Renovaci¨®n, ?qu¨¦ renovaci¨®n?

Tras una prolongada etapa de persistente bloqueo negociador, el PP ha accedido a cumplir con la obligaci¨®n constitucional que hab¨ªa postergado durante casi tres a?os. Lo ha hecho, sin embargo, a cambio de imponer en su propuesta de renovaci¨®n del Constitucional a candidatos estrechamente vinculados al partido conservador y cuya trayectoria hace planear su posible recusaci¨®n ante asuntos que deber¨¢ dirimir el propio tribunal. Ser¨¢ inevitable pensar en estos nombramientos cuando en el futuro escuchemos a los l¨ªderes populares defender a capa y espada la independencia judicial.

M¨¢s all¨¢ de los candidatos est¨¢ el desalentador procedimiento del intercambio de nombres que perpet¨²a el nuevo acuerdo de renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protecci¨®n de Datos, mientras sigue pendiente hacer lo propio en el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de instituciones que muestran el rasgo com¨²n de su independencia funcional, as¨ª como la de los miembros que las integran. De ah¨ª que para su elecci¨®n se exija un consenso cualificado (mayor¨ªa de tres quintos) en el Parlamento y que sus componentes sean ¡°juristas de reconocido prestigio¡±.

La exigencia de cumplir tales requisitos va m¨¢s all¨¢ de lo estrictamente formal e involucra la salud democr¨¢tica de las instituciones. Quienes tienen encomendado el control de los poderes p¨²blicos en sus distintas facetas han de poseer una cualificaci¨®n profesional que es condici¨®n inexcusable para acometer el proceso de renovaci¨®n institucional. Solo desde el respeto a esa premisa innegociable cobran sentido las mayor¨ªas requeridas: no son un mero tr¨¢mite sino el lugar donde cristaliza el esfuerzo de consenso que realizan los responsables pol¨ªticos.

Pero no ha sido este precisamente el procedimiento seguido. Una vez m¨¢s, se han reproducido conductas heredadas con sus viejos vicios y ha prevalecido el c¨¢lculo de los intereses pol¨ªticos respectivos. La existencia de un reparto interno de cuotas entre los dos grandes partidos, nominando a personas con una marcada y conocida adscripci¨®n ideol¨®gica, as¨ª como la ausencia de vetos rec¨ªprocos (el lamentable intercambio de cromos) han resultado determinantes para desatascar el bloqueo. Pero esa misma actuaci¨®n ha vuelto a poner de manifiesto dos preocupantes cuestiones. Por un lado, la insuficiente cultura pol¨ªtica democr¨¢tica de nuestro pa¨ªs no ha sabido preservar la independencia efectiva de quienes integran los ¨®rganos neur¨¢lgicos de control. Por otro, los principales partidos no han sido tampoco capaces de superar la perniciosa din¨¢mica de colonizaci¨®n de dichas instituciones. Resulta m¨¢s grave a¨²n este ¨²ltimo extremo cuando algunos de los candidatos cooptados no encarnan una idoneidad t¨¦cnica y una cualificaci¨®n profesional objetiva ajenas a toda duda y capaces de cumplir con el requisito del reconocido prestigio que exige la Constituci¨®n. Pese a un vacuo prop¨®sito de enmienda, lo que se ha impuesto en la pr¨¢ctica ha sido una clara l¨®gica gatopardista: cambiarlo todo para que todo siga igual. La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional deber¨ªa haberse solventado en tiempo y forma, ahorrando a la ciudadan¨ªa el desalentador espect¨¢culo de unas instituciones en situaci¨®n de persistente interinidad. Los relevos se han hecho de forma tard¨ªa, fulminante en su tramo final, pero sin que apenas haya cambiado nada sustancial.