La guerra contra las drogas: medio siglo de derrotas para Am¨¦rica Latina

El primer d¨ªa que el abogado peruano Ricardo Sober¨®n asumi¨® como encargado de ¡°combatir la droga¡± para el Gobierno de Ollanta Humala, en agosto de 2011, un cultivador de coca de la Selva Alta lo llam¨® con urgencia: la DEA y la polic¨ªa estaban erradicando su chacra, le dijo. Sober¨®n llam¨® al presidente y ¡°el mismo d¨ªa orden¨® que todas las unidades de la polic¨ªa y la DEA retornaran a sus bases¡±. Era su debut como funcionario, pero ya hab¨ªa marcado el final de su gesti¨®n. Su modo de actuar enfureci¨® al ministro del Interior ¡ªun exmilitar¡ª e inquiet¨® a la entonces embajadora de Estados Unidos en Per¨², Rose Links, y al Bureau of International Narcotics de su pa¨ªs.

Ocho meses despu¨¦s estaba fuera del Gobierno. En el lapso que fungi¨® como ¡°zar antidrogas¡± de Per¨², Sober¨®n viv¨ªa las quemas p¨²blicas de coca¨ªna incautada con frustraci¨®n. ¡°Porque soy consciente de los l¨ªmites de un operativo que no hace ning¨²n efecto al circuito ilegal¡±, dice. Dur¨® poco en el puesto por la misma raz¨®n que lo hab¨ªa llevado a la funci¨®n p¨²blica: Sober¨®n no es un pol¨ªtico antidrogas sino un ¡°coc¨®logo¡±, como le dicen sus colegas con aprecio. Hoy es director del Centro de Investigaci¨®n de Drogas y Derechos Humanos de Per¨² que fund¨® en 2009, donde canaliza sus trabajos como consultor. Adem¨¢s, su experiencia con la coca viene de familia.

A principios del siglo XX, los abuelos de Ricardo Sober¨®n ¡ªRafael y Esther¡ª eran propietarios de una gran hacienda en Hu¨¢nuco, entonces principal sembrad¨ªo cocalero en Per¨², donde se dedicaban a transformar la hoja en sulfato de coca¨ªna cuando era legal. El pa¨ªs era el mayor exportador global de coca y sus derivados: una quincena de ingenios la empaquetaban para The Coca Cola Company o hac¨ªan el sulfato para el laboratorio Merck de Alemania y farmac¨¦uticas estadounidenses como Parke-Davis, que la refinaban en destino y la distribu¨ªan en farmacias del mundo. En 1919, cuando su abuelo Rafael muri¨® de una pulmon¨ªa, Esther qued¨® viuda con 21 a?os, cinco hijos, dos chacras tupidas de coca y el ingenio. Entonces lleg¨® el hermano de Rafael, Andr¨¦s Avelino, y convenci¨® a su abuela de que le transfiriera el negocio.

¡°Ella se deshizo de todas sus propiedades y Andr¨¦s Avelino se convirti¨® en un gran exportador de sulfato de coca¨ªna entre los a?os 19 y 39. Mi familia nunca lo olvid¨®¡±, cuenta el abogado. La historia de los Sober¨®n sirve para iluminar, desde lo privado y lo p¨²blico, lo r¨¢pido que se torcieron las cosas cuando entr¨® en juego la prohibici¨®n: para 1949, su su t¨ªo abuelo Andr¨¦s Avelino tuvo que cerrar la f¨¢brica por las presiones estadounidenses y buscaba la manera de contrabandear coca¨ªna. Ese mismo a?o, Per¨² cre¨® la Empresa Nacional de Coca (ENACO), un monopolio estatal destinado a atender la demanda legal de la hoja de coca, tanto su uso tradicional como su industrializaci¨®n. Pero tambi¨¦n a acabar con el cultivo.

Sober¨®n sue?a con una ENACO fuerte y una coca legal que sea comprendida en el mundo. Con ese objetivo en la mira, en mayo de este a?o entreg¨® a la presidencia del Consejo de Ministros de Per¨² una hoja de ruta para reformar la empresa estatal. El monopolio que deb¨ªa acabar con los sembrad¨ªos y gestionar la producci¨®n legal est¨¢ actualmente en bancarrota. En Per¨² hay unas 52.000 hect¨¢reas cultivadas de coca; de ellas, ENACO solo controla 1.000 y paga mal. Sober¨®n quiere una ENACO que supervise la planta sagrada andina mediante control comunitario en asociaci¨®n con las organizaciones cocaleras. Imagina una coca org¨¢nica, de calidad y ¡°con paz social¡±, dice. Como en Bolivia.

