Se debe devolver el Gobierno de Hait¨ª al pueblo

El asesinato del presidente de Hait¨ª, Jovenel Mo?se, el 7 de julio, dista mucho de ser la ¨²nica muerte en el pa¨ªs que debe importar en este momento. En Hait¨ª ya nadie le dice a otra persona que tenga cuidado porque la catastr¨®fica inseguridad ha transformado el hecho de salir de casa en una ruleta rusa.

Solo una semana antes del asesinato del presidente Mo?se, una defensora de los derechos humanos y un periodista fueron asesinados junto con al menos otras 17 personas. Cientos hab¨ªan perdido la vida antes de estos hechos, y m¨¢s de 1,5 millones est¨¢n directamente afectadas por la crisis actual, seg¨²n la Oficina de Coordinaci¨®n de Asuntos Humanitarios (OCAH). Aunque el asesinato profundiza las preocupaciones de seguridad y la inestabilidad, lo cierto es que el Gobierno de Hait¨ª hab¨ªa fracasado ya en sus funciones esenciales. Sin una v¨ªa constitucional clara para gestionar el vac¨ªo institucional anterior a la muerte de Mo?se, es la poblaci¨®n de Hait¨ª la que debe decidir el camino a seguir.

El Parlamento de Hait¨ª no est¨¢ funcionando desde enero de 2020. El presidente ha sido asesinado, pero lo cierto es que la legitimidad de su mandato, pasado el 7 de febrero de este a?o, era muy cuestionada. Aunque Claude Joseph parece mantener las riendas del poder, no hay un primer ministro claro. Mo?se hab¨ªa designado al neurocirujano Ariel Henry para sustituir el 5 de julio a Joseph, quien reconoci¨® su destituci¨®n, pero Henry a¨²n no hab¨ªa tomado posesi¨®n de su cargo formalmente.

El Tribunal Supremo de Hait¨ª tambi¨¦n ha dejado de existir en la pr¨¢ctica. Solo le quedan seis jueces tras el reciente fallecimiento de su presidente, la existencia de dos vacantes prolongadas y la destituci¨®n il¨ªcita de tres jueces por parte del presidente Mo?se en febrero. Ese n¨²mero es insuficiente para juzgar ciertas causas, entre ellas las que implican cuestiones de constitucionalidad. El 3 de julio, el Consejo Superior del Poder Judicial, ¡ªentidad gubernamental responsable de velar por la integridad e independencia judiciales¡ª tambi¨¦n dej¨® de funcionar. Sin una presidencia que pueda garantizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado, y ante el colapso resultante tambi¨¦n, los procedimientos constitucionales para sustituir al presidente asesinado no pueden ejecutarse.

As¨ª, cualquier camino a seguir es una ruptura con la Constituci¨®n de Hait¨ª y con los principios democr¨¢ticos que prev¨¦n una transferencia ordenada del poder compatible con el Estado de derecho. No obstante, hay aspirantes que afirman tener derecho a gobernar y hablan de intervenci¨®n extranjera. Estas son las respuestas equivocadas para Hait¨ª. Son, adem¨¢s, ilegales y constituyen violaciones a los derechos de la poblaci¨®n haitiana a la libre determinaci¨®n, a la gobernanza democr¨¢tica y a un sistema de leyes que funcione. De hecho, la historia de este tipo de intervenciones es en gran medida la responsable del vaciado de las instituciones de Hait¨ª.

Lo que Hait¨ª necesita es romper con las fallidas estructuras impuestas desde el exterior y hacer ¡ªquiz¨¢ por primera vez¡ª que el pueblo haitiano ocupe un lugar central en su Gobierno. La sociedad civil haitiana identific¨® hace tiempo que un camino a seguir significativo exige un periodo de transici¨®n que aborde no solo la crisis democr¨¢tica inmediata, sino tambi¨¦n los desaf¨ªos estructurales subyacentes que han obstruido la democracia en el pasado. Muchos de estos factores que impulsan la inestabilidad son vestigios de injerencias extranjeras y de su resultante centralizaci¨®n del poder. Por tanto, reviste especial importancia que, al dise?ar un mecanismo de transici¨®n que consagre de verdad el Gobierno del pueblo, las consultas incluyan a toda la poblaci¨®n haitiana, no solo a las ¨¦lites de Puerto Pr¨ªncipe.

Gran parte de la comunidad internacional se ha negado a reconocer las demandas de un Gobierno de transici¨®n planteadas por el pueblo haitiano. A pesar de la insoportable situaci¨®n de inseguridad y de un consejo electoral que incluso la Organizaci¨®n de los Estados Americanos ha reconocido como ileg¨ªtimo, algunos actores externos, como Estados Unidos, han seguido pidiendo elecciones este a?o. Esto equivale a pedir un conjunto de poderes provisionales inconstitucionales para celebrar un simulacro de elecciones de las que no cabe esperar que empoderen a la poblaci¨®n haitiana para elegir al Gobierno, y que podr¨ªan afianzar a¨²n m¨¢s las profundas deficiencias institucionales. Esto no es un camino a seguir democr¨¢tico, sino exactamente el tipo de intervenciones nocivas que han generado algunos de los desaf¨ªos a los que hoy se enfrenta Hait¨ª.

La sociedad civil de Hait¨ª ha dejado claro que el pueblo quiere un camino de transici¨®n. Las potencias extranjeras deben desistir de interferir y reconocer que la solidaridad con el pueblo haitiano pasa por apoyar lo que l¨ªderes y lideresas haitianos definen como el camino a seguir democr¨¢tico. Igual importancia tiene que, en este momento de tensi¨®n, todos los actores garanticen la protecci¨®n de la poblaci¨®n civil, y especialmente de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, as¨ª como del personal sanitario, que no solo pone en peligro su seguridad por tratar a v¨ªctimas de la violencia sino que tambi¨¦n sigue luchando contra la pandemia de covid-19.

El pueblo haitiano ¡ªque iz¨® la primera bandera para hacer frente a la esclavitud humana¡ª merece la oportunidad de recuperar y rehacer su Gobierno.

Mario Joseph es director gerente de Bureau des Avocats Internationaux, una firma p¨²blica de abogados comprometida con la defensa de los derechos humanos en Hait¨ª.