Sometiendo a la justicia: ¡®urbi et orbi¡¯

Si bien el urbi et orbi es sobre la bendici¨®n papal -aplicable a ¡°todo el mundo¡±-, el hecho es que ser¨ªa aplicable a la ola autoritaria que ahora ba?a a pa¨ªses de diferentes continentes y que tiene su m¨¦dula en el sometimiento a la justicia por el poder pol¨ªtico. Y con algo m¨¢s en com¨²n: las limitaciones de las organizaciones globales y regionales para detener esa ola.

Los ejemplos sobran. Dos de Europa y uno reciente de Am¨¦rica Latina, son ilustrativos de esto y de la relativa impunidad que se va imponiendo. De poco -o nada- sirven est¨¢ndares democr¨¢ticos -europeos o latinoamericanos- para frenar los apetitos autoritarios en Hungr¨ªa o Polonia; o las m¨¢s recientes y fulgurantes de Bukele en El Salvador. Y hay, por cierto, m¨¢s ejemplos.

En Europa se cuenta con herramientas financieras que, en teor¨ªa, deber¨ªan haber sido eficaces dadas las normas y valores de la Uni¨®n Europea que Hungr¨ªa y Polonia vienen confrontando repetidamente. Han desafiado la supremac¨ªa de la legislaci¨®n de la UE y eludido las sentencias del m¨¢s alto tribunal del bloque, adem¨¢s de los informes y recomendaciones de la ONU.

Ahora Bruselas ha pasado al ¡°materialismo hist¨®rico¡±: la herramienta del dinero reteniendo miles de millones de d¨®lares en subvenciones a Hungr¨ªa y Polonia, y aplicando fuertes multas a Polonia por no acatar decisiones del m¨¢s alto tribunal del bloque, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. Seg¨²n parece, sin embargo, los gobiernos de los dos pa¨ªses no han acatado esas decisiones. O las han impugnado ante este mismo Tribunal en medida ostensiblemente orientada a ganar tiempo.

La impune aplanadora de injerencia del poder pol¨ªtico en la justicia es acaso m¨¢s transparente y chocante en El Salvador reciente con la impune demolici¨®n de la independencia judicial en dos tiempos. Primero, en abril, con la destituci¨®n arbitraria -sin proceso previo ni derecho a la defensa- de todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General. Segundo, con dos leyes aprobadas precipitadamente hace un mes con las que barrieron de un plumazo con el principio de la inamovilidad y sacaron de la funci¨®n judicial a la tercera parte de sus integrantes.

Junto con la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos hemos enviado -y hechas p¨²blicas- dos comunicaciones al gobierno de ese pa¨ªs centroamericano rechazando esas decisiones que confrontan los est¨¢ndares internacionales. Tambi¨¦n se manifest¨® su discrepancia con la medida de abril el secretario general de la OEA. Sin embargo, los pa¨ªses miembros de la organizaci¨®n interamericana no han puesto en agenda el asunto en el Consejo Permanente, que es lo que de acuerdo a la Carta Democr¨¢tica Interamericana ser¨ªa aconsejable hacer.

S¨ª en Europa el sistema regional tiene ¡°dientes¡± financieros, en la regi¨®n latinoamericana pr¨¢cticamente ello no ocurre. Por ejemplo, con la banca multilateral regional de desarrollo; en teor¨ªa podr¨ªa tener algo que ver. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Am¨¦rica Latina (CAF) no tienen en su convenio constitutivo referencias a la institucionalidad democr¨¢tica.

En el caso del BID, aunque su estrategia institucional vigente s¨ª establece que uno de los tres temas transversales que deben tenerse en cuenta para las prioridades estrat¨¦gicas es el Estado de derecho, no parece operar ello como condici¨®n. Por otro lado, desde la Cumbre de las Am¨¦ricas en Quebec (2001) se enfatiz¨® la importancia de la relaci¨®n entre la democracia, el desarrollo y su financiamiento.

Algunas vibras financieras, pues, se debieran haber activado cuando la institucionalidad democr¨¢tica se ha visto confrontada. No hay, sin embargo, se?ales en tal direcci¨®n ni conexi¨®n con lo que eventualmente se pudiera decidir, por ejemplo, en los espacios pol¨ªticos de la OEA sobre el est¨¢ndar democr¨¢tico en un pa¨ªs.

El hecho es que con herramientas institucionales y financieras o sin ellas, al fin de la historia una suerte de impunidad autoritaria localista parece imponerse por encima y al margen de est¨¢ndares democr¨¢ticos internacionales que son muy semejantes en Europa y Am¨¦rica Latina. ?Callej¨®n sin salida?

La din¨¢mica real de este tipo de situaciones es, por cierto, diferente en Europa y Am¨¦rica Latina. En la primera existe una normatividad dotada no solo de herramientas coercitivas m¨¢s claras para hacer valer est¨¢ndares y procedimientos acordados entre los pa¨ªses por decisi¨®n soberana. Tambi¨¦n se han dado pasos concretos. Esto no ha ocurrido en la OEA cuyo Consejo Permanente parece haberse puesto de perfil.

En cualquier caso, el hecho es que las se?ales internacionales no parecen haber tenido impacto decisivo, en ninguna de las dos regiones, para cambiar el rumbo de las cosas ni las decisiones pol¨ªticas en plena ejecuci¨®n, para minar la independencia judicial. Si han servido para llamar la atenci¨®n sobre hechos muy graves y que no queden ocultos bajo la alfombra. Mientras tanto, sin embargo, una conclusi¨®n cruda y dura: ante situaciones como estas es la din¨¢mica pol¨ªtica e institucional interna, en cada pa¨ªs, as¨ª como el papel activo y protag¨®nico de su ciudadan¨ªa e instituciones, en donde reposan las capacidades medulares para responder cuando una democracia se ve atacada.

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