El pa¨ªs protege a su coca ¡°ancestral¡± como ¡°patrimonio cultural, recurso natural¡± y ¡°factor de cohesi¨®n social¡± en la nueva Constituci¨®n de 2009 y su control est¨¢ a cargo de los gremios cocaleros. Ellos son los que fiscalizan, sancionan, otorgan licencias de cultivo, mensuran los predios con drones y llevan el registro biom¨¦trico de los campesinos que comercializan en mercados locales.

Un a?o antes de sancionar la Constituci¨®n, en 2008, Evo Morales expuls¨® a la DEA del pa¨ªs. El efecto de todo este proceso es una evidencia inc¨®moda: desde entonces se ha puesto freno a la violencia y se ha disminuido la destilaci¨®n de coca¨ªna. Bolivia incauta m¨¢s pasta base y cierra m¨¢s laboratorios de reciclaje de manera pac¨ªfica que con ¡°guerra¡±. Los analistas coinciden en que el control social boliviano destruye m¨¢s laboratorios y cristalizaderos que antes y tambi¨¦n ha hecho bajar el ¨¢rea de cultivo, la producci¨®n de coca¨ªna y el contrabando de la hoja. El control social no genera violencia contra los campesinos azotados durante d¨¦cadas con muertos, cientos de heridos y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En 1992 Bolivia lleg¨® a producir 550 toneladas de coca¨ªna. En 2017, su capacidad de producir se hab¨ªa reducido a una cuarta parte, seg¨²n lo ha reconocido la Embajada estadounidense en La Paz.

Derechos Humanos, desarrollo econ¨®mico, inversi¨®n en infraestructura, sostenibilidad ambiental y sobre todo confianza en la forma ind¨ªgena de resolver conflictos son algunos de los pilares del sistema. Cuando los campesinos plantan m¨¢s de lo permitido son castigados por su comunidad. Algo que ha hecho bajar los encarcelamientos notoriamente. Al reducir la oferta il¨ªcita, se fortaleci¨® y diversific¨® la econom¨ªa l¨ªcita. Y el precio de la hoja se estabiliz¨® al alza.

Para poder concretar ese plan, Bolivia debi¨® abandonar tambi¨¦n las convenciones ¨²nicas internacionales de drogas en 2011, que volvi¨® a firmar en 2013. Entonces se estabilizaron las hect¨¢reas de coca sembradas, apenas sobre el l¨ªmite de las 22.000 permitidas por el Gobierno. La coca genera unos 500 millones de d¨®lares anuales, o sea un 1,3% del PIB, la d¨¦cima del sector agr¨ªcola. El caso boliviano es una excepci¨®n. A la regla se le llama guerra.

De Nixon a Calder¨®n: narcos m¨¢s ricos que Bill Gates

El mi¨¦rcoles 17 de junio de 1971, hace exactamente 50 a?os, el expresidente Richard Nixon apareci¨® recio en la sala de prensa de la Casa Blanca y dijo, en aquel discurso famoso, que el ¡°enemigo n¨²mero uno¡± de Estados Unidos era ¡°el abuso de drogas¡± y lanz¨® una ¡°ofensiva mundial para lidiar con los problemas de las fuentes de oferta¡±.

Nixon se mostr¨® preocupado por los opi¨¢ceos que los combatientes en Vietnam requer¨ªan como b¨¢lsamo para apaciguar la dureza de la guerra. Su intenci¨®n, dijo, era preservar la salud de los m¨¢s j¨®venes: ¡°El ¨²nico camino realmente efectivo para terminar con la hero¨ªna es terminar con la producci¨®n de opio¡±. Desde entonces, la producci¨®n de opio ha crecido como nunca.

Si pretend¨ªa mejorar la salud de los estadounidenses, el fracaso de la guerra contra las drogas ha sido estrepitoso. En 1970, las muertes por sobredosis alcanzaban a uno cada 100.000 estadounidenses. A finales del siglo XX, esta incidencia se hab¨ªa multiplicado por 6. Y en 2019 las muertes superaban las 20 cada 100.000. Estados Unidos llega a la epidemia del fentanilo luego de haber invertido durante medio siglo entre un trill¨®n de d¨®lares y 640.000 millones en todo el mundo, seg¨²n distintas estimaciones.

