?Qui¨¦n le pone el cascabel al gato?
Hay que defender los aguerridos esfuerzos de quienes act¨²an con energ¨ªa y profesionalismo ante graves casos de corrupci¨®n
En la din¨¢mica de la gran corrupci¨®n se dan importantes articulaciones entre decisiones de autoridades del Estado con grandes corporaciones ¡ªmuchas veces transnacionales¡ª de construcci¨®n, servicios p¨²blicos, irrigaciones, etc. Dentro de ese contexto, en ning¨²n pa¨ªs de la regi¨®n nos quedamos cortos en proclamas anticorrupci¨®n. Muchas veces ret¨®ricas, en ocasiones aut¨¦nticas y en serio.
En medio de un cuadro a veces desalentador, felizmente hay conductas y propuestas muy relevantes. La madre del corder...
En la din¨¢mica de la gran corrupci¨®n se dan importantes articulaciones entre decisiones de autoridades del Estado con grandes corporaciones ¡ªmuchas veces transnacionales¡ª de construcci¨®n, servicios p¨²blicos, irrigaciones, etc. Dentro de ese contexto, en ning¨²n pa¨ªs de la regi¨®n nos quedamos cortos en proclamas anticorrupci¨®n. Muchas veces ret¨®ricas, en ocasiones aut¨¦nticas y en serio.
En medio de un cuadro a veces desalentador, felizmente hay conductas y propuestas muy relevantes. La madre del cordero est¨¢, sin embargo, en si se act¨²a ¡ªo no¡ª para investigar en serio y sancionar ejemplarmente la corrupci¨®n. Especialmente la grande, la que articula espacios medulares del poder p¨²blico con contratos a medida para beneficiar a empresas corruptoras. Sin perjuicio de lo crucial de medidas y pol¨ªticas preventivas, la clave de la cuesti¨®n es contar con un sistema judicial y de fiscales independiente, en¨¦rgico y con coraje. Sin eso, todo quedar¨¢ en palabras, buenos prop¨®sitos.
Jueces y fiscales son, pues, la herramienta esencial con la que cuenta la sociedad para defenderse. Personajes cruciales en la medida que puedan actuar sin intromisiones indebidas para lo cual la sociedad debiera prestarles m¨¢s atenci¨®n y apoyo. No las est¨¢n llevando f¨¢cil, sin embargo, en lugares como Colombia o Guatemala, por ejemplo.
En visita acad¨¦mica a Colombia esta semana me entrevist¨¦ con la fiscal Ang¨¦lica Monsalve Gaviria y recib¨ª preocupante informaci¨®n de lo que parece ser una grave interferencia indebida en la b¨²squeda de justicia. La fiscal ven¨ªa investigando presuntos graves actos de corrupci¨®n en Bogot¨¢ en delitos como incompatibilidades en concursos p¨²blicos e inter¨¦s indebido en la celebraci¨®n de contratos. Lejos de estimularla y apoyarla, se ha decidido en d¨ªas pasados trasladarla a la Fiscal¨ªa de Putumayo bajo la figura de ¡°necesidades de servicio¡±.
Hace pocas semanas, la fiscal Monsalve imput¨® por el delito de inter¨¦s indebido en contratos p¨²blicos a un exconcejal de Bogot¨¢ y a sus dos t¨ªos, a quienes logr¨® identificar como los verdaderos propietarios de una empresa que obtuvo la concesi¨®n para recaudar nada menos que los importantes pagos del servicio de transporte p¨²blico de Bogot¨¢ (Transmilenio). El contrato se adjudic¨® y firm¨®, seg¨²n esta informaci¨®n, mientras el sobrino de los beneficiados con el contrato era concejal.
