Los derechos no van al peso

Siempre me he preguntado cu¨¢ntas an¨¦cdotas se necesitan para constituir una categor¨ªa. No me lo pregunto por preocupaci¨®n epistemol¨®gica o cualquier otra de parecido tenor, relacionadas con mi querencia filos¨®fica, sino por razones bien pr¨¢cticas, relacionadas con lo que me rodea. En Catalu?a, resulta extremadamente frecuente que cuando alguien lamenta o censura determinados comportamientos ¡ªlamentables o censurables sin la menor reserva¡ª, relacionados con las posiciones independentistas, los aludidos se defiendan argumentando el car¨¢cter excepcional y, por tanto, poco representativo, de los comportamientos en cuesti¨®n. ¡°Son unos pocos casos aislados que no permiten extraer conclusiones de car¨¢cter general¡±, suele ser la respuesta, ya estandarizada, que se proporciona desde el oficialismo. A continuaci¨®n, resulta tambi¨¦n frecuente que se complemente dicha respuesta dirigiendo a los acusadores una acusaci¨®n de vuelta: la de actuar con mala fe, a sabiendas de que los comportamientos en cuesti¨®n no daban de s¨ª para tal denuncia. Si lo prefieren formular con los t¨¦rminos dorsianos del principio: la defensa de los acusados consiste en acusar a los acusadores de convertir la an¨¦cdota en categor¨ªa.

Nada que objetar de entrada a este planteamiento si no fuera porque ese mismo oficialismo y su potente e incansable aparato de propaganda se han convertido en aut¨¦nticos profesionales de id¨¦ntica conversi¨®n de lo anecd¨®tico en categorial. Los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos catalanes ofrecen a diario (y en todas sus franjas horarias sin excepci¨®n alguna) m¨²ltiples y variados ejemplos de episodios insignificantes protagonizados por personas, sectores o instituciones ajenos al independentismo, convertidos en la prueba palpable de alg¨²n tipo de agresi¨®n en toda regla a Catalu?a y a sus instituciones. Para quien no tenga a mano f¨¢cilmente la posibilidad de sintonizar alguno de dichos medios, recordar¨¦ un episodio muy utilizado por los diputados independentistas en el Congreso. Me refiero al grito de ¡°?a por ellos!¡±, lanzado por un grupo de descerebrados al paso de un contingente policial destinado a Catalu?a en el oto?o de 2017, grito que se vio convertido de un d¨ªa para otro en categor¨ªa de paso universal por parte del independentismo. Hasta tal punto es as¨ª que fue utilizado tanto para (des)calificar al jefe del Estado (¡±el rey del ¡®a por ellos¡±), como a la judicatura por entero (¡±los jueces del ¡®a por ellos¡±) o, eso ya por descontado, al Ejecutivo (¡±el Gobierno del ¡®a por ellos¡±). Nada ni nadie quedaba a salvo del ingenioso reproche.

Pero si nos qued¨¢ramos en semejante constataci¨®n, cualquier lector de estas l¨ªneas nos podr¨ªa reprochar, y no sin raz¨®n, que, m¨¢s que desmontar una argumentaci¨®n, lo que estamos haciendo es se?alar lo sumamente generalizada que la misma se encuentra. Procede, por tanto, si no es este nuestro prop¨®sito, dar un paso m¨¢s e intentar ahondar con mayor detalle en el planteamiento de marras para, en lo posible, ver de desentra?ar su l¨®gica. Tal vez la forma m¨¢s eficaz de hacerlo sea intentando encontrar una situaci¨®n que haya servido de an¨¦cdota para ejemplificar acusaciones de signo contrario y analizar la argumentaci¨®n utilizada.

Hace ya algunos meses, el caso del cliente de una pizzer¨ªa de Barcelona al que la due?a del establecimiento, una ciudadana italiana, le pidi¨® que le hablara en castellano porque a¨²n no entend¨ªa el catal¨¢n, fue la munici¨®n para reavivar el viejo debate. El cliente que se sent¨ªa agraviado esgrim¨ªa su derecho a vivir en catal¨¢n, esto es, a no verse obligado a cambiar de lengua en ning¨²n momento ni circunstancia. La suya no era, conviene destacarlo, una denuncia por lo generalizado de la situaci¨®n referida. Porque a los efectos de lo que estamos pretendiendo destacar aqu¨ª, una constataci¨®n resulta de todo punto ineludible: ni falta que le hac¨ªa que lo fuera, en el supuesto de que le asistiera el tal presunto derecho.