El movimiento geopol¨ªtico ¡°contra las drogas¡± quiso frenar el uso e incluso Naciones Unidas lleg¨® a ponerse como objetivo terminar con los cultivos en m¨¢s de 100 a?os de convenciones internacionales contra las drogas. Siempre fue un fracaso. Entre 2009 y 2017 el uso de sustancias aument¨® un tercio: por lo menos 300 millones de personas usan anualmente alguna sustancia de tr¨¢fico il¨ªcito. El precio ha bajado sustancialmente desde entonces. Y las muertes por sobredosis o el uso abusivo crecieron exponencialmente.

Uno de los principales objetivos de Estados Unidos fue M¨¦xico. A mediados de los sesenta, el contrabando de cannabis y opi¨¢ceos a trav¨¦s de su frontera sur se consolidaba. Los primeros objetivos fueron los campos amapoleros originalmente sembrados para la Guerra Civil estadounidense del siglo XIX. El jugo del opio tambi¨¦n fue importante durante las guerras mundiales. Los traficantes se trasladaron a otros Estados mexicanos y el negocio se hizo cada vez m¨¢s fuerte. En 1975, en una de las primeras acciones de la guerra contra las drogas financiadas por Estados Unidos fuera del pa¨ªs, los sembrad¨ªos de marihuana en la Sierra Madre de M¨¦xico empezaron a ser rociados con Paraquat, un peligroso herbicida. Los contrabandistas igual movieron la flor con el agroqu¨ªmico para traficantes que la vend¨ªan en Estados Unidos. Tres a?os despu¨¦s, la Universidad de Mississippi analiz¨® decenas de muestras confiscadas en California, Arizona y Texas: un tercio presentaban concentraciones elevadas de Paraquat. Usuarios, congresistas, medios y m¨¦dicos advirtieron del da?o pulmonar que pod¨ªan causar a los consumidores. Tragar apenas media onza (menos de 15 gramos) de Paraquat era b¨¢sicamente un suicidio, advert¨ªa entonces el New York Times.

No fue el ¨²nico tiro de la guerra que sali¨® por la culata desde el comienzo. Jamaica recibi¨® a la DEA en 1974 para detener el tr¨¢fico de marihuana. Aunque el contrabando par¨® sostenidamente, otros pa¨ªses del Caribe empezaron a cosechar. Entonces en Colombia comenz¨® la ¡°bonanza marimbera¡± para abastecer a Estados Unidos, germen de los carteles de Cali y Medell¨ªn. Cuando estos clanes cayeron se multiplicaron otros que dieron nacimiento al imperio mexicano.

En 1970, un grupo criminal pr¨¢cticamente monopolizaba el tr¨¢nsito global de coca¨ªna y hero¨ªna: la mafia corsa, que oper¨® desde 1937 en Marsella. Mov¨ªan opi¨¢ceos de Turqu¨ªa, v¨ªa Francia, y coca¨ªna desde Per¨² y Chile a Estados Unidos. Fue desmantelada a principios de los setenta en decenas de pa¨ªses. Pero el negocio global no par¨®, se reconfigur¨®.

Medio siglo despu¨¦s, el sistema de control internacional parece incentivar grupos violentos en todo el mundo: guerrillas, paramilitares, pandillas, pol¨ªticos, polic¨ªas y militares, funcionarios corruptos, empresarios y el sistema financiero controlan unas ganancias, estimadas por ¨²ltima vez en 2009 en 84.000 millones de d¨®lares anuales. Una cifra que casi empata las ganancias de Bill Gates al 2016, cuando encabezaba la lista de los hombres m¨¢s ricos del mundo.

Solo en M¨¦xico, la Fiscal¨ªa General estima que hay 37 carteles dedicados al rubro. Varios operan en los pa¨ªses productores y algunos trabajan en todos los continentes; vali¨¦ndose de criminales locales inyectan dinero a las econom¨ªas informales que se fortalecen con cada ¡°golpe al narcotr¨¢fico¡±.

Entre las consecuencias no deseadas del sistema internacional de control, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) menciona la reproducci¨®n de un lucrativo y violento mercado clandestino y reconoce que el ¨¦nfasis en lo represivo desparram¨® laboratorios, plantaciones, corrupci¨®n y lavado de dinero a nuevas zonas geogr¨¢ficas. A su vez, la presencia de grupos criminales desalienta la inversi¨®n y desv¨ªa fondos de pol¨ªticas sociales a sectores militares y policiales. Tambi¨¦n distorsiona indicadores econ¨®micos para la planificaci¨®n presupuestaria, infla el PIB y deforma el ?ndice de Desarrollo Humano, advierte el PNUD.

