Avances oscurecidos por la sospecha

Bien sea por su naturaleza progresista, o porque la pandemia le ha empujado a ello, el Gobierno de Espa?a est¨¢ dando pasos importantes para incrementar la cohesi¨®n social e impedir que siga creciendo la desigualdad.

Si el Ingreso M¨ªnimo Vital estaba llamado a completar el mapa de protecci¨®n social homolog¨¢ndonos con otros pa¨ªses europeos, la nueva propuesta de un complemento para las familias con hijos en situaci¨®n de pobreza puede resultar un avance especialmente significativo, dado que, como es sabido, la pobreza infantil tiene el dudoso honor de tender a cronificarse, y parar en seco cualquier posible ascensor social.

Al mismo tiempo, se ha aprobado la primera ley educativa que reconoce los derechos de los ni?os y ni?as como derechos fundamentales, y en la parte superior del sistema educativo, adem¨¢s, se pretende que haya mayor relaci¨®n entre la Formaci¨®n Profesional y la Universidad, dejando de ser dos caminos excluyentes.

Sin embargo, todos estos avances se est¨¢n viendo enturbiados por la aplicaci¨®n del principio de sospecha a quienes m¨¢s urgentemente necesitan ayuda, es decir, a los pobres. Los problemas de ejecuci¨®n del Ingreso M¨ªnimo Vital, que llega apenas a un tercio de lo que el Gobierno preve¨ªa, est¨¢n relacionados en buena medida con los requisitos de documentaci¨®n a aportar para gestionar la prestaci¨®n. Si cuando hacemos nuestra declaraci¨®n de la renta no es necesario aportar documentaci¨®n acreditativa, sino que a priori el Estado se f¨ªa y hace inspecciones a posteriori, ?por qu¨¦ se aplica el principio de sospecha con aquellos que necesitan las ayudas con mayor urgencia, exigiendo toda una serie de documentaci¨®n con car¨¢cter previo a la concesi¨®n? El Ingreso M¨ªnimo Vital, si es lento, deja de ser vital.

Algo similar est¨¢ ocurriendo con 150 ni?os y ni?as que el Gobierno de Espa?a se niega a escolarizar en Melilla alegando problemas documentales de las familias ante la sospecha de que esos menores puedan no residir en la ciudad aut¨®noma, aspecto que niegan tanto las ONG que trabajan en la zona como el equipo jur¨ªdico que sigue el caso. Conviene recordar que el Estado tiene la obligaci¨®n de escolarizar a todo ni?o o ni?a que resida en territorio espa?ol, independientemente de su situaci¨®n legal, tal como ha recordado al Gobierno de Espa?a el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de Naciones Unidas. Y tras 14 meses con la frontera cerrada, cuesta creer que esos menores, la mayor¨ªa nacidos en Melilla, no vivan en la ciudad. De forma legal o no ¡ªal parecer solo a algunos les han concedido el padr¨®n¡ª, pero est¨¢ claro que ah¨ª residen. Nuevamente, la oscura y larga sombra de la sospecha.

La lucha contra la desigualdad y el empuje del ascensor social con la educaci¨®n como bandera no es s¨®lo una cuesti¨®n de leyes. Se necesita cambiar el imaginario y dejar de proyectar, sistem¨¢ticamente, la sombra de la sospecha sobre quienes m¨¢s apoyo necesitan. Si a alguien le parece que puede salir caro, que pruebe a no hacerlo.