Guatemala: la justicia bajo ataque

Am¨¦rica Latina ¡ªy Guatemala dentro de ella¡ª ha dado pasos positivos en las ¨²ltimas d¨¦cadas para dejar atr¨¢s el c¨ªrculo vicioso de los golpes militares; ha avanzado, tambi¨¦n, en frenar masivas violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Asimismo, se han producido avances en la separaci¨®n de poderes, aunque, es verdad, con timidez y recelos para afiatar esa separaci¨®n.

Debo referirme nuevamente a Guatemala, pues all¨ª la justicia est¨¢ bajo ataque. Despu¨¦s de haber tratado en esta p¨¢gina (EL PA?S, 20 de enero de 2022) las persistentes agresiones e insubsistentes denuncias contra la jueza Erika Aif¨¢n, titular de un activo juzgado a cargo de procesar graves casos de corrupci¨®n, se han visibilizado varios otros zarpazos ¡ªy graves¡ª que apuntan al deliberado debilitamiento del sistema judicial.

Son varios los pasos regresivos y tienen un com¨²n denominador: un simult¨¢neo y persistente ataque contra juzgados ¡°de Mayor Riesgo¡± con competencias en grandes casos de corrupci¨®n y de violaci¨®n a los derechos humanos.

Destaca, primero, el retiro de inmunidad al juez Pablo Xitumul, uno de los jueces de mayor renombre en Guatemala. Entre otras cosas es quien conden¨® penalmente en 2018 a los militares responsables de la desaparici¨®n de Marco Antonio Molina Thiessen, caso sobre el que se hab¨ªa pronunciado previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Xitumul viene conociendo otros graves casos no s¨®lo de derechos humanos sino de corrupci¨®n. Todos los elementos que llevaron a la decisi¨®n de la Corte Suprema de retirarle su inmunidad apuntan a que fue algo fabricado y que est¨¢ en construcci¨®n un andamiaje para sacarlo de la escena. Organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por DPLF, han rechazado lo que califican como ¡°criminalizaci¨®n del juez Pablo Xitumul¡± y denuncian la persecuci¨®n de los operadores de justicia.

Contra la jueza Yassmin Barrios se est¨¢ construyendo tambi¨¦n otro edificio para un antejuicio y sacarla de un caso importante contra el ex jefe de la Fiscal¨ªa de Crimen Organizado. En el alarmante caso de Erika Aif¨¢n le tienen encaminado otro antejuicio con semejantes explicaciones, or¨ªgenes y prop¨®sitos, vinculado a un caso emblem¨¢tico que es el hilo de la madeja en Guatemala: la corrupci¨®n en las designaciones de altas cortes llamado ¡°Comisiones Paralelas I y II¡±. Gran paradoja y dato de esc¨¢ndalo: aparecer¨ªan implicados en los hechos investigados magistrados de la Corte Suprema, que es la entidad que tiene que pronunciarse a favor o en contra de la eliminaci¨®n del antejuicio; lo que ya ocurri¨® con Xitumul.

Como si esto fuera poco, en este febrero de carnavales tambi¨¦n se iniciaron investigaciones contra exfiscales que integraron la valiosa Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad (FECI): la exfiscal Siomara Sosa y su abogada Leyli Santizo. Sosa hab¨ªa sido muy activa en el ¡®caso Odebrecht¡¯ y Santizo trabaj¨® por varios a?os en CICIG a cargo de investigaci¨®n contra altos funcionarios sindicados como integrantes de redes de crimen organizado. La exfiscal estar¨ªa siendo presionada para declarar en contra de sus excolegas de la FECI.

El Ministerio P¨²blico ha ordenado allanamientos en las casas de la exfiscal Sosa y su abogada Santizo, donde la primera fue detenida. Contra Sosa se dict¨® orden de aprehensi¨®n, pese a que voluntariamente se present¨® al juzgado para defender su inocencia.

Todo este panorama tiene como tel¨®n de fondo una modificaci¨®n reciente a la Ley de la Carrera Judicial. Con ella se resta independencia al Consejo de la Carrera Judicial y se refuerza el poder de la cuestionada Corte Suprema, d¨¢ndole la facultad de decretar traslados de jueces. Instancias internacionales de protecci¨®n de los valores democr¨¢ticos y los derechos humanos ya han indicado el peligro de que un mismo ¨®rgano ¡ªcomo la Corte Suprema¡ª concentre las facultades jurisdiccionales y las administrativas, precisamente en momentos en que se cuestiona su independencia.

Algo que debe ser seriamente investigado es c¨®mo, y trav¨¦s de qu¨¦ personas, se mueven en los altos niveles del poder pol¨ªtico estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistem¨¢tico a la independencia judicial. La informaci¨®n disponible indica que los altos niveles del poder pol¨ªtico habr¨ªan demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecer¨ªa que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeci¨®n del poder judicial. Es sospechoso, por ejemplo, que la presidenta y dem¨¢s integrantes de la Corte Suprema, quien tiene su mandato vencido, hace 28 meses no sea renovada violando lo que dice la Constituci¨®n y la ley.

Dentro de un cuadro que no puede ser definido sino como uno de ataque sistem¨¢tico a la justicia, es dram¨¢tico que esto ocurra no dentro de una dictadura sino dentro de los marcos institucionales de un Estado Constitucional de Derecho, dren¨¢ndolo, as¨ª, de su contenido. De ¨¦ste queda s¨®lo un borroneo en varios pa¨ªses de nuestra Am¨¦rica, mientras la comunidad internacional, frente a un deterioro como el que ocurre en Guatemala, guarda perfil bajo; las instancias multilaterales, ¨ªdem.

No hay, pues, nada de exageraci¨®n en el t¨ªtulo que lleva esta nota. Y, ojo, cuidado con que se extienda como gangrena si no se act¨²a.

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