Las cuentas de la guerra contra las drogas no cierran nunca, pero nadie las rinde. Los investigadores acad¨¦micos advierten sobre la mala calidad de la informaci¨®n que recolectan los pa¨ªses y la falta de acceso a indicadores b¨¢sicos. Se estima con metodolog¨ªas f¨¢cilmente cuestionadas por sus fr¨¢giles supuestos y d¨¦biles conclusiones. No hay datos transparentes. Ni auditor¨ªas independientes sobre los resultados de la inversi¨®n en seguridad o los resultados sociales.

¡°No es como en otras pol¨ªticas p¨²blicas donde se discute lo m¨¢s efectivo. En este caso es como que no importa, hay una suerte de ceguera sobre los efectos. Parece casi imposible moverlos de esas l¨®gicas y narrativas despu¨¦s de toda la informaci¨®n del fracaso de las pol¨ªticas de drogas¡±, explica la doctora en Derecho Diana Guzm¨¢n, subdirectora del centro de estudios jur¨ªdicos y sociales Dejusticia.

Para Paul Gootenberg, economista e historiador estadounidense que ha estudiado la coca¨ªna peruana y su evoluci¨®n como commodity, ¡°hay que ser cuidadoso en medir las consecuencias econ¨®micas, muchas estad¨ªsticas sobre drogas parecen estar infladas. Es una econom¨ªa invisible, entonces no sabemos de verdad. Solamente se pueden tomar tendencias¡±, dice.

La econom¨ªa imparable de la coca

Gootenberg, autor del libro Andean Cocaine, sostiene que ¡°nada ilustra m¨¢s dram¨¢ticamente los efectos no deseados de la guerra contra las drogas y los desastres para Am¨¦rica Latina que la coca¨ªna¡±. Y el responsable de ¡°dinamizar esta econom¨ªa il¨ªcita¡± es Estados Unidos, dice en di¨¢logo con EL PA?S.

A pesar de las dificultades para medir la industria de la coca¨ªna, las estimaciones de Gootenberg no dejan dudas sobre la tendencia: ¡°Es una industria de escala. Intent¨¦ medirla, es como mil veces m¨¢s grande que la industria legal a principios de los a?os 20. Entonces Per¨² produc¨ªa 10 toneladas de coca¨ªna al a?o. En los a?os setenta eran 1.000 y ahora estamos en 2.000 toneladas¡± a nivel global.

En Per¨² se estima que 150.000 familias cultivan coca y cosechan 399 millones de d¨®lares. En Colombia, entre 160.000 y 300.000 familias cultivan coca y reciben unos 230 d¨®lares por hect¨¢rea.

David Restrepo, director de Desarrollo Rural y Econom¨ªas Il¨ªcitas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, explica que el cultivo de coca es capital porque permite un desarrollo que ¡°no permiten otros cultivos¡±.

Palma, banano, ca?a, caf¨¦, nada compite con la coca. Los colombianos han estimado ingresos netos del narcotr¨¢fico entre 0,9% y 9,6% del PIB en los ¨²ltimos 40 a?os. Las ¨²ltimas proyecciones muestran que en 2018 los c¨¢rteles facturaron casi 4.910 millones de d¨®lares. El PIB del narcotr¨¢fico en 2018 habr¨ªa sido de 1,88%; el del caf¨¦, 0,8%.

La apertura econ¨®mica de los 90 afect¨® severamente a los agricultores, que entre 1992 y 2001 perdieron 230.000 empleos. Los carteles de Cali y Medell¨ªn comenzaron a sembrar con mayor intensidad en su pa¨ªs y menor en Per¨². Mientras el precio del caf¨¦ se desplomaba, la coca sub¨ªa. Para el campesinado sigue siendo un buen negocio: es estable, tiene bajo costo de capital, genera un flujo de efectivo constante y presenta muy ligeras variaciones de precio comparado con otros commodities.

¡°La econom¨ªa cocalera permite invertir en su tierra, su familia, en educarse. Es un camino hacia la clase media rural¡±, se?ala Restrepo, que se hizo economista porque quer¨ªa comprender la violencia de su Cali natal en los 90.

