¡®Ley trans¡¯: nuevos derechos

El anteproyecto de la ley trans aprobada por el Consejo de Ministros supone un importante avance en la protecci¨®n de los derechos individuales de las personas trans y del colectivo LGTBI. Su aprobaci¨®n parlamentaria reforzar¨ªa la continuidad de Espa?a como uno de los grandes referentes internacionales en la lucha contra la discriminaci¨®n en esta materia. La autodeterminaci¨®n de g¨¦nero, elemento central de la ley, es objeto de un intenso debate y ha causado un fuerte pulso en el Gobierno. Como contexto, cabe recordar que el planteamiento final del anteproyecto sigue la l¨ªnea de las recomendaciones de instituciones como la OMS o la Comisi¨®n Europea y la estela de pa¨ªses avanzados como Dinamarca o Noruega. Este peri¨®dico respald¨® el pasado mes de febrero esta posici¨®n, que puede ser considerada una buena noticia para quienes tienen una visi¨®n progresista y liberal de la sociedad.

La ley sigue contando con la oposici¨®n de una parte del movimiento feminista que merece ser escuchada y respetada. En algunos momentos, sin embargo, el pulso por la hegemon¨ªa en ese movimiento ha enturbiado el debate sobre las ideas, sobreponi¨¦ndose en parte a la genuina preocupaci¨®n por los colectivos a los que la norma se dirige. En cualquier caso, la evidencia emp¨ªrica mostrada por los pa¨ªses en los que se han implementado normativas similares (tambi¨¦n 11 comunidades aut¨®nomas en Espa?a) confirma que la ampliaci¨®n del marco de los derechos de una minor¨ªa no conlleva la merma o amenaza de los de la mayor¨ªa. Seg¨²n datos oficiales, desde que Portugal reconoci¨® en 2018 la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero sin necesidad de informe m¨¦dico ni hormonaci¨®n, alrededor de 500 personas han solicitado ese cambio. Este ¨ªnfimo porcentaje hace que pierda peso ese otro argumento seg¨²n el que la norma abre la puerta a un fraude masivo o que el avance en esa direcci¨®n sea incompatible con el impulso de una agenda social feminista centrada en temas que afectan a las mujeres, como la brecha de g¨¦nero y la desigualdad.

La ley pretende mejorar las dif¨ªciles condiciones de vida de una minor¨ªa muy vulnerable y algunos de los aspectos recogidos en esa direcci¨®n merecen reconocerse. Por ejemplo, la consolidaci¨®n de derechos en el ¨¢mbito educativo y laboral, lo que implica la mejora de los procedimientos para denunciar las discriminaciones. Es positivo el establecimiento de un periodo de reflexi¨®n de tres meses para ratificar la solicitud y la persistencia de la voluntad, lo que afianza decisiones maduras y dificulta eventuales abusos. Deber¨ªa ponderarse en el debate parlamentario la oportunidad de prolongar este periodo hasta los seis meses, como prev¨¦ la legislaci¨®n danesa.

Autodeterminaci¨®n y despatologizaci¨®n son elementos positivos. Pero estos no deben significar el debilitamiento de estructuras de apoyo como las que ven¨ªan contempladas en la ley de 2007 reguladora de la rectificaci¨®n registral relativa al sexo de las personas. Todo al contrario, es preciso consolidarlas, ya que la autonom¨ªa en la decisi¨®n no excluye que, especialmente en el caso de menores, se precisa de una atenci¨®n especializada para circunstancias a veces dif¨ªciles. Es esperable un debate constructivo en el Parlamento para mejorar y dotar de la mayor seguridad jur¨ªdica un proceso que merece la m¨¢xima atenci¨®n y protecci¨®n no solo del legislador, sino de la sociedad en su conjunto.