Salvar la laguna

La pandemia extendi¨® mucho m¨¢s de lo aconsejable un tipo de convivencia pol¨ªtica que no suele aportar nada al bien com¨²n, y es el cruce gratuito de acusaciones entre administraciones. La afirmaci¨®n de Isabel D¨ªaz Ayuso de que si no fuera por el Gobierno los madrile?os ya estar¨ªan vacunados al 100%, como dijo en abril, o las repetidas quejas de algunas comunidades a La Moncloa por imponerles medidas excesivas, como el estado de alarma, y despu¨¦s por quitarlas pudieron animar la pol¨ªtica populista de bajo vuelo, pero no el campo de las soluciones ni la veracidad.

El mismo recurso se ha manifestado ya de forma fulminante en la nueva crisis del mar Menor, un desastre ecol¨®gico que tiene responsables, que lleva d¨¦cadas larv¨¢ndose y que conoce estos d¨ªas otro episodio con la muerte de millares de peces asfixiados por la ausencia de ox¨ªgeno en esta laguna salada. Se han recogido ya casi cinco toneladas de ejemplares muertos.

El Gobierno de Murcia se ha apresurado a acusar al Ejecutivo de sectarismo y motivaci¨®n pol¨ªtica al no declarar la laguna como zona catastr¨®fica, reclama que ponga en marcha el antiguo Proyecto Vertido Cero ¡ªque La Moncloa considera superado¡ª y exige competencias que hoy son del Ejecutivo. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha acusado a su vez al de Murcia, en manos del PP desde 1995, de lo contrario: de hacer precisamente dejaci¨®n de competencias. El Gobierno alude a la no tramitaci¨®n de cientos de expedientes instruidos por la Guardia Civil o la Fiscal¨ªa y exige al Ejecutivo auton¨®mico que haga cumplir la legalidad.

Pero lo cierto es que el Gobierno de Murcia cuenta con la mayor parte de las competencias en este asunto: las que afectan a la agricultura, a la prevenci¨®n de la contaminaci¨®n por nitrato, a la cuenca del mar Menor como zona vulnerable y a los cambios de uso del suelo. Y la realidad es que la explotaci¨®n agraria intensiva se ha multiplicado en la zona con un resultado nefasto para este ecosistema tan fr¨¢gil. Lejos de intentar cambiar el modelo agrario, el Ejecutivo murciano derog¨® la ley aprobada por los votos de la oposici¨®n en 2018 que obligaba a los agricultores a destinar parte del territorio a vegetaci¨®n natural que absorbiera fertilizantes. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura, por su parte, dependiente del Gobierno, tambi¨¦n arrastr¨® durante a?os los pies.

Del territorio que rodea y vierte sus aguas al mar Menor, m¨¢s de 8.000 hect¨¢reas tienen regad¨ªos ilegales. Y el exceso de nutrientes en el riego es precisamente lo que alimenta un fitoplancton que causa la disminuci¨®n de ox¨ªgeno y la muerte de los peces. En ese rifirrafe y cruces de acusaciones, la vicepresidenta Teresa Ribera viaj¨® ayer a la zona para hablar con alcaldes, asociaciones y con el propio presidente de Murcia. Y es, sin duda, eso lo que todos deben hacer: sentarse a la mesa y buscar soluciones. En el marco de estos encuentros, el Gobierno murciano ampli¨® la prohibici¨®n de fertilizantes inorg¨¢nicos en el litoral y Ribera se declar¨® dispuesta a la adquisici¨®n de fincas en la zona o la financiaci¨®n de otros usos.

La obligaci¨®n compartida pasa por un cambio del modelo agrario en el que los productores asuman una nueva forma de trabajar en la que no sean el problema, sino la soluci¨®n. Asumir que la ecolog¨ªa y la econom¨ªa deben hacerse compatibles es a¨²n una tarea pendiente. Sin ese cambio de marco, el mar Menor no se podr¨¢ salvar.