El esp¨ªritu del imperio de la ley

Convocado por la Asociaci¨®n Mundial de Juristas (World Jurist Association) se celebra hoy en Madrid un homenaje a Ruth Bader Ginsburg, m¨ªtica jueza de la Corte Suprema estadounidense y aut¨¦ntico icono mundial de la lucha por la igualdad de g¨¦nero. Representantes de diversos Tribunales Internacionales debatir¨¢n, en un acto apenas sin precedentes, sobre el presente y el futuro del Estado de derecho. Testigo y protagonista ser¨¢ el rey Felipe VI, galardonado por la mencionada asociaci¨®n, como lo fuera tambi¨¦n la jueza Ginsburg, con el Premio Mundial a la Paz y la Libertad, que en su d¨ªa compartieron con Winston Churchill, Ren¨¦ Cassin y Nelson Mandela. El monarca es jurista de formaci¨®n, y podr¨¢ conversar as¨ª con sus colegas internacionales sobre lo que los anglosajones denominan rule of law y los latinos el imperio de la ley. Cuesti¨®n que algo tiene que ver con los recientes indultos a los dirigentes del movimiento independentista catal¨¢n, pero tambi¨¦n con algunas aventuradas estupideces pronunciadas por representantes pol¨ªticos de toda laya.

Sobresale entre estas ¨²ltimas la comparaci¨®n que el ministro ?balos hizo entre Mandela y Oriol Junqueras, al que estoy convencido de que la comunidad jur¨ªdica nunca distinguir¨¢ con un premio semejante al que recibieron los galardonados por la WJA. Contra quienes creen que la frase fue un lapsus o, peor a¨²n, el fruto de la ignorancia, hay motivos para asegurar que se trataba de un intento de introducir el llamado conflicto catal¨¢n en el imaginario europeo e internacional. Los brujos visitadores de La Moncloa, y alg¨²n que otro de sus moment¨¢neos inquilinos, vienen rebuscando precedentes ¨²tiles para explicar en Espa?a y fuera de ella las decisiones del Gobierno, no tanto en el caso de los indultos como en el de la cacareada mesa de di¨¢logo con la Generalitat. El Acuerdo de Viernes Santo sobre Irlanda del Norte, el refer¨¦ndum pactado en Escocia, o el apartheid sudafricano son eventos que algunos miembros del aparato del Partido Socialista y los asesores de imagen del presidente evocan a la hora de inventar sus estrategias. El ¨²ltimo en concurrir a ese esfuerzo de internacionalizaci¨®n, con imprudencia manifiesta, ha sido mi amigo Ant¨®nio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Al hilo de recabar una soluci¨®n dialogada con Marruecos en el conflicto del S¨¢hara, desliz¨® una inconveniente declaraci¨®n que se ha interpretado como apoyo a la mesa de di¨¢logo de La Moncloa con el Govern. Y puesto que del S¨¢hara hablamos ya hubiera gustado a muchos que las f¨®rmulas que emplea S¨¢nchez para referirse al intento secesionista de Catalu?a se pudieran parecer en algo a la encendida defensa que hizo de la unidad territorial espa?ola ante la reciente invasi¨®n pac¨ªfica de Ceuta, rechazada casi al grito de ¡°?a m¨ª la Legi¨®n!¡±.

La permanente obsesi¨®n por el relato, a la que me he referido varias veces, est¨¢ llevando al Gobierno a cometer tropiezos hist¨®ricos, jur¨ªdicos y ling¨¹¨ªsticos sin cuento. Cuando el presidente habla del esp¨ªritu constitucional de concordia y se refiere a la etimolog¨ªa de la palabra refiri¨¦ndose al coraz¨®n, se echa en brazos de un populismo bastante cursi. Concordia es palabra puramente latina y, desde que se redactara el Diccionario de Autoridades hace tres siglos, significa unanimidad, conformidad o acuerdo. No tiene que ver con referencias sentimentales a la v¨ªscera cardiaca, relativas a la cordialidad, pero no a los pactos pol¨ªticos, ni tampoco con las concordancias de cualquier g¨¦nero, incluidas las gramaticales aunque su origen etimol¨®gico sea id¨¦ntico. O sea que el di¨¢logo es importante como dijo Guterres, pero solo como veh¨ªculo para alcanzar acuerdos en cuya aplicaci¨®n no se puede vulnerar el imperio de la ley. Ni en su letra ni en su esp¨ªritu.

