Politizar la justicia para revertir el aborto

Cuando, en 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos convirti¨® el aborto en un derecho en su sentencia Roe vs. Wade, lo que hac¨ªa para muchas personas era otorgar a las mujeres la voz decisiva en un asunto complejo que apela a la responsabilidad sobre sus vidas. La corte adoptaba al fin los cambios ya acaecidos en la sociedad en medio de un ensordecedor ruido que pretend¨ªa reducir el debate a la ret¨®rica de la muerte y la culpabilidad. Pero hay cambios sociales que se torna...

Cuando, en 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos convirti¨® el aborto en un derecho en su sentencia Roe vs. Wade, lo que hac¨ªa para muchas personas era otorgar a las mujeres la voz decisiva en un asunto complejo que apela a la responsabilidad sobre sus vidas. La corte adoptaba al fin los cambios ya acaecidos en la sociedad en medio de un ensordecedor ruido que pretend¨ªa reducir el debate a la ret¨®rica de la muerte y la culpabilidad. Pero hay cambios sociales que se tornan inevitables y acaban por instaurarse. ¡°La judicatura entonces se adapta al nuevo orden¡±, afirma Judith Shklar, emblem¨¢tica te¨®rica del liberalismo que habla de un ¡°conservadurismo del consenso¡± en su obra Legalismo. La judicatura ha de buscar el consenso social para mostrarse neutral y guardar la necesaria distancia en la interpretaci¨®n del Derecho, pues de los tribunales se espera que lo interpreten, no que lo alteren, y al obviar el consenso social, ¡°la neutralidad se evapora¡±.

Por eso el camino adoptado por el tribunal en su nueva cita con la historia al examinar la ley de Misisipi que proh¨ªbe el aborto m¨¢s all¨¢ de las 15 semanas es un desv¨ªo preocupante. Las deliberaciones, dominadas por los conservadores, se inclinan por revisar la ley que reconoce el derecho constitucional de las mujeres a disponer de sus cuerpos y abortar. Si se confirmara la decisi¨®n, tambi¨¦n lo har¨ªa el triunfo del dise?o trumpista de la corte, una de sus m¨¢s importantes batallas pol¨ªticas, al haber situado al reaccionario Neil Gorsuch, a Brett Kavanaugh a pesar de las acusaciones de agresi¨®n sexual, y a Amy Coney Barrett, expl¨ªcitamente antiabortista, como magistrados vitalicios que arbitran e interpretan la Constituci¨®n. Revisar a estas alturas el derecho al aborto supone una politizaci¨®n inaudita de la m¨¢xima instituci¨®n judicial del pa¨ªs. Lo advirti¨® la jueza liberal Sonia Sotomayor: ¡°?Sobrevivir¨¢ esta instituci¨®n al hedor que crear¨ªa, en la percepci¨®n p¨²blica, la idea de que la Constituci¨®n y su lectura son solo actos pol¨ªticos?¡±.

Su advertencia es escalofriante, pues habla de c¨®mo se debilitan y mueren las democracias al caer sus instituciones en la irrelevancia, cuando se busca que los jueces arbitren tensiones pol¨ªticas. Aumentar la interferencia de los intereses pol¨ªticos en la justicia vicia conceptos centrales para el Estado de derecho, como ¡°neutralidad¡± o ¡°independencia¡±, aunque quiz¨¢ el caso brinde alguna luz sobre la gravedad de lo que ocurre por aqu¨ª, con el acceso al Tribunal Constitucional (TC) del nada honorable Enrique Arnaldo, elegido tras el conocido bloqueo del PP, la sorprendente aceptaci¨®n del PSOE y la actitud de los jueces, confirmando lo que se?ala Shklar: ¡°Cuando los cambios afectan directamente al establishment judicial, el conservadurismo se convierte en inmovilidad¡±. Porque el TC debe pronunciarse sobre la ley del aborto de 2010 por el recurso del PP, aunque esperemos que Sotomayor se equivoque y no nos llegue el hedor o la p¨¦rdida de prestigio, si es que alguno queda.