Procesados en Cuba
La desproporci¨®n de las penas que pide la Fiscal¨ªa a los manifestantes de julio enroca al Gobierno en una represi¨®n est¨¦ril
Las protestas de julio pasado en varias ciudades de Cuba transmitieron un mensaje in¨¦dito en la isla en los ¨²ltimos 62 a?os. Por primera vez se hac¨ªa p¨²blica, o intentaba hacerse p¨²blica, la protesta de un significativo porcentaje de su poblaci¨®n, sin miedo a ser tachada de traidora a la patria por expresar su disconformidad. Lo que persist¨ªa era el miedo a la represi¨®n del r¨¦gimen, y ha llegado ya. El Gobierno ha empezado los juicios que afectar¨¢n a hasta 790 personas, en su mayor¨ªa j¨®venes, por participar en las protestas. Las marchas comenzaron en el peque?o pueblo de San Antonio de los Ba?os y se extendieron por m¨¢s de 60 ciudades para exhibir el hartazgo de una poblaci¨®n sometida desde hace d¨¦cadas a todo tipo de penurias. Fueron en su mayor¨ªa manifestaciones pac¨ªficas, pero el Gobierno contest¨® con extrema dureza. Cerca de un millar de personas fueron detenidas, y todo atisbo de apoyo a los encarcelados fue perseguido con sa?a en los ¨²ltimos meses.
Las explicaciones del Gobierno sobre los procesamientos representan el ¨²ltimo acto de una escalada represiva desproporcionada y seguramente ineficaz. La Fiscal¨ªa General sostiene que los manifestantes ¡°atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista¡±. En gran parte de los casos, las penas que pide son muy elevadas: cientos de personas pueden ser condenadas a entre 6 y 15 a?os de c¨¢rcel, y varias decenas, acusadas de sedici¨®n, se enfrentan a entre 20 y 30 a?os. Esas penas son un desprop¨®sito. El Gobierno cubano quiere evidenciar que no ser¨¢n toleradas nuevas protestas, y su aspiraci¨®n de fondo es el escarmiento en cabeza ajena para potenciales protestas, pese a la continuidad previsible del deterioro de las condiciones de vida.
La dureza de un embargo que acaba de cumplir 60 a?os, recrudecido durante la Administraci¨®n de Donald Trump y sostenido en los mismos t¨¦rminos por Joe Biden, sigue teniendo efectos devastadores, pero detr¨¢s del estallido social anida un profundo malestar popular. Enviar a la c¨¢rcel a cientos de j¨®venes para contener las manifestaciones de descontento solo niega el problema, aplaza la posibilidad de soluciones y revela, una vez m¨¢s, la obstinaci¨®n controladora y opresiva del Ejecutivo. La disconformidad crece en la isla y el derecho a manifestarla, recogido en la propia Constituci¨®n cubana, es inalienable. Son muchos quienes dentro y fuera del pa¨ªs piden al Gobierno que abandone la persecuci¨®n penal como arma pol¨ªtica y se abra a un di¨¢logo con los sectores cr¨ªticos. Los juicios ya iniciados tienen todos los componentes de abuso de poder y falta de proporcionalidad manifiesta. Su desarrollo solo traer¨¢ m¨¢s frustraci¨®n y m¨¢s dolor est¨¦ril.
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