Desde que actu¨® con esa informaci¨®n delicada ¡ªque indicar¨ªa la comisi¨®n de delitos¡ª, la fiscal ha recibido presiones de actores influyentes, cuyos detalles me proporcion¨®, para que se abstenga de proseguir en ese camino de investigaci¨®n. Hace pocos d¨ªas, el 14 de marzo, la Fiscal¨ªa General le notific¨® que ser¨ªa trasladada de inmediato a Putumayo, zona de alta peligrosidad y lejana a la investigaci¨®n que ven¨ªa conduciendo. Muy grave.
El traslado arbitrario y sin justificaci¨®n de fiscales o jueces es, de acuerdo a los est¨¢ndares internacionales vigentes, una interferencia indebida en la independencia judicial y una violaci¨®n del principio de inamovilidad. El traslado que se pretende hacer de la fiscal Monsalve Gaviria tiene todos los elementos para ser considerado como una grave afectaci¨®n de este principio.
En Guatemala, por su lado, el caso de la jueza Erika Aif¨¢n, que actuaba en investigaciones contra la corrupci¨®n y que coment¨¦ en su momento en esta columna, evolucion¨® hasta forzarla a renunciar hace una semana y a exiliarse en los Estados Unidos. Eso en un contexto en el que han ocurrido otros hechos graves como el acoso y detenci¨®n a la ex fiscal especial contra la Impunidad, Siomara Sosa, y de su abogada. La jueza Sosa hab¨ªa investigado el caso Odebrecht. Auxiliares fiscales claves en otras investigaciones, como Paola Escobar Qui?¨®nez, Aliss Noem¨ª Mor¨¢n y Roberto Racanac, vieron tambi¨¦n sus domicilios allanados y fueron detenidos dentro del marco en que interven¨ªan investigando un caso emblem¨¢tico de tr¨¢fico de influencias (Comisiones Paralelas 2020).
En este cuadro de amenazas y ataques a la independencia judicial, se han producido importantes procesos de reflexi¨®n y an¨¢lisis entre jueces y fiscales sobre lo que ocurre en la regi¨®n y sobre c¨®mo enfrentar mejor las guerras de desgaste iniciadas por la corrupci¨®n organizada. En resumen, intercambiando experiencias e ideas concretas sobre c¨®mo hacer mejor su trabajo, en particular para la investigaci¨®n y sanci¨®n de casos de corrupci¨®n.
En esa direcci¨®n, un excelente proceso en marcha es el denominado Jueces como constructores de paz. Est¨¢ siendo impulsado por el Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York, el Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC) y la Asociaci¨®n Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) y es un ejemplo concreto de lo que puede hacer la sociedad para fortalecer las capacidades de un sistema judicial independiente para enfrentar amenazas como la corrupci¨®n.
Me ha tocado el privilegio de acompa?ar desde fuera ese proyecto. Entre otras cosas, ha promovido interesant¨ªsimos encuentros judiciales en los que se han planteado iniciativas valiosas y concretas sobre c¨®mo enfrentar mejor la corrupci¨®n, as¨ª como llamar la atenci¨®n sobre ciertos procesos siniestros en marcha para atajar los esfuerzos contra la corrupci¨®n.
Se han planteado, por ejemplo, recomendaciones concretas para armonizar la legislaci¨®n anticorrupci¨®n nacional con est¨¢ndares internacionales, algo pendiente en varios pa¨ªses. Tambi¨¦n que deber¨ªa generalizarse la inclusi¨®n en la legislaci¨®n penal de todos los pa¨ªses la responsabilidad de personas jur¨ªdicas y determinar las obligaciones de integridad; asunto pendiente, por ejemplo, en Colombia. Se ha planteado, asimismo, fortalecer los mecanismos para garantizar la reparaci¨®n del da?o por casos de corrupci¨®n.
Son voces y propuestas que provienen del terreno concreto ¡ªel fundamental¡ª el de la investigaci¨®n y eventual sanci¨®n de casos de corrupci¨®n. Hay que o¨ªr esas voces y defender los aguerridos esfuerzos de quienes ya act¨²an con energ¨ªa y profesionalismo ante graves casos de corrupci¨®n.
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