Falta claridad

El Gobierno inici¨® el viernes la devoluci¨®n de los m¨¢s de 700 menores que a¨²n segu¨ªan acogidos en Ceuta tras la masiva entrada que se produjo en mayo, cuando las autoridades marroqu¨ªes dejaron de controlar las fronteras y facilitaron el paso de m¨¢s de 10.000 personas. Entre los que llegaron se calcula que hab¨ªa entre 2.000 y 3.000 menores. Buena parte de ellos fueron devueltos en caliente, de manera precipitada y sin garant¨ªas; otros retornaron voluntariamente. Quedaron cerca de un millar, de los que m¨¢s de 700 segu¨ªan all¨ª ¡ªsabi¨¦ndose poca cosa de los dem¨¢s¡ª y la gran mayor¨ªa hab¨ªa manifestado su voluntad de no regresar a Marruecos. La distensi¨®n pol¨ªtica iniciada estas ¨²ltimas semanas ha facilitado un acuerdo entre Espa?a y Rabat que se ha traducido en el inicio de la devoluci¨®n de estos menores no acompa?ados. Pero el Gobierno no ha dado explicaciones p¨²blicas y poco se conoce de los acuerdos alcanzados, el tratamiento que se les dar¨¢ a los menores, el destino final de los mismos y si el proceso de repatriaci¨®n se ha ajustado a los convenios que sobre esta materia ha firmado Espa?a.

Fueron las organizaciones que operan sobre el terreno en Ceuta las que informaron el viernes de que una serie de autobuses se hab¨ªan presentado en el centro donde resid¨ªan los menores para organizar su viaje de regreso. Interior, durante buena parte del d¨ªa, no confirm¨® ni desminti¨® el operativo. A ¨²ltima hora, un portavoz del ministerio asegur¨® a este peri¨®dico que los casos se est¨¢n evaluando uno a uno, que los menores vulnerables no ser¨¢n repatriados y que el proceso se ha trabajado en coordinaci¨®n con el Gobierno de Ceuta.

Los acuerdos bilaterales con Marruecos exigen que los centros donde vayan a ser trasladados garanticen su seguridad y permitan un seguimiento de su suerte en el futuro, y las leyes establecen sobre todo que el proceso sea individualizado y que los menores sean informados de que van a ser devueltos y de sus derechos. Sobre todo ello cabe exigir informaci¨®n clara por parte de las autoridades, tanto del Ministerio del Interior como del Gobierno de Ceuta. Es cierto que la magnitud del problema que se inici¨® en mayo abri¨® un escenario lleno de dificultades y que las respuestas a la suerte de los menores no eran en ning¨²n caso f¨¢ciles ¡ªsiendo, por otro lado, urgentes¡ª. Adem¨¢s, se han visto lastradas por la crisis diplom¨¢tica que se produjo entre Madrid y Rabat. Las buenas se?ales de un regreso al di¨¢logo entre los dos pa¨ªses no pueden, sin embargo, amparar conductas poco transparentes. Los menores son especialmente vulnerables, y por eso las administraciones est¨¢n obligadas a despejar cuanto antes cualquier duda.

El Defensor del Pueblo defendi¨® el viernes de forma rotunda que el retorno era ilegal y que deb¨ªa detenerse inmediatamente. Diversas organizaciones no gubernamentales que ayudan a los menores y que conocen con detalle la suerte de la que escapan muchos de ellos mostraron tambi¨¦n su indignaci¨®n. Las condiciones en las que estaban acogidos no eran desde luego las m¨¢s adecuadas, y era necesario que el Gobierno actuara y buscara una soluci¨®n. Pero para saber si al hacerlo se han respetado las garant¨ªas que ampara un Estado de derecho, tiene que explicarse. No puede aceptarse en ning¨²n caso que iniciativas de este alcance se realicen en la sombra.