Aborto: donde no llega la legislaci¨®n

Desde 2010 la ley reconoce en Espa?a el derecho de la mujer al aborto dentro de unos plazos acotados. Fue un avance crucial en su momento, pero la experiencia reciente demuestra que su alcance y aplicaci¨®n son todav¨ªa muy deficientes en una sociedad democr¨¢tica que lo tiene plenamente integrado como opci¨®n leg¨ªtima. Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os se han multiplicado los indicios de una reacci¨®n contrarreformista en sectores sociales que ponen por delante su intolerancia ante la libertad de los dem¨¢s, amparada por las leyes, o incluso anteponen la nostalgia de tiempos en los que las creencias individuales e ¨ªntimas, como la fe religiosa, pretend¨ªan ejercer una improbable superioridad sobre las creencias de los otros: nadie obliga a nadie a abortar; la ley solo aspira a proteger el derecho de aquellas mujeres que deseen ejercerlo sin dar cuenta a nadie de las razones que las empujan a hacerlo.

Entre las causas inmediatas de esa precariedad est¨¢ el elevado porcentaje de objeci¨®n de conciencia en los m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica. Otras causas difusas tienen que ver con la presi¨®n social y medi¨¢tica que ejerce la derecha cat¨®lica, animada por corrientes similares, con origen en Estados Unidos y en Am¨¦rica Latina, y cuyo primer objetivo consiste en cuestionar y debilitar socialmente el ejercicio de ese derecho. El acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a las puertas de las cl¨ªnicas donde se practican abortos visibiliza un se?alamiento que nadie merece y, menos que nadie, la mujer que ha decidido ejercer un derecho protegido por la ley.

Los datos son abrumadores. Apenas el 6,2% de los casi 100.000 abortos que se realizan anualmente en Espa?a tienen lugar en hospitales p¨²blicos y otro 8,12% en centros especializados de la red p¨²blica. La mayor¨ªa se realizan en cl¨ªnicas privadas concertadas. En cinco comunidades aut¨®nomas ¡ªExtremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Arag¨®n¡ª y las ciudades de Ceuta y Melilla no se practican abortos en la sanidad p¨²blica. Y la ley de 2010, contra los aprensivos augurios lanzados por sus opositores, no ha aumentado su pr¨¢ctica. Lo que ha hecho ha sido mejorar las garant¨ªas para la mujer que se ve en la tesitura de practicarlo.

La Constituci¨®n ampara la objeci¨®n de conciencia en su art¨ªculo 30.2, pero nunca ha llegado a desarrollarse la ley posterior que deb¨ªa regularla. En su lugar, las leyes del servicio militar, del aborto y de la eutanasia han fijado los t¨¦rminos de la objeci¨®n de conciencia en estos ¨¢mbitos. Pero es la misma ley de 2010 la que especifica que el ejercicio de ese derecho nunca deber¨ªa ir en menoscabo del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. El resultado ha sido que el aborto es territorio pr¨¢cticamente exclusivo de centros privados ante los obst¨¢culos y las objeciones de conciencia colectivas que se alegan en la sanidad p¨²blica.

M¨¢s all¨¢ de los datos y estad¨ªsticas en fr¨ªo, los testimonios en los ¨²ltimos d¨ªas de Marta Vigara, m¨¦dica del Hospital Cl¨ªnico San Carlos de Madrid (p¨²blico) en la Cadena SER, y de la escritora Lara Moreno en EL PA?S sobre sus amargas experiencias han lanzado a la luz p¨²blica una realidad que suele vivirse en silencio y casi a oscuras, dada la estigmatizaci¨®n que a¨²n acompa?a al aborto. En el primer caso, la doctora Vigara se vio obligada a acudir a un centro privado porque su propio hospital rechaz¨® practicarle la interrupci¨®n, a pesar de haber ingresado con grave riesgo para el feto y para s¨ª misma por una rotura de la bolsa del l¨ªquido amni¨®tico. En el segundo, la autora narra las tinieblas que a¨²n rodean un aborto voluntario y legal que la burocracia imperante en la cl¨ªnica catalog¨® como interrupci¨®n por ¡°causas m¨¦dicas¡±, cuando no las hab¨ªa.

Tanto las experiencias narradas por estas dos mujeres como las que transmiten m¨¢s fr¨ªamente los datos reclaman de forma urgente nuevas medidas que garanticen la pr¨¢ctica de la interrupci¨®n del embarazo en los t¨¦rminos recogidos por la ley y logren as¨ª un impulso definitivo a este derecho de las mujeres.

La proposici¨®n para penalizar el acoso a las mujeres a las puertas de las cl¨ªnicas, introducida por el PSOE la semana pasada en el Congreso y apoyada por todos los grupos salvo el PP y Vox, alienta una v¨ªa realista y pr¨¢ctica para frenar la execrable presi¨®n a mujeres que recurren a una intervenci¨®n siempre dif¨ªcil. La propuesta de cambio en el C¨®digo Penal comporta el castigo de esa pr¨¢ctica con hasta un a?o de c¨¢rcel o trabajos para la comunidad. En la senda de pa¨ªses como Francia, Austria, Reino Unido, Irlanda, Alemania o algunos Estados de EE UU, la proposici¨®n busca neutralizar la repetici¨®n de unas actitudes retr¨®gradas y antidemocr¨¢ticas. Nada menos que el 89% de las mujeres que fueron a abortar se sintieron acosadas y un 66% amenazadas, seg¨²n una encuesta realizada por la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la interrupci¨®n del Embarazo (ACAI).

M¨¢s all¨¢ de esta penalizaci¨®n de una conducta rigurosamente inc¨ªvica, el Ministerio de Igualdad se propone tambi¨¦n reformar la ley del aborto para incorporar la creaci¨®n de un registro obligatorio de profesionales sanitarios objetores, en l¨ªnea con el que dispone la reciente ley de la eutanasia, y a pesar de que algunas comunidades a¨²n no han cumplido con esa exigencia legal.

El aborto como conquista ha tenido importantes avances en pa¨ªses como Argentina o M¨¦xico en los ¨²ltimos a?os, pero tambi¨¦n sonoros retrocesos como el de Polonia o Texas (EE UU). La oposici¨®n que lidera la derecha cristiana en todo el mundo tambi¨¦n intenta crecer en Espa?a, pero ni el Gobierno ni el Congreso ni las organizaciones m¨¦dicas y profesionales implicadas pueden sentirse intimidadas por ella ante la defensa del ejercicio libre de un derecho votado y respaldado por las Cortes Generales como sede de la soberan¨ªa popular.