Perder el juicio

Conviene no distraerse en esa discusi¨®n inacabable en torno a la politizaci¨®n de la justicia. Los partidos han abierto ese mel¨®n para eludir la responsabilidad del relevo en el ¨®rgano de gobierno de los jueces. Por m¨¢s que quiera pintarlo de otro modo, con novedosas reformas por hacer, el PP ha bloqueado una instituci¨®n democr¨¢tica hasta provocar en la calle una impresi¨®n deleznable sobre la independencia de los magistrados. El bloqueo vino precedido por el llamado striptease Cosid¨®, que consist¨ªa en un mensaje de m¨®vil por el cual ese partido se vanagloriaba de controlar por la puerta trasera la nueva composici¨®n del ¨®rgano. Un ataque de orgullo dio al traste con el enjuague. Pero hoy, tras la prolongaci¨®n de la par¨¢lisis, queda en la opini¨®n p¨²blica una certeza penosa y es que ese partido quiere vetar y controlar a los jueces para garantizarse sentencias satisfactorias en sus conflictos penales y administrativos. A ello ha venido a contribuir la discrepancia entre juzgados locales por las medidas de confinamiento y la discutida sentencia del Tribunal Constitucional contra la pertinencia del uso del Estado de Alarma en el momento m¨¢s dram¨¢tico del contagio masivo.

Quiz¨¢ los jueces merezcan que los defienda mejor quien dice defenderlos. Es evidente que los nombramientos judiciales tienen que mantener una correa de transmisi¨®n con la representaci¨®n parlamentaria, de otro modo ser¨ªa imposible que la democracia influyera en la sociedad. A la vez, la ley, como hemos visto en todos los casos de desmesura emprendida desde cualquier poder, es la ¨²nica barrera de protecci¨®n del ciudadano frente a sus dirigentes. Se ha hablado mucho del varapalo gubernamental en el caso del Constitucional, con su re?ida decisi¨®n final. Pero se habla menos de otros casos notables. La Audiencia Nacional anul¨® la prolongaci¨®n que firm¨® Mariano Rajoy de la concesi¨®n a una empresa papelera en la r¨ªa de Pontevedra. Fueron 60 a?os de pr¨®rroga firmados en un apa?o pol¨ªtico ahora por escrutar. Lo contrario sucedi¨® con la paralizaci¨®n de las ayudas a la aerol¨ªnea Plus Ultra. El hecho de que el Gobierno venezolano estuviera detr¨¢s de los accionistas despert¨® sospechas en quienes ven la paja en ojo ajeno pero no la viga de la corrupci¨®n en el propio. Un tribunal ha declarado que no hay motivo para suspender por el momento el rescate.

Y acaso m¨¢s trascendente para el ciudadano de a pie sea la sentencia del Superior de Madrid que considera que el Gobierno de esa Comunidad vendi¨® de manera ilegal nada menos que 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversi¨®n. La mitad de los vecinos afectados ya no residen en lo que eran sus casas porque el fondo Azora les subi¨® tanto los precios de los alquileres que propici¨® un desahucio. Es uno de los esc¨¢ndalos m¨¢s dram¨¢ticos de los ¨²ltimos a?os. Que un Gobierno venda las casas protegidas de sus ciudadanos alimenta esa imagen de desamparo de las personas frente al poder. Estas sentencias, como otras m¨¢s dif¨ªciles de defender, algunas de ellas tan grotescas como la de las falsificaciones de firma de una pol¨ªtica metida a arquitecta, nos indican que los jueces son imposibles de categorizar a bulto. Como todos los profesionales merecen la confianza en su independencia hasta que la mancillan. Por eso es tan grave que un bloqueo deteriore su imagen p¨²blica de modo generalizado.