Estos campesinos cosechan casi un mill¨®n de toneladas de coca al a?o que se transforman en m¨¢s de 1200 toneladas de coca¨ªna de las casi 2000 que esnifa el planeta. El cultivo ¡°es diez veces m¨¢s¡± relevante que las producciones legales, estima Restrepo. La fuente de liquidez primaria en varias zonas distorsiona los precios ¡°de activos y del trabajo¡±, ¡°desnutre otros rubros de la econom¨ªa¡±, encarece la mano de obra y quita rentabilidad a otros cultivos.

Francisco Thoumi, otro economista colombiano, tiene 85 a?os y escribi¨® su primer estudio sobre drogas en 1987 para el BID. Entonces ya vislumbraba que ¡°el capital de Colombia iba a quedar todo untado por el narcotr¨¢fico¡± con ¡°ingresos extraordinariamente concentrados¡±. ¡°Gran parte del capital semilla de muchas empresas viene del narcotr¨¢fico de una u otra forma¡±, asegura.

Pero no solo Colombia ha quedado untada. El Fondo Monetario Internacional supone que 29.900 millones de d¨®lares en drogas ingresaron a Estados Unidos en 2017. Si hubieran sido transacciones legales ser¨ªan el 1,3% de todas las importaciones del pa¨ªs. Es la misma suma que Italia destin¨® el a?o pasado para impulsar su econom¨ªa tras las primeras olas de Coronavirus.

En M¨¦xico el salario medio del obrero narco hace diez a?os era seis veces el m¨ªnimo: unos 1650 d¨®lares. Mientras la cadena de transporte y ventas retiene el 99% de las ganancias, los campesinos reciben un 1%, seg¨²n Naciones Unidas.

Entre 2006 y 2012 M¨¦xico gast¨® 39.000 millones de d¨®lares en pol¨ªticas antidrogas. Nueve de cada 10 d¨®lares fueron para salarios de jueces, militares, polic¨ªas y armamento. El reinaugurado Hospital General de M¨¦xico cost¨® 40 millones: se podr¨ªan haber hecho mil hospitales.

Una guerra contra los pobres

En 1973, el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psicotr¨®picos incorpor¨® las convenciones internacionales antidrogas de 1961 y 1971 a las leyes de cada pa¨ªs para castigar ¡°suministro¡±, ¡°tenencia¡±, ¡°facilitaci¨®n¡± y producci¨®n. El derecho penal embebido en la Doctrina de la Seguridad Nacional que Washington desparram¨® durante la Guerra Fr¨ªa fue la herramienta elegida para regular oferta y demanda.

En los a?os ochenta, la soci¨®loga Rosa del Olmo escribi¨® que su objetivo fue afianzar un ¡°discurso m¨¦dico-jur¨ªdico¡± de ¡°p¨¢nico¡± apoyado en los medios de comunicaci¨®n. Desde entonces, el estigma del uso de drogas fue un asunto para la opini¨®n p¨²blica. Los medios se dejaron llevar por las agencias policiales ¡°especializadas¡± reci¨¦n creadas que publicitaban un ¡°golpe¡± tras otro a redes de comercializaci¨®n o transporte y usuarios de ¡°estupefacientes¡± asociados a todo tipo de peligros para la salud y la comunidad.

Con el tiempo se incrementaron las penas m¨¢ximas y m¨ªnimas y aument¨® la poblaci¨®n carcelaria como nunca. En Argentina, para 1985, uno de cada cien presos estaba detenido por delitos de drogas. Para el 2000 eran el 27% de su poblaci¨®n carcelaria. En siete pa¨ªses latinoamericanos el encarcelamiento trep¨® m¨¢s de 100% entre 1992 y 2007, seg¨²n el Centro de Estudios Drogas y Derechos (CEDD).

Tambi¨¦n se dio el abuso de la prisi¨®n preventiva. En Per¨² la detenci¨®n preventiva para cualquier delito es de 24 horas, pero para drogas puede aumentar a 15 d¨ªas. En M¨¦xico, un detenido por delitos relacionados con drogas puede estar en averiguaciones hasta 80 d¨ªas luego de una reforma constitucional aprobada para combatir el tr¨¢fico y la delincuencia que consagr¨® varias excepciones a las garant¨ªas procesales.

El abuso del derecho penal para frenar varios fen¨®menos que no dejan de crecer se transform¨® en una desproporcionalidad que analistas jur¨ªdicos citan para explicar la sobrepoblaci¨®n de las hacinadas c¨¢rceles latinoamericanas. En Am¨¦rica Latina una tercera parte de las personas privadas de libertad est¨¢n por delitos de drogas.