La concordia constitucional no responde tanto a un sentimiento como a un pacto que establece las reglas del juego en la convivencia. La democracia es un m¨¦todo que permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes en elecciones secretas y peri¨®dicas y, sobre todo, decidir c¨®mo y cu¨¢ndo pueden echarlos. Tambi¨¦n establece la forma en que esa ciudadan¨ªa (We the People en palabras de la Constituci¨®n americana) puede controlar los excesos, abusos y mentiras del poder. El esp¨ªritu de las constituciones democr¨¢ticas al que apela nuestro presidente no es otro que el que ya describiera Montesquieu, precisamente en su obra El esp¨ªritu de las leyes: la separaci¨®n de los tres poderes b¨¢sicos del Estado. Para garantizarla se necesitan instituciones fuertes, pero el Poder Ejecutivo frecuentemente trata de evitarlas. Una enfermedad frecuente de las nuevas democracias es la inversi¨®n del papel de los parlamentos. Mediante un sistema de partidos escler¨®tico y tribal y el uso enga?oso de las leyes electorales, lejos de ejercer estos el control de los gobiernos es el Ejecutivo en muchos casos el que controla el Parlamento. La independencia del poder judicial es por lo mismo esencial para el mantenimiento de la democracia. Como es el ¨²ltimo baluarte al que la ciudadan¨ªa puede acogerse frente al abuso del poder, este trata habitualmente de controlarlo tambi¨¦n. En Espa?a tenemos un ejemplo estremecedor en la incapacidad del PSOE y el PP para renovar el gobierno de la Justicia y el propio Tribunal Constitucional. Las responsabilidades afectan por igual a los dos partidos, pues ambos pretenden controlar y prever las decisiones de los ¨®rganos colegiados. Lejos de contribuir al funcionamiento institucional adecuado, que garantice la independencia judicial, tratan de designar mediante acuerdos a veces inconfesables candidatos identificados con sus posicionamientos ideol¨®gicos y, sobre todo, pretenden evitar que el contrario coloque a los suyos. Este aut¨¦ntico clientelismo es otra forma de corrupci¨®n pol¨ªtica.

Sobre estas cuestiones y amenazas, que afectan a culturas, reg¨ªmenes y pa¨ªses muy diferentes, van a versar tambi¨¦n los debates de esta semana en Madrid. Se trata de fomentar e instrumentar la lucha contra el abuso del poder, que se escuda a veces en la inobservancia de un principio moral b¨¢sico de la democracia: el fin nunca justifica los medios. Ni siquiera cuando se exhibe como pretexto la voluntad general o la utilidad p¨²blica ni aunque la meta perseguida sea apreciada como conveniente o beneficiosa para la comunidad. Un gobierno democr¨¢tico no lo es tal si se muestra dispuesto a vulnerar el imperio de la ley. Es lo que hicieron los secesionistas y lo que de continuo prometen volver¨¢n a hacer, afirmando con descaro incluso que la democracia est¨¢ por encima de ordenamiento legal. El propio Pedro S¨¢nchez lo defini¨® con claridad en su libro Manual de resistencia cuando denunciaba que la peculiaridad del conflicto catal¨¢n ¡°es que quienes estaban al frente de las instituciones fueron quienes las quebraron¡±. En no pocos pa¨ªses a ese comportamiento se le llama simple y llanamente traici¨®n. Y defendi¨® adem¨¢s abiertamente la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n ¡°cuya pertinencia ¡ªdijo¡ª queda acreditada para el futuro porque ha demostrado ser proporcional a la envergadura del desaf¨ªo¡±. Esperamos no reniegue de sus propias palabras ni a la hora de establecer el di¨¢logo ni a la hora de exigir a los responsables del desastre que devuelvan el dinero p¨²blico que robaron para financiar su ambici¨®n de poder.

Por lo dem¨¢s, en un p¨®stumo libro de Ruth Bader Ginsburg, escrito con su ayudante y amiga Amanda L. Tyler, catedr¨¢tica de Derecho en Berkeley, y presente hoy en Madrid en el homenaje a su maestra, he encontrado dos citas que me parecen ilustrar mejor que nada estas reflexiones: ¡°La Constituci¨®n promete a cada cual iguales oportunidades para aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad bas¨¢ndose en sus talentos y capacidades individuales¡±. Mas no debe olvidarse que ¡°el arco de la moral universal, aunque largo, termina siempre dobl¨¢ndose en el sentido de la justicia¡±. Ruth Bader Ginsburg dixit.