Carta abierta sobre la independencia de la Corte Penal Internacional

Acogemos con satisfacci¨®n el apoyo que han mostrado los l¨ªderes europeos a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su singular orden para promover la justicia tras los cr¨ªmenes de guerra, los cr¨ªmenes de lesa humanidad y el genocidio. El constante apoyo a la CPI y el fomento de su alcance universal revelan el serio compromiso de Europa para impedir tales violaciones y favorecer un orden internacional basado en el derecho, la paz y la seguridad.

Es evidente que Europa se ha beneficiado desde hace tiempo del multilateralismo arraigado en la ley internacional y en las instituciones que la ratifican. Ahora bien, la preservaci¨®n de la legitimidad y el mandato de la CPI se hace de obligado cumplimiento en una ¨¦poca de crecientes dificultades para el orden multilateral y el poder judicial independiente en muchas partes del mundo, incluida Europa.

Lamentamos presenciar c¨®mo aumentan los ataques a la CPI, a sus miembros y a los grupos de la sociedad civil que cooperan con ella. Asistimos con profunda preocupaci¨®n al decreto que emiti¨® el expresidente estadounidense Donald Trump, y las sanciones dirigidas a los miembros de la Corte y sus familiares. Tambi¨¦n son sumamente alarmantes las infundadas cr¨ªticas p¨²blicas a la Corte derivadas de la investigaci¨®n de los presuntos cr¨ªmenes cometidos en el territorio palestino ocupado, incluidas las acusaciones de antisemitismo.

Est¨¢ establecido y bien consolidado que la rendici¨®n de cuentas por violaciones graves de derechos por parte de todas las partes de un conflicto es esencial para alcanzar una paz sostenible y perdurable. Tal es el caso en Israel-Palestina, as¨ª como en Sud¨¢n, Libia, Afganist¨¢n, Mali, Banglad¨¦s-Myanmar, Colombia y Ucrania. All¨ª donde no hay una rendici¨®n de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos, quienes sufren las secuelas son las v¨ªctimas que buscan justicia y las personas que anhelan una paz duradera.

No se pueden tolerar los esfuerzos para deslegitimar la Corte y obstaculizar su trabajo, sobre todo si lo que se pretende es promover y preservar la justicia global. Entendemos el temor a las denuncias e investigaciones por motivos pol¨ªticos, pero creemos firmemente que el Estatuto de Roma garantiza los m¨¢s altos criterios de justicia y constituye una herramienta crucial para afrontar la impunidad ante los cr¨ªmenes m¨¢s graves del mundo. No actuar conllevar¨ªa graves consecuencias.

En este contexto, hacemos hincapi¨¦ en la importancia de que todos los gobiernos europeos apoyen con firmeza la independencia de la CPI y protejan a la instituci¨®n y sus miembros de cualquier presi¨®n o amenaza externa. Esto incluye abstenerse de criticar p¨²blicamente las decisiones de la CPI, lo que podr¨ªa contribuir a socavar la independencia de la Corte y la confianza en su autoridad.

Celebramos la decisi¨®n de la administraci¨®n del presidente Biden en la que se anula el decreto y se levantan las sanciones contra la CPI. Esto sentar¨¢ las bases para trabajar, junto con nuestro principal aliado transatl¨¢ntico, en el fortalecimiento de las instituciones y las normas de la justicia internacional.

La CPI es una parte esencial del orden internacional basado en el derecho. Ahora m¨¢s que nunca, Europa tiene que dar ejemplo en la protecci¨®n de su independencia.