En varios pa¨ªses las infracciones asociadas con drogas se castigan con penas m¨ªnimas mayores que por asesinato. En los 90, Bolivia castigaba con un m¨ªnimo de diez a?os algunas infracciones de drogas y con cinco la violaci¨®n.

¡°Los delitos de drogas tienen penas m¨¢s elevadas cuando el da?o concreto es menos fuerte¡±, explica Guzm¨¢n, coautora de ¡°La adicci¨®n punitiva: desproporci¨®n de las leyes de drogas en Am¨¦rica Latina¡±.

El sistema judicial latinoamericano es selectivo. En 2016, M¨¦xico ten¨ªa 211.000 personas privadas de la libertad: seis cada diez estaban por delitos de drogas. El 75% de este grupo, por peque?as cantidades. Pero de 2007 a 2020 sentenciaron apenas a 44 personas por lavado de activo en el pa¨ªs-sede de los grupos criminales m¨¢s conocidos. El derecho sobre drogas en la regi¨®n ¡°no est¨¢ orientado por razonabilidad y racionalidad sino por criterios peligrosistas que responden a narrativas estigmatizantes¡±, advierte Guzm¨¢n. Es, en esencia, una m¨¢quina de perseguir a los m¨¢s marginados.

Aunque todos los Estados latinoamericanos son tributarios de severos castigos sin evaluaci¨®n de resultados, Brasil es el alumno con mejor desempe?o. En 1992 contaba con 111.000 personas presas, hoy son m¨¢s de 800.000. Es el tercer pa¨ªs que m¨¢s encarcela. Y el combate a las drogas lo permite todo: as¨ª fue como pol¨ªticos, polic¨ªas y medios justificaron la masacre en la favela Jacarezinho R¨ªo de Janeiro en mayo. Un operativo policial que termin¨® con la ejecuci¨®n de 28 personas. De los asesinados, solo tres ten¨ªan orden de captura seg¨²n Folha de San Pablo.

¡°Es como un estado de excepci¨®n¡±, dice Luciana Boiteux, doctora y mag¨ªster en derecho penal de la Universidad Federal de R¨ªo de Janeiro. ¡°Vemos un agravamiento de situaciones cada vez m¨¢s excepcionales aceptadas en nombre de la guerra contra las drogas. Su discurso, inversi¨®n en municiones, armas y aumento de la fuerza policial fortalecen la cultura del exterminio en detrimento del Derecho¡±, explica.

¡°No es una guerra contra una sustancia es contra las minor¨ªas, los pobres, contra los vulnerables. La intensificaci¨®n del estado penal punitivo se ampli¨® con las pol¨ªticas represivas anti drogas¡±, argumenta la investigadora.

Una de las grandes paradojas latinoamericanas es otorgar el control de personas y flujos il¨ªcitos a instituciones permeables a la violencia y la corrupci¨®n. Pero la situaci¨®n es un callej¨®n sin salida: si la polic¨ªa no regula ¡°ilegalmente¡±, el libre mercado entre los traficantes desparrama violencia.

As¨ª ocurri¨® en Rosario, la principal ciudad de la provincia argentina de Santa Fe. Cuando los socialistas ganaron el gobierno provincial por primera vez a partir de 2007 reformaron la justicia y la fiscal¨ªa aument¨® su control sobre la polic¨ªa, a la que se le impusieron nuevas reparticiones y nuevas autoridades pol¨ªticas escudri?ando su desempe?o. En la calle, el mercado de drogas crec¨ªa con la demanda y la polic¨ªa se replegaba.

¡°La regulaci¨®n del mercado criminal de la polic¨ªa santafesina se rompi¨® durante 2010. Esa suerte de privatizaci¨®n de la regulaci¨®n ilegal policial llev¨® a una competencia criminal severa¡±, explica Marcelo Sa¨ªn, responsable de la Polic¨ªa Judicial de Santa Fe y hasta hace poco ministro de Justicia.

En 2018, Los Monos, una pandilla delincuencial creci¨® como ninguna otra controlando el tr¨¢fico de drogas. El silencioso cauce del narcotr¨¢fico se hizo audible: practicaron el sicariato y atacaron residencias de magistrados y sedes judiciales. Nunca antes estos grupos hab¨ªan atacado al Estado.

