Aqu¨ª no se habla de coca¨ªna

Hay otra manera de hacer las cosas. Esa deber¨ªa ser la principal conclusi¨®n de lo ocurrido en Argentina, donde al menos 24 personas murieron y otras 84 resultaron hospitalizadas por el consumo de una sustancia con alto nivel de toxicidad. Lo ir¨®nico de este triste caso es que la venta y consumo de esta sustancia ocurrieron bajo un sistema prohibicionista, bajo la lucha constante y frontal contra las drogas.

Una lucha que ha tra¨ªdo m¨¢s da?os que beneficios para Am¨¦rica Latina sin disminuir el consumo en el mundo: el sostenimiento de un gran mercado ilegal y lucrativo, el incremento en penas y poblaci¨®n carcelaria, el aumento de niveles de violencia, la afectaci¨®n a personas y comunidades m¨¢s vulnerables, el deterioro de derecho humanos y la priorizaci¨®n de recursos p¨²blicos (mal invertidos) en seguridad sobre salud p¨²blica.

Ante el hecho ocurrido en Argentina, la respuesta a largo plazo deber¨ªa pasar por abrir una discusi¨®n sobre regular estos mercados. Sin embargo, mientras esta conversaci¨®n comienza y avanza entre pa¨ªses productores y consumidores, a corto plazo hay cosas que podr¨ªamos estar haciendo para evitar que estas situaciones se repitan. Acciones que no violan acuerdos internacionales en materia de drogas y que dependen en gran medida de voluntad pol¨ªtica.

En el lado de la demanda, uno de los mayores problemas que genera la prohibici¨®n es la falta de acceso a informaci¨®n precisa y veraz sobre c¨®mo minimizar los riesgos y da?os asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Esto es vital porque, independientemente de nuestra posici¨®n sobre el consumo, el mercado ya existe a pesar de la prohibici¨®n. Cualquier persona que quiera consumir tiene d¨®nde comprar.

Algo tan sencillo y valioso como saber los efectos que puede causar una sustancia, si es buena idea mezclarla con otra; tener en cuenta la presentaci¨®n, la dosificaci¨®n y las precauciones necesarias pueden evitar consumos problem¨¢ticos y muertes por sobredosis. Aunque existen organizaciones que brindan buena informaci¨®n al respecto no siempre es f¨¢cil acceder a estas. ?Por qu¨¦? Principalmente por la estigmatizaci¨®n y criminalizaci¨®n alrededor de las personas consumidoras.

Es la l¨®gica ¡®no se habla de Bruno¡¯: sabemos que, a pesar de la prohibici¨®n, existe un mercado y que las personas consumen. En la mayor¨ªa de ciudades, de hecho, casi todo el mundo sabe (tambi¨¦n las autoridades) d¨®nde ir a comprar. Sin embargo, preferimos no hablar del asunto. Es un tab¨² e inc¨®moda. Como consecuencia, no abordamos la cuesti¨®n en colegios, universidades, oficinas y familias m¨¢s all¨¢ de un ¡°drogas, no¡±. El mercado sigue, pero sin informaci¨®n, de manera que quienes participan igualmente en ¨¦l no siempre saben c¨®mo moverse para reducir los da?os potenciales.

Ciertamente, es dif¨ªcil tener esta discusi¨®n, en parte por la narrativa que ha promovido la guerra contra las drogas. Pero, como hijos, hijas, padres y madres, estudiantes, amigos, amigas deber¨ªamos exigir esa informaci¨®n que nos ayudar¨¢ a proteger y hasta a salvar vidas.

Otra gran barrera que crea la prohibici¨®n es que el sistema de salud de varios pa¨ªses de la regi¨®n no est¨¢ preparado, interesado o financiado para atender consumos problem¨¢ticos. Esto trae dos grandes consecuencias. La primera es que se deja un espacio muy grande para que iniciativas privadas lideradas por personas o comunidades con pocos conocimientos llenen este vac¨ªo, especialmente para atender a personas de escasos recursos. Algunas de las herramientas usadas, sin ning¨²n tipo de evidencia que las soporte, son echar agua fr¨ªa, priorizar la abstinencia, encerrar en contra de la voluntad, amarrar a la cama, o disciplina religiosa. Una vez m¨¢s, se causa m¨¢s da?o para aparcar un problema lejos de la vista de la sociedad (nuevamente, ¡°no hablemos de Bruno¡±).

Pero adem¨¢s, al seguir abordando las drogas exclusivamente como un problema de seguridad se bloquea la inversi¨®n p¨²blica en estrategias de reducci¨®n de riesgos y da?os. Como consecuencia, son organizaciones de la sociedad civil quienes en varios pa¨ªses de la regi¨®n brindan estos servicios con pocos recursos y visibilidad. Algunos ejemplos de estrategias que sabemos que funcionan gracias a la evidencia acumulada son los programas de intercambio de jeringas, las salas de consumo supervisado o el an¨¢lisis de sustancias (drug checking).

Imaginemos por ejemplo que las personas de?Puerta 8, que consumieron la coca¨ªna adulterada, hubieran tenido acceso a toda una red de informaci¨®n y protecci¨®n de salud: puntos de an¨¢lisis de la sustancia comprada, salas de consumo supervisado, informaci¨®n transparente sobre c¨®mo opera el mercado, referentes de apoyo en caso necesario;?en definitiva, un contexto en el que ¡°s¨ª se habla de Bruno¡± (del consumo) en su justa dimensi¨®n y medida, enfocado a minimizar los da?os potenciales del consumo de sustancias psicoactivas. El riesgo inicial para todas ellas de haber consumido la droga adulterada habr¨ªa sido menor, siendo adem¨¢s que en este contexto ya existir¨ªan relaciones y mecanismos de protecci¨®n entre los proveedores de salud y los consumidores, basadas en la confianza que solo se construye a trav¨¦s de encuentros repetidos en un entorno seguro dise?ado para reducir la excusi¨®n.

Llevamos medio siglo tratando a las drogas como una amenaza mundial, cuando pueden ser abordadas de una manera m¨¢s costo eficiente que la prohibici¨®n: una que priorice la autonom¨ªa, la salud y el respeto por los derechos humanos. Cabe preguntarse cu¨¢ntas tragedias m¨¢s como la que est¨¢ teniendo lugar ahora mismo en Argentina estamos dispuestas y dispuestos a tener en nombre de una guerra in¨²til, costosa y da?ina.

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