Golpe al sistema

La incesante subida de los precios de la electricidad ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza sist¨¦mica sobre la incipiente recuperaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola. No se trata solo de la erosi¨®n de la competitividad de muchas empresas, que han seguido soportando parte de los costes el¨¦ctricos incluso cuando las restricciones obligaron al cierre de sus actividades, o de la pesada carga para los hogares, especialmente los m¨¢s vulnerables, debido al mayor peso que la electricidad tiene en su cesta de la compra. El incremento de los precios energ¨¦ticos, sobre todo el el¨¦ctrico, ha llevado la tasa de inflaci¨®n al 3,3%, su mayor nivel en una d¨¦cada, y las previsiones apuntan que durante el oto?o podr¨ªa superar el 4%.

Las especiales circunstancias de la recuperaci¨®n econ¨®mica justifican la acertada calma que est¨¢n demostrando las autoridades monetarias ante el repunte de la inflaci¨®n. Pero cuanto m¨¢s se prolongue la situaci¨®n actual, mayor es el riesgo de que la subida de los precios se extienda a otros eslabones de la cadena productiva, una espiral que elevar¨ªa la presi¨®n sobre las autoridades, especialmente en EE UU, donde existen otros factores de estr¨¦s sobre la oferta, como la escasez de mano de obra o el encarecimiento de los componentes electr¨®nicos.

Aunque la mayor parte de la subida de la electricidad se explica por el encarecimiento del gas natural y de los derechos de CO2, en Espa?a concurren elementos estructurales que amplifican estos efectos. Es responsabilidad de las autoridades corregirlos. No se trata de desmontar el mercado mayorista el¨¦ctrico, pero s¨ª de evitar que sus oscilaciones se trasladen con tanta virulencia al precio minorista, algo que como ha se?alado el Banco de Espa?a es singular del mercado el¨¦ctrico espa?ol. En esta l¨ªnea, aunque sin concretar medidas, se manifest¨® ayer la vicepresidenta Teresa Ribera en sede parlamentaria.

Para lograrlo deber¨ªa acelerarse, en primer lugar, la tramitaci¨®n del anteproyecto de minoraci¨®n de los derechos de CO2 ¡ªo en su defecto buscar su inmediata entrada en vigor¡ª. La propuesta se dice inspirada en un mecanismo similar en vigor en Espa?a entre 2006 y 2009. No es casualidad que entonces se aprobara a trav¨¦s de un real decreto ley. Y en segundo, la misma l¨®gica que lleva a la minoraci¨®n del CO2 para las centrales hidr¨¢ulicas y nucleares aconseja revisar su participaci¨®n en el pool el¨¦ctrico, como de hecho ocurre en otros pa¨ªses. En este caso, sin embargo, sus muchas implicaciones para el funcionamiento del mercado aconsejan una tramitaci¨®n pausada, que asegure su plena conformidad con el ordenamiento comunitario.

Otras propuestas, como la de una empresa p¨²blica el¨¦ctrica, tienen menos recorrido. No porque su creaci¨®n nos acerque a un modelo confiscatorio venezolano, como ha manifestado en un exceso ret¨®rico, cada vez m¨¢s habitual, el principal partido de la oposici¨®n. Empresas el¨¦ctricas de titularidad p¨²blica existen en muchos pa¨ªses europeos, aunque suelen estar vinculadas a la explotaci¨®n de activos nucleares. En tanto no se revise la formaci¨®n de los precios mayoristas es poco relevante que las empresas sean de titularidad p¨²blica o privada. Donde s¨ª deber¨ªa avanzar el Gobierno es en mejorar la transparencia y concurrencia competitiva sobre las concesiones de explotaci¨®n de los recursos hidr¨¢ulicos, al fin y al cabo un bien p¨²blico con notables implicaciones medioambientales.