¡°La pol¨ªtica otorga el manejo de la seguridad a la burocracia especializada de la polic¨ªa. Y tambi¨¦n el consentimiento para que lo haga ilegalmente. Lo llamo doble pacto: el pacto pol¨ªtico-policial y el pacto policial-criminal. Uno contiene al otro¡±. El Estado ¡°permite funcionar esos mercados apropi¨¢ndose de una parte de la rentabilidad a cambio de que haya una convivencia pac¨ªfica del mundo criminal¡±, explica Sa¨ªn.

¡°La gobernabilidad ilegal de la polic¨ªa, cuando es pac¨ªfica, es mucho menos reprochable que la ilegalidad policial con violencia criminal¡±, remata.

El caso de Rosario es un ejemplo a escala de lo que ocurre con el control internacional del narcotr¨¢fico, que busca golpes de efecto y crea sus propias narrativas mientras parece indiferente a las din¨¢micas criminales que dice combatir. La economista Mar¨ªa Padilla, que investiga para la Universidad de Tennessee, encontr¨® que capturados los l¨ªderes narcos la violencia se disparaba y un a?o despu¨¦s segu¨ªa en niveles altos en territorios con organizaciones criminales. La estrategia de capturar capos ¡°no implica una reducci¨®n en la violencia¡±, concluye. Padilla estima que el 17% de los 11.626 homicidios en M¨¦xico desde 2007 a 2010 son consecuencia del descabezamiento de organizaciones.

Cecilia L¨®pez Pozos es docente en la Universidad Estatal de Tlaxcala, en el Altiplano mexicano. La ciudad era un tranquilo enclave laber¨ªntico con reminiscencias precolombinas y coloniales hasta que aparecieron cuerpos desmembrados en las afueras.

¡°Estamos en estado de guerra. Lo ve¨ªa en los 90 en Colombia y me dec¨ªa: pero c¨®mo, no entiendo, ?y el Gobierno qu¨¦ hace? Ahora lo entiendo¡±, se lamenta. La docente ha entrevistado a un centenar de j¨®venes cooptados por la primera parte de la cadena del crimen organizado. Asaltan trailers, roban materiales, huachicolean y hacen de halcones. Cobran 250 d¨®lares por noche en vela. Una cifra imposible en la econom¨ªa formal.

L¨®pez tambi¨¦n monitorea el impacto de esta violencia en las familias. Habla de un trauma social comunitario. Desde el comienzo de los secuestros, la intervenci¨®n armada del Estado y la disputa por el tr¨¢fico, Tlaxcala vive a la defensiva. ¡°El miedo sistem¨¢tico del narcotr¨¢fico como estrategia de control y sometimiento hace que estemos a la defensiva y manejemos violencia¡±, opina. Dice que el sost¨¦n comunitario y familiar de base ind¨ªgena se resquebraja porque todos temen a todos. La perspectiva para los j¨®venes es la migraci¨®n o la delincuencia, asegura.

La guerra ¡°contra las drogas¡± es un ¨¦xito

El expresidente mexicano Felipe Calder¨®n prometi¨®, como todos los presidentes, que la ¡°guerra¡± era para que la droga no llegara a ¡°sus hijos¡±. Pero desde 2007, un a?o despu¨¦s de que declarase la guerra total contra el narco, la esperanza de vida en M¨¦xico comenz¨® a declinar y el homicidio se convirti¨® en la principal causa de muerte de personas entre 10 y 24 a?os en el pa¨ªs. Una tendencia que Colombia repite mucho m¨¢s cruda: all¨ª mueren 123 j¨®venes de 20 a 24 a?os por cada 100.000 habitantes. Uno de los indicadores m¨¢s crueles son los 30.000 ni?os que perdieron a uno o sus dos padres y quedaron hu¨¦rfanos hasta 2010 en M¨¦xico, seg¨²n n¨²meros v¨¢lidos para la OEA.

Mientras las series de Netlfix endiosan criminales, el promedio de informalidad laboral en Am¨¦rica Latina trepa al 67,5% para los j¨®venes. Seducidos por el dinero r¨¢pido y luego encarcelados, son los m¨¢s entre los incontables desaparecidos. Amnist¨ªa Internacional dice que la tortura en M¨¦xico est¨¢ fuera de control. Entre 2000 y 2005 M¨¦xico computaba entre 200 y 300 denuncias formales por este crimen. Entre 2006 y 2014 hubo 11.608 quejas por malos tratos y torturas.