Sin embargo, cuando las denuncias adoptan el signo contrario, como ha venido sucediendo desde hace tiempo, y plantean situaciones relacionadas, pongamos por caso, con la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y el modelo de escuela catalana, la forma de argumentar de estos mismos sectores var¨ªa sustancialmente. Entonces los denunciados aportan, como el dato principal a tener en cuenta, el escaso n¨²mero de quejas recibidas, lo excepcional de los padres que reclaman el cumplimiento de la normativa legal, etc., interpretando todo ello como argumento concluyente para destacar la escasa importancia real del asunto.

Con otras palabras, para el independentismo, cuando se trata de denunciar, el criterio fundamental es cualitativo. La menor insignificancia resulta reveladora, indicativa de un designio mayor frente al que se exige estar alerta. Recuerdo cuando, en una tertulia radiof¨®nica en la radio p¨²blica catalana le coment¨¦ a Ernest Benach, expresident del Parlament, que no alcanzaba a ver qu¨¦ da?o real pod¨ªa infligirle a la lengua catalana un cambio en la normativa que simplemente supusiera impartir en la escuela una asignatura ¡ªcomo, por ejemplo, f¨ªsica¡ª en castellano. Su respuesta fue del tenor de lo que ya hemos comentado: representar¨ªa una grieta en el modelo. De ah¨ª las consignas del tenor de ¡°ni un paso atr¨¢s¡± o ¡°la escuela catalana no se toca¡± (a menudo me pregunto: ?ni para mejorarla?).

En cambio, cuando se trata de replicar a un determinado tipo de denuncias el criterio es tan solo cuantitativo, eludiendo entrar en la sustancia del asunto. Pero la sustancia es precisamente lo que importa. Y la sustancia en tales casos son los derechos. A nadie en su sano juicio se le ocurrir¨ªa sostener que, por cambiar de manera radical de ejemplo, la atenci¨®n que se le viene prestando en los ¨²ltimos tiempos en la esfera p¨²blica a la problem¨¢tica trans es desmesurada, habida cuenta de que el n¨²mero real de afectados por la misma con relaci¨®n al global de la poblaci¨®n resulta estad¨ªsticamente despreciable.

Si no fuera porque ya estamos curados de espantos y vacunados contra sorpresas y contradicciones, llamar¨ªa la atenci¨®n que aquellos a los que se les ha llenado la boca durante una d¨¦cada hablando de un presunto derecho (a decidir), sean tan poco respetuosos con los derechos ajenos cuando creen que estos pueden entrar en conflicto con los suyos. Por no hablar de que solo quieran decidir sobre lo que ellos han decidido con antelaci¨®n que merece ser decidido. Y como a alguien se le ocurra sugerir en la plaza p¨²blica, por m¨¢s t¨ªmidamente y con toda la prudencia de este mundo que lo pudiera hacer, que tal vez habr¨ªa que decidir tambi¨¦n sobre alguno de los t¨®tems (que son asimismo tab¨²) del independentismo, est¨¢ m¨¢s que acreditado que le aguarda la muerte civil.

Y por si a alguien le diera por pensar que exagero con esto ¨²ltimo, terminar¨¦ el presente texto citando las palabras pronunciadas por Ferran Mascarell, portavoz del grupo municipal Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, con ocasi¨®n de un pleno en el que su grupo solicit¨® que no se promocionaran autores en lengua castellana en la festividad de Sant Jordi del presente a?o: ¡°Promover el catal¨¢n exige que ning¨²n responsable pol¨ªtico pueda insinuar [sic] que hablar del estado de la lengua es fiscalizador o asfixiante¡±, afirm¨®. Curiosas palabras las de este dirigente independentista, en las que si algo queda claro es que lo realmente fiscalizador y asfixiante es una exigencia que no admite ni tan siquiera que pueda haber alguien capaz de insinuar la menor discrepancia.

Manuel Cruz es fil¨®sofo y expresidente del Senado. Es autor del libro Transe¨²nte de la pol¨ªtica (Taurus).