con di¨¢logo efectivo y logros inmediatos es indispensable. Traer la mano dura a las ciudades puede fracturar el fr¨¢gil equilibrio de la parad¨®jica democracia colombiana y darle pie al reclutamiento de j¨®venes por criminales, cuando el descontento lo que busca es una verdadera transformaci¨®n social.

Vivian Newman es directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

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