Ana Palacio es exministra de Asuntos Exteriores de Espa?a; Emma Bonino, exministra de Asuntos Exteriores, exministra de Asuntos Europeos y antigua comisaria europea; jefa de la Delegaci¨®n de la UE en la Conferencia Diplom¨¢tica de Roma que estableci¨® la CPI, Italia; Javier Solana, exministro de Asuntos Exteriores, secretario general de la OTAN y Alto Representante de la UE para la Pol¨ªtica Exterior y de Seguridad Com¨²n, Espa?a; y Sigmar Gabriel, exministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania. Firman tambi¨¦n este art¨ªculo: Douglas Alexander, exministro de Desarrollo Internacional de Reino Unido; Jean-Marc Ayrault, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de Francia; Hans Blix, exministro de Asuntos Exteriores y exdirector general de OIEA, Suecia; Ben Bradshaw, exsecretario de Estado para Oriente Medio de Reino Unido; Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega; John Bruton, antiguo primer ministro de Irlanda; Micheline Calmy-Rey, exministra de Asuntos Exteriores y expresidenta de Suiza; Ingvar Carlsson, antiguo primer ministro de Suecia; Gunilla Carlsson, exministra de Cooperaci¨®n Internacional para el Desarrollo, Suecia; Lord Menzies Campbell, exl¨ªder del Partido Liberal Dem¨®crata de Reino Unido; Willy Claes, exministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN, B¨¦lgica; Joe Costello, exsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda; Massimo d¡¯Alema, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de Italia; Teresa Patr¨ªcio de Gouveia, exministra de Asuntos Exteriores de Portugal; Karel de Gucht, exministro de Asuntos Exteriores y excomisario europeo, B¨¦lgica; Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza; Alan Duncan, exsecretario de Estado para Europa y las Am¨¦ricas y exsecretario de Estado para el Desarrollo Internacional, Reino Unido; Espen Barth Eide, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega; Jan Eliasson, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, Suecia; Uffe Ellemann-Jensen, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Partido Liberal de Dinamarca; Benita Ferrero-Waldner, exministra de Asuntos Exteriores y excomisaria europea de Relaciones Exteriores, Austria; Charles Flanagan, exministro de Asuntos Exteriores de Irlanda; Bj?rn Tore Godal, exministro de Asuntos Exteriores de Noruega; Bertel Haarder, presidente del Consejo N¨®rdico, exministro de Asuntos Europeos y exministro del Interior de Dinamarca; Peter Hain, exsecretario de Estado para Oriente Medio, Reino Unido; Lena Hjelm-Wall¨¦n, exministra de Asuntos Exteriores y viceprimera ministra de Suecia; Tom Kitt, exsecretario de Estado de Desarrollo Exterior y Derechos Humanos, Irlanda; Lord Neil Kinnock, excomisario europeo y exl¨ªder del Partido Laborista, Reino Unido; Bert Koenders, exministro de Asuntos Exteriores de Pa¨ªses Bajos; Yves Leterme, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo primer ministro de B¨¦lgica; Martin Liedegaard, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Mogens Lykketoft, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, Dinamarca; Senator Michael McDowell, exministro de Justicia y exfiscal general de Irlanda; Per Stig M?ller, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Holger K. Nielsen, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; Baroness Lindsay Northover, antigua subsecretaria de Estado Parlamentario para el Desarrollo Internacional, Reino Unido; Andrzej Olechowski, exministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Marc Otte, exrepresentante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, B¨¦lgica; Chris Patten, antiguo vicepresidente de la Comisi¨®n Europea y comisario europeo de Relaciones Exteriores, Reino Unido; Jacques Poos, exministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo; Mary Robinson, expresidenta y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Irlanda; Soraya Rodr¨ªguez, exsecretaria de Estado de Cooperaci¨®n Internacional, Espa?a; Robert Serry, excoordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Pa¨ªses Bajos; Erkki Tuomioja, exministro de Asuntos Exteriores de Finlandia; Ivo Vajgl, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia; Jozias van Aartsen, exministro de Asuntos Exteriores de Pa¨ªses Bajos; Hubert V¨¦drine, exministro de Asuntos Exteriores de Francia; Margot Wallstr?m, antigua viceprimera ministra y exministra de Asuntos Exteriores de Suecia; y Baroness Sayeeda Warsi, exministra del Gabinete y exministra de Asuntos Exteriores para las Naciones Unidas, los Derechos Humanos y la CPI, Reino Unido.

Traducci¨®n de Javier Roma.