En defensa de los sindicatos

?Por qu¨¦ existen los sindicatos? ?Cu¨¢l es su papel en democracia? ?Son una r¨¦mora para la econom¨ªa, incluso un anacronismo? Parece mentira que, tras m¨¢s 40 a?os de democracia y 37 desde la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Libertad Sindical, haya a¨²n quien dude de la utilidad de unas organizaciones cuyo papel est¨¢ reconocido de forma inequ¨ªvoca en nuestra Constituci¨®n como reflejo de la libertad sindical consagrada, entre otros instrumentos internacionales, en la propia Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos. Porque hay, sin duda, razones pol¨ªticas de fondo que explican el inusitado ataque que las organizaciones sindicales, en especial los denominados sindicatos de clase, venimos recibiendo desde hace unos a?os, un ataque cuyos decibelios van en aumento a medida que la ultraderecha, con la connivencia de otros partidos pol¨ªticos, va apropi¨¢ndose de parcelas de poder en nuestras instituciones democr¨¢ticas.

Habitamos, mal que nos pese, la era del bulo y el zasca, y es demasiado habitual que la argumentaci¨®n pausada, respetuosa y racional se sustituya por el exabrupto, el insulto y la mentira, con el objetivo de crear un caldo de cultivo que socave los derechos y libertades tan trabajosamente conseguidos por la lucha de muchos ciudadanos y, desde luego, por las reivindicaciones y el trabajo de las organizaciones sindicales, y entre ellas Comisiones Obreras del H¨¢bitat, federaci¨®n de Comisiones Obreras a la que pertenezco, siempre a la vanguardia en la defensa de los derechos laborales y democr¨¢ticos de este pa¨ªs. Parecer¨ªa, incluso, que regresan los tiempos de Margaret Thatcher, cuando la entonces primera ministra del Reino Unido calificaba a los sindicatos de ¡°enemigo interno¡±, empleando un lenguaje b¨¦lico que destruy¨® las redes de solidaridad democr¨¢tica de los sindicatos brit¨¢nicos. Porque tambi¨¦n aqu¨ª hemos tenido nuestras Thatcher de bolsillo. ?Recuerdan las palabras de Esperanza Aguirre calificando a los trabajadores en huelga de ¡°antipatriotas¡±? No son muy distintas de las recientes declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo, quien dijo estar dispuesto a ¡°combatir¡± nuestros supuestos privilegios, acusando a las organizaciones sindicales de clientelismo y ¡°a?os de saqueo de lo p¨²blico¡±. Se trata, por supuesto, de un exabrupto demag¨®gico, pero tambi¨¦n de un uso peligroso del lenguaje de quien, por sus responsabilidades institucionales, debiera centrarse en defender los derechos y deberes consagrados en la Constituci¨®n Espa?ola, en lugar de militarizar los mensajes contra un colectivo que, a¨²n hoy, es objeto de persecuci¨®n en muchas partes del mundo. Pero vayamos al meollo del asunto. ?Cu¨¢les son esas acusaciones que se lanzan desde los medios y las redes sociales contra la existencia y la labor de las organizaciones sindicales? Los sindicatos, se dice, son perjudiciales para la econom¨ªa, carecen de apoyo social o laboral, sobreviven gracias a las subvenciones, se lucran ileg¨ªtimamente con el dinero de todos y reciben prebendas de los gobiernos afines como pago a su silencio.

Si hablamos de econom¨ªa, existen suficientes estudios de instituciones poco sospechosas de izquierdismo, como el Banco Mundial o la OCDE, que muestran c¨®mo la labor de los sindicatos no da?a el crecimiento econ¨®mico. Al contrario, la alta afiliaci¨®n sindical suele asociarse con una mayor actividad econ¨®mica, el aumento del empleo y los salarios y una mayor inversi¨®n productiva de las empresas. Pero sigamos con el argumentario: ?a qui¨¦n representamos los sindicatos? ?Disfrutamos de privilegios de financiaci¨®n por capricho nepotista o espurios intereses ideol¨®gicos? Como siempre, nada m¨¢s elocuente que los datos, pues lo cierto es