Los detenidos por las protestas en Cuba afrontan peticiones de hasta 30 a?os de c¨¢rcel

Seis meses despu¨¦s de las masivas manifestaciones del 11 de julio del a?o pasado, cientos de cubanos detenidos por participar en las protestas contra el Gobierno son juzgados en diversos tribunales del pa¨ªs bajo la acusaci¨®n de desacato, desorden p¨²blico, incitaci¨®n a delinquir, atentado y en algunos casos figuras tan graves como sedici¨®n, que puede implicar condenas de hasta 30 a?os de c¨¢rcel.

La informaci¨®n es confusa y dif¨ªcil de contrastar, pues las autoridades no han dado datos oficiales sobre cu¨¢ntas personas fueron detenidas durante o despu¨¦s de los incidentes, ni sobre cu¨¢ntos cubanos siguen en prisi¨®n, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas. Tampoco se ha dicho nada sobre los procesos que quedan por ventilarse, y ni si quiera a estas alturas se ha notificado cu¨¢ntas manifestaciones fueron pac¨ªficas y cu¨¢ntas violentas el 11-J, cuando decenas de miles de personas se lanzaron a las calles de m¨¢s de 60 ciudades y pueblos de Cuba para protestar por las duras condiciones de vida y en demanda de libertad, en las mayores manifestaciones contra el Gobierno en 62 a?os de revoluci¨®n.

M¨¢s all¨¢ de las denuncias puntuales de los familiares de los presos, las ¨²nicas fuentes que ofrecen datos globales sobre lo que est¨¢ pasando con los detenidos son ONG anticastristas como Cubalex o Prisoners Defenders, que calculan en al menos un millar las personas encarceladas a ra¨ªz de los sucesos del 11 de julio, de las que se estima que siguen en prisi¨®n pendientes de juicio entre 600 y 700, algunos menores de edad. De un grupo de m¨¢s de 200 casos que Cubalex asegura tener documentados, para 25 personas la Fiscal¨ªa pide sanciones de hasta 5 a?os, 63 enfrentan cargos de entre 6 y 10 a?os de reclusi¨®n, otros 27 se enfrentan a peticiones de entre 11 y 15 a?os, mientras que 49 podr¨ªan pasar entre 16 y 20 a?os entre rejas y otras 46 entre 20 y 30 a?os por sedici¨®n, si se ratifican las solicitudes del ministerio p¨²blico.

El Gobierno ni confirma estos datos ni los desmiente. La prensa nacional no informa en los medios oficiales de los procesos y la prensa extranjera no ha tenido acceso a las vistas orales, de modo que la informaci¨®n solo fluye a cuentagotas a trav¨¦s de los familiares. Un grupo de ellos inform¨® de que el martes comenz¨® un juicio contra 21 residentes en Holgu¨ªn que participaron en las manifestaciones en esa ciudad oriental, que en algunos momentos deriv¨® en hechos violentos. Las peticiones fiscales en este caso van desde 15 hasta 30 a?os de c¨¢rcel, para las acusaciones de sedici¨®n.

El lunes empez¨® otro juicio en la ciudad central de Santa Clara contra 16 j¨®venes, mientras que desde la provincia de Artemisa, otro grupo de familiares inform¨® de que 13 manifestantes ¡ªque fueron juzgados a mediados de noviembre¡ª recibieron la semana pasada la sentencia: condenas que oscilan entre 4 a?os de limitaci¨®n de libertad bajo supervisi¨®n, hasta 12 a?os de c¨¢rcel.

Fuentes disidentes informaron de que en el pueblo de Bejucal, a 30 kil¨®metros de La Habana, se celebrar¨¢ pr¨®ximamente el juicio por desacato, desordenes p¨²blicos, ultraje a los s¨ªmbolos de la patria y sabotaje contra siete j¨®venes de la localidad, entre ellos, el estudiante de m¨²sica Abel Gonz¨¢lez Lescay, para quien la Fiscal¨ªa pide siete a?os de c¨¢rcel. El afectado estudia en el Instituto Superior de Arte y ha sido respaldado por su universidad despu¨¦s de que su caso saltara a la prensa. El joven cont¨® que el 11-J sali¨® a la calle y se manifest¨® pac¨ªficamente, pero al d¨ªa siguiente fue detenido en su casa por aparecer en un v¨ªdeo. Asegur¨® que mientras a conocidos suyos les pusieron una multa y salieron en libertad, ¨¦l fue objeto de una sanci¨®n de reclusi¨®n domiciliaria en tanto se celebre el juicio. ¡°La ¨²nica diferencia entre ellos y yo es que tienen un v¨ªdeo m¨ªo dici¨¦ndole maric¨®n a un polic¨ªa¡±, aclar¨®.