La crisis en M¨¦xico y Centroam¨¦rica desparram¨® la violencia en el continente desde 2006, dando liquidez a unos 70.000 integrantes de pandillas en siete pa¨ªses, desapareciendo a 60.000 personas en M¨¦xico, desplazando 346.945 mexicanos entre 2006 y 2019 y promoviendo una escalada de ejecuciones que, solo en el sexenio de Calder¨®n se habr¨ªa cobrado entre 47 y 100 mil vidas.

Hay una visi¨®n seminal en Am¨¦rica Latina que vive del viejo ¡°dile no a las drogas¡± de la campa?a iniciada por Nixon. ¡°En cincuenta a?os no solamente aument¨® el tr¨¢fico sino la cantidad de gente dedicada a dar respuestas de la droga que siempre cuestionan cualquier cambio¡±, explica Jos¨¦ Miguel Insluza, senador chileno y ex secretario general de la OEA.

Durante su per¨ªodo (2005-2015) ocurri¨® uno de los debates m¨¢s relevantes para las pol¨ªticas de drogas. En la Cumbre de Cartagena de 2012 los presidentes del hemisferio coincidieron en que el narcotr¨¢fico ¡°a comienzo de los setenta era manejable pero entonces pas¨® a ser completamente inmanejable¡±, recuerda.

Adem¨¢s de mantener una visi¨®n anacr¨®nica e irreal del problema, los acuerdos internacionales atan las manos a gobiernos reformistas, ya que ¡°aumentan los niveles de represi¨®n y disminuyen el di¨¢logo interno sobre pol¨ªticas alternativas, posibilidades y la flexibilidad para que los gobiernos enfrenten sus propios retos¡±, explica la abogada Guzm¨¢n.

Thoumi, el economista colombiano, integr¨® la Junta Internacional de Fiscalizaci¨®n de Estupefacientes de Naciones Unidas desde 2012 hasta el a?o pasado y ha dedicado casi la mitad de su vida a comprender esta econom¨ªa informal, pero a la hora de tratar de aventurar soluciones echa mano de la sociolog¨ªa. Dice que la prohibici¨®n es parte de un ¡°sistema obsoleto¡±. Y pone el foco en ¡°una gran cantidad de problemas sociales: desempleo, crisis econ¨®mica, mala educaci¨®n y otra cantidad de frustraciones que crean vulnerabilidad¡±.

¡°Para que Colombia deje de producir coca¨ªna tiene que tener un estado con presencia verdadera donde el campesinado, los consumidores de drogas, los traficantes, los gremios de la sociedad, donde todo el mundo colabore y diga: mire tenemos que armar una sociedad razonable. Tenemos que aceptar que con los recursos que hay se puede vivir bien¡±, dice.

El abogado peruano Ricardo Sober¨®n cree que los pa¨ªses latinoamericanos ¡°deben decirle al mundo: paguen por el caf¨¦, el cacao, la yerba mate a un precio equis, m¨¢s uno por la coca¨ªna o la marihuana que no producimos, m¨¢s otro por el cambio clim¨¢tico y tambi¨¦n por t¨¦rminos de comercio justo. Si no, seguiremos exportando coca¨ªna de alt¨ªsima calidad. El derecho penal no sirve, no previene, no disuade¡±, se?ala.

Gootenberg, por su parte, entiende ¡°que hay un consenso pol¨ªtico creciente de que la guerra contra las drogas ha fracasado, pero cu¨¢l es la alternativa no est¨¢ claro¡±.

El economista colombiano David Restrepo apela a una iron¨ªa amarga: ¡°La guerra contra las drogas en Colombia ha sido un gran ¨¦xito¡±, dice. ¡°No para el pa¨ªs, sino para ciertos intereses y formas de pensar la sociedad¡±. El narcotr¨¢fico, explica, ¡°ha fortalecido una econom¨ªa de guerra que permite sacarle provecho tanto a la econom¨ªa como al discurso pol¨ªtico¡±. Le sirve a todos los que prefieren desviar la mirada de las ra¨ªces del problema: ¡°Es un discurso vendedor en una sociedad desigual y conflictiva. Da unos lugares comunes, unas explicaciones f¨¢ciles, unos chivos expiatorios muy claros para ignorar los reclamos de pol¨ªtica social y no tener que pensar en reformas agrarias, en construir infraestructura social donde nunca han integrado al pa¨ªs¡±.