El TSJM reafirma la ilegalidad de la venta a un fondo de casi 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reafirmado que la Comunidad de Madrid vendi¨® ilegalmente en 2013 casi 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversi¨®n. La sentencia, dada a conocer a las partes este jueves, hace extensivo a todas las viviendas el fallo favorable al afectado que inici¨® el litigio.

El fallo, sin embargo, no reconoce derechos, de modo que ahora queda en el aire saber si todas las familias que viv¨ªan en los inmuebles en el momento de la venta van a beneficiarse. Solo 1.721 inquilinos originarios han permanecido en las viviendas; muchos otros se marcharon cuando el comprador, Encasa Cibeles (nombre comercial del fondo Azora), les subi¨® el alquiler.

Contra la sentencia cabe recurso de casaci¨®n ante el Supremo, pero en un comunicado sobre el fallo, la Comunidad de Madrid parece aceptar su derrota definitiva. La Consejer¨ªa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura se ha comprometido a que las familias que han permanecido en las viviendas pasen a ser inquilinas de pleno derecho de la Comunidad. Una portavoz de la consejer¨ªa dice que con independencia de este anuncio, los servicios jur¨ªdicos regionales est¨¢n analizando la sentencia para decidir si recurrir¨¢n.

El Gobierno auton¨®mico ha anunciado que crear¨¢ un grupo de trabajo que se pondr¨¢ en contacto con las familias para citarlas y estudiar caso por caso las condiciones de sus contratos de arrendamiento. Los servicios jur¨ªdicos de la Comunidad entienden que su labor de registro debe limitarse a los actuales inquilinos. En cuanto a quienes se fueron a lo largo de estos ocho a?os, a?ade que de momento no constan reclamaciones de antiguos inquilinos.

Las m¨¢s de 1.200 viviendas vendidas por Encasa Cibeles a terceros de buena fe no retornar¨¢n al parque de vivienda social de la Comunidad.

Por lo que respecta a Encasa Cibeles, los contribuyentes madrile?os se enfrentan a una costosa reclamaci¨®n por parte del fondo, que demanda los 201 millones que pag¨® por las viviendas, m¨¢s el pago de da?os y perjuicios.

La Comunidad vendi¨® esas viviendas sociales para reducir el d¨¦ficit presupuestario en el contexto de la gran recesi¨®n tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los tribunales han determinado que al proceder a la enajenaci¨®n de esa parte de su patrimonio, el Gobierno regional no justific¨®, como exige la ley, el porqu¨¦ dejaban de ser necesarios los inmuebles, que cumplen la labor social de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna.

Ocho a?os en el limbo

La Comunidad dice en el comunicado de este jueves ser consciente y sensible a la situaci¨®n de especial necesidad en la que se encuentran estas familias, El Gobierno regional ¡°realizar¨¢ tambi¨¦n un seguimiento familiar y vecinal y se les prestar¨¢ apoyo social continuado a aquellas que lo necesiten¡±.

Pero la oposici¨®n ha criticado que el Gobierno regional haya dejado en el limbo durante ocho a?os a las familias afectadas, manteniendo una batalla judicial con recursos ¡°in¨²tiles¡±.

¡°El Gobierno de la se?ora Ayuso no tiene escapatoria¡±, ha dicho en Twitter la diputada de Podemos Alejandra Jacinto tras conocerse el fallo. ¡°Las resoluciones deben ejecutarse de inmediato Hasta el fondo buitre ha requerido notarialmente a la Comunidad para que cumplan las resoluciones y las viviendas vuelvan a patrimonio p¨²blico. El plazo acaba el 29 de septiembre¡±.

M¨®nica Garc¨ªa, portavoz de M¨¢s Madrid, ha arremetido contra el Gobierno regional en esa misma red social. ¡°Las familias vuelven a ser inquilinas. El PP vuelve a demostrar que usa las instituciones para enriquecerse¡±.

El origen del largo litigio se remonta a 2013, cuando tras conocer la venta, un padre de familia de origen marroqu¨ª, Rachid Bouikov, inici¨® una batalla de David contra Goliat. Con la ayuda de su abogado de oficio C¨¦sar Pinto, y teniendo en frente al equipo jur¨ªdico del fondo (propiedad del banco estadounidense Goldman Sachs) y la Comunidad de Madrid, se proclamaron victoriosos en marzo de 2020. Pero la Agencia de Vivienda Social (antigua Ivima) hab¨ªa tratado de reducir el alcance de la victoria de Bouikov por medio de un acuerdo del Consejo de Administraci¨®n en junio del a?o pasado.

Ahora, el fallo del TSJM ha reiterado que la nulidad de la venta afecta no solo a la vivienda de Bouikov, en el municipio de Navalcarnero, sino a las 2.935 viviendas incluidas en el traspaso. Los inmuebles se encuentran en 11 municipios distintos de la Comunidad: Madrid capital, Collado Villalba, Valdemoro, Legan¨¦s, Navalcarnero, Torrej¨®n de Ardoz, Parla, Arroyomolinos, M¨®stoles, Majadahonda y Tielmes.

C¨¦sar Pinto, abogado de Bouikov considera que la Comunidad de Madrid ha prolongado innecesariamente el litigio. Considera que la sentencia que dio la victoria a su representado era clara. ¡°Han ido ganando tiempo, pero no s¨¦ hacia d¨®nde quer¨ªan ir¡±. Pinto lamenta que va a ser muy complicado localizar a las personas que se fueron de la vivienda para informarles de que pueden reclamar ser realojadas por la Comunidad, en caso de que su situaci¨®n siga siendo de vulnerabilidad.

¡°El problema es que salvo que la Comunidad de Madrid se preocupe de localizarlas, que no se va a preocupar, va a ser muy dif¨ªcil que se acaben beneficiando¡±, lamenta Bouikov. La portavoz de la Comunidad dice que si alg¨²n antiguo inquilino reclama ser¨¢ atendido.

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