Un pacto constitucional paritario

El 19 de marzo, d¨ªa de San Jos¨¦, de 1812 se aprueba la primera constituci¨®n espa?ola, la Pepa. Pese a portar nombre de mujer, en su redacci¨®n no particip¨® ninguna, los diputados fueron todos hombres. A las mujeres ni siquiera se les permiti¨® asistir como p¨²blico a las sesiones constituyentes: las tribunas estaban reservadas solo a ellos. En aquella ¨¦poca proliferaron en C¨¢diz las tertulias, reuniones de hombres de cierto nivel social, en los caf¨¦s de la ciudad en las que se conformaba parte de la opini¨®n p¨²blica. Pese a este ostracismo, las mujeres no renunciaron a participar pol¨ªticamente, aunque fuera de los ¨¢mbitos masculinos de influencia. Algunas mujeres convirtieron sus casas, sus salones, en tertulias a las que acud¨ªan otras f¨¦minas para discutir de pol¨ªtica, y en las que particip¨® tambi¨¦n alg¨²n que otro diputado constituyente. Aquellas tertulias ten¨ªan, incluso, sesgo pol¨ªtico, las hab¨ªa de car¨¢cter liberal y conservador. A una parte de las gaditanas, privilegiadas socialmente en su mayor¨ªa, les interesaba la pol¨ªtica, pero les estaba vedada su participaci¨®n institucional.

La Constituci¨®n de 1812, celebrada por inaugurar formalmente una nueva etapa de la historia constitucional, la del Estado de derecho democr¨¢tico, prescindi¨® de las mujeres como sujetos pol¨ªticos. No solo no se les reconoci¨® el derecho al voto, sino que, adem¨¢s, se las exclu¨ªa del disfrute de otros derechos. Un ejemplo paradigm¨¢tico se encuentra en el cap¨ªtulo del texto docea?ista dedicado a la instrucci¨®n. La instrucci¨®n pasaba por ser uno de los pilares de las nuevas sociedades ilustradas, ya que permit¨ªa a los hombres convertirse en sujetos libres y ciudadanos responsables. El texto constitucional preve¨ªa que en todos los pueblos de la Monarqu¨ªa se crearan escuelas de primeras letras en las que se ense?ara a los ni?os a leer, a escribir y a contar, el catecismo de la religi¨®n cat¨®lica y la Constituci¨®n. En esta ocasi¨®n, ¡°ni?os¡± no supon¨ªa la utilizaci¨®n del masculino gen¨¦rico, puesto que, como qued¨® plasmado m¨¢s tarde en el Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la Ense?anza P¨²blica (hecho p¨²blico el 7 de marzo de 1814), la educaci¨®n de las ni?as conven¨ªa que fuera privada y dom¨¦stica, ¡°pues que as¨ª lo exige el destino que tiene este sexo en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que haya buenas madres de familia¡±.

Esta preterici¨®n constitucional de las mujeres al ¨¢mbito privado, en todos los aspectos de la vida, no es una ocurrencia gaditana, sino que algunos de los prohombres de la ilustraci¨®n, padres de los conceptos sobre los que se construye el Estado de derecho democr¨¢tico, ya la defend¨ªan como una verdad natural. As¨ª, J. J. Rousseau, padre del contrato social sobre le que se han construido las bases ideol¨®gicas de las democracias occidentales durante m¨¢s de 200 a?os, en su libro El Emilio, afirmaba, entre otras, ¡°la mujer est¨¢ hecha especialmente para complacer al hombre. (¡­) Si la mujer est¨¢ hecha para complacer y para ser subyugada, debe hacerse agradable al hombre en lugar de provocarlo (¡­)¡±.

Tras la toma de la Bastilla, se aprob¨® la Declaraci¨®n de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, t¨ªtulo que, de nuevo, refleja una utilizaci¨®n del masculino como determinaci¨®n del sujeto pol¨ªtico de aquella carta liberal de derechos y libertades: el hombre. Como respuesta, la intelectual francesa, Olympe de Gouges, que hab¨ªa apoyado el nuevo r¨¦gimen, escribi¨® la Declaraci¨®n de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), poniendo de manifiesto como la Declaraci¨®n de 1789 hab¨ªa consolidado la desigualdad pol¨ªtica entre hombres y mujeres.

