Medidas necesarias

Las medidas contra el exacerbado aumento del precio de la luz adoptadas por el Gobierno son razonables. El encarecimiento de la electricidad amenazaba con provocar una fractura social de inquietantes semejanzas a la protagonizada en Francia por los chalecos amarillos o a las movilizaciones que ha vivido la Europa del Este a ra¨ªz del aluvi¨®n migratorio de 2015.

Ese peligro parece conjurado. Pero no era menor. Las causas profundas de la desafecci¨®n desbordaban el ¨¢mbito nacional, tambi¨¦n los dos casos citados. El incremento del precio internacional del gas, que se traslada en parte al consumidor, cuelga de la recuperaci¨®n econ¨®mica asi¨¢tica. Las cargas para desincentivar la expansi¨®n del CO? responden a una pol¨ªtica com¨²n europea acertada, pero necesitada de matices y adaptaciones.

Algunos rasgos son propios, sin embargo. Lo son los excesos de retribuci¨®n a algunas compa?¨ªas, favorecidos por la estructura tarifaria (las subastas marginalistas que igualan las fuentes energ¨¦ticas baratas con las m¨¢s caras), abusos como el fraude en los recibos y la sobreexplotaci¨®n de los embalses o la limitada extensi¨®n de los contratos de suministro fijos/plurianuales, al rev¨¦s de lo que sucede en pa¨ªses vecinos (que evitan trasladar las alzas mayoristas al mercado minorista).

El principal acierto de una decisi¨®n tard¨ªa consiste en que engloba distintos tipos de medidas, en consonancia con el car¨¢cter multicausal del problema. Arbitra reducciones de impuestos adicionales a las decididas en junio y rebaja sin demora los beneficios empresariales inesperados a consecuencia del aumento del gas. Algunas medidas van incluso dirigidas contra los excesos de lucro en el vaciado s¨²bito de los embalses aprovechando el desfase entre su coste (cercano a cero) y su retribuci¨®n (ligada a la evoluci¨®n de las energ¨ªas caras). Y se incluye tambi¨¦n la atenci¨®n especial, por el lado del gasto, a los m¨¢s vulnerables.

Todos quedan involucrados. El presupuesto p¨²blico compensar¨¢ los recortes de impuestos sectoriales, y las cuentas de resultados de las energ¨¦ticas tambi¨¦n aportar¨¢n. Todo ello es razonable, aunque el primero deba pechar con m¨¢s de dos tercios del esfuerzo (unos 1.400 millones de euros hasta Navidad), mientras que el oligopolio afronta apenas un tercio.

Poca duda cabe de que este plan es mucho m¨¢s equilibrado que la proposici¨®n de ley alternativa tramitada por el Partido Popular, que apenas roza lo que son beneficios exorbitantes de las empresas. Las compa?¨ªas el¨¦ctricas no han emprendido acciones legales, pero s¨ª han anunciado que estudiar¨¢n el decreto ley para valorar la v¨ªa jur¨ªdica. Con todo, las medidas propuestas tienen car¨¢cter transitorio, a la espera de que las reformas estructurales alcancen su impacto. La Comisi¨®n Europea tampoco ser¨¢ ajena a ello porque est¨¢ ya interesada, y lo estar¨¢ m¨¢s en el futuro, por este tipo de novedades.

El paquete balancea tambi¨¦n las medidas estructurales de los proyectos de ley, las urgentes del decreto y la incentivaci¨®n a la competencia interna del oligopolio que ambas suponen. Al ala minoritaria del Gobierno puede satisfacerle su alcance sustancial y, sobre todo, su urgencia. La fijaci¨®n arbitraria de precios p¨²blicos no era una opci¨®n hoy, y seguramente la reflexi¨®n sobre una empresa p¨²blica en el subsector hidroel¨¦ctrico pide algo m¨¢s de tiempo y templanza.