Otros casos fueron recientemente sobrese¨ªdos, como el de los artistas que el 11 de julio se reunieron a las puertas del Instituto Cubano de Radio y Televisi¨®n para demandar 15 minutos ante las c¨¢maras de televisi¨®n, tras lo cual fueron detenidos y sometidos a medidas de reclusi¨®n domiciliaria ¡ªen este grupo estaba el dramaturgo Yunior Garc¨ªa, principal organizador de la frustrada marcha por el cambio del pasado 15 de noviembre, que despu¨¦s se exili¨® en Espa?a¡ª.

El Gobierno cubano inscribe los sucesos del 11-J en su viejo diferendo con EE UU, asegurando que las manifestaciones fueron instigadas y manipuladas por Washington y que en muchos pueblos y ciudades del pa¨ªs derivaron en hechos vand¨¢licos, saqueos y acciones violentas. Sin embargo, numerosas voces dentro de la isla, incluso de personalidades afines al Gobierno como el el trovador Silvio Rodr¨ªguez, han demandado a las autoridades proporcionalidad y la liberaci¨®n de los manifestantes que no participaron en hechos violentos, criticando especialmente el uso de la figura delictiva de ¡°sedici¨®n¡± para procesar a los detenidos.

¡°Las penas solicitadas son desmesuradas y evidentemente ejemplarizantes¡±, se?ala la historiadora y coordinadora del portal La Joven Cuba, Alina B¨¢rbara L¨®pez Hern¨¢ndez, que opina que ¡°las solicitudes fiscales son muy altas y no sujetas a derecho: por ejemplo, a Abel Lescay, estudiante de la Universidad de Ciencias del Arte, le piden siete a?os de prisi¨®n por manifestarse en su pueblo, gritar ofensas al presidente de la Rep¨²blica y negarse a ser arrestado dentro de su domicilio. En otro caso, por romper p¨²blicamente un retrato de Fidel Castro pretenden 10 a?os de prisi¨®n. Hay penas m¨¢s elevadas: 12, 15, 20 y 25 a?os¡±.

Familiares de cubanos detenidos a ra¨ªz de los incidentes del 11-J pidieron a m¨¢s de 30 Embajadas en La Habana que acompa?aran ¡°como observadores¡± los procesos, mientras el Gobierno estadounidense sancion¨® la semana pasada a ocho altos funcionarios cubanos ¡°involucrados en la detenci¨®n, las sentencias y el encarcelamiento de manifestantes pac¨ªficos del 11 de julio¡±. Anteriormente, Washington hab¨ªa sancionado a otros nueve funcionarios, en su mayor¨ªa mandos del ej¨¦rcito y la polic¨ªa, relacionados con la represi¨®n de las protestas. Medios oficiales calificaron las sanciones como ¡°un nuevo intento del Gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de Cuba, tratar de mediatizar la impartici¨®n de justicia en el pa¨ªs e intentar proteger a los elementos que, en buena parte financiados por Washington, pretenden subvertir el orden pol¨ªtico y social de Cuba¡±.

La falta de transparencia es un tema clave en estos momentos. ¡°La informaci¨®n que recibimos es la que existe en las redes sociales y medios alternativos, consecuencia de denuncia de familiares, amigos o juristas independientes; por tanto, son datos fluctuantes e inexactos. Falta de informaci¨®n oficial sobre el n¨²mero de detenidos, las fechas de los procesos, las peticiones fiscales y las condenas resultantes¡±, indic¨® L¨®pez.

En la misma l¨ªnea, el acad¨¦mico y exdiplom¨¢tico cubano Carlos Alzugaray, se?alaba recientemente que ¡°a estas alturas no hay todav¨ªa una cifra de detenidos ni una informaci¨®n de cu¨¢ntas manifestaciones se produjeron, cu¨¢ntas fueron pac¨ªficas, cu¨¢ntas generaron disturbios, ni cu¨¢ntos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberaci¨®n de todo el que protest¨® pac¨ªficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodr¨ªguez, muy respetado en c¨ªrculos gubernamentales¡±.

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