En definitiva, el pacto social que dio lugar a los Estados de derecho democr¨¢ticos modernos se bas¨®, a su vez, en un pacto sexual que reclu¨ªa a las mujeres en la esfera privada, al cuidado de los hombres, para que estos pudieran dedicarse a la esfera p¨²blica, a la res publica. As¨ª, aquel pacto social a trav¨¦s del que la ciudadan¨ªa, soberana, igual y libre, ced¨ªa la gesti¨®n de su poder a una estructura pol¨ªtica limitada por la ley y los derechos ciudadanos, part¨ªa, adem¨¢s, de que las mujeres fu¨¦ramos subordinadas a merced de las necesidades dom¨¦sticas de los hombres. Aquel pacto impl¨ªcito, en que las mujeres no tuvieron voz ni mucho menos voto, permiti¨® la construcci¨®n de un Estado de derecho democr¨¢tico masculino, hecho a medida del hombre.

Evidentemente con el paso de los a?os y la lucha de muchas mujeres, y algunos hombres, la voz de las mujeres se ha dejado sentir y se han producido cambios profundos en la configuraci¨®n de los Estados democr¨¢ticos. En todos ellos las mujeres somos sujetos pol¨ªticos. Otra cosa es de qu¨¦ forma y con qu¨¦ intensidad.

La Constituci¨®n de 1978, cuyo 43? aniversario celebramos este mes, nada tiene que ver con aquella primera constituci¨®n gaditana, pero tampoco ha supuesto una ruptura clara con aquel pacto sexual subyacente al originario pacto social. En 1977 se celebraron las elecciones constituyentes, de las que deb¨ªan salir dos nuevas C¨¢maras, un Congreso y un Senado. Se reconoci¨® el derecho a votar y ser votados a hombres y mujeres por igual, recogiendo el legado truncado de la Constituci¨®n de 1931. Sin embargo, el protagonismo pol¨ªtico de los hombres tuvo su reflejo en los resultados de aquellas primeras elecciones tras la dictadura franquista: entre las dos c¨¢maras, 571 esca?os fueron ocupados por hombres, solo 27 por mujeres (21 diputadas y seis senadoras). M¨¢s tarde, la ponencia parlamentaria encargada de elaborar el proyecto de Constituci¨®n fue formada por siete hombres, de ah¨ª la expresi¨®n ¡°los padres de la Constituci¨®n¡±; nada de masculinos gen¨¦ricos: ninguna de las diputadas fue elegida para redactar aquel proyecto. Por fin, el 6 de diciembre de 1978 se someti¨® a refer¨¦ndum el texto constitucional, en el que se reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento jur¨ªdico y la igualdad real y efectiva como mandato a los poderes p¨²blicos. En el ¨¢mbito de los derechos, se reconoce la dignidad de la persona, fuente de todos los derechos, la mayor¨ªa de edad para hombres y mujeres, sin diferencia, a los 18 a?os, el derecho al voto, activo y pasivo, a ambos sexos, y la igualdad material en el matrimonio.

Estos preceptos constitucionales han permitido grandes avances en favor de la igualdad entre hombres y mujeres a trav¨¦s de su desarrollo normativo y jurisprudencial, tanto en el ¨¢mbito estatal como auton¨®mico. Sin embargo, todav¨ªa hoy algunas de estas conquistas siguen siendo condicionales, dependientes de las mayor¨ªas parlamentarias. Los derechos de las mujeres como sujetos pol¨ªticos libres e iguales a los hombres siguen sin tener anclaje constitucional. Como han defendido algunas colegas, el principio democr¨¢tico reconocido en las constituciones occidentales, tambi¨¦n en la espa?ola, est¨¢ viciado por aquel pecado original: la exclusi¨®n de la mitad de la sociedad, las mujeres. Para poder solventarlo debe apostarse por nuevo pacto democr¨¢tico paritario, del que participen, por igual, hombres y mujeres. Un pacto en el que se haga reconocimiento expreso de la mujer como sujeto pol¨ªtico, que incorpore la paridad como principio fundamental de la Constituci¨®n, para as¨ª obligar a todos los poderes p¨²blicos, sin importar las mayor¨ªas pol¨ªticas, e impedirles, igualmente, prescindir de su respeto. A partir de ah¨ª, podremos hablar tambi¨¦n de un pacto social igualitario, en el que los derechos de las mujeres no sean constante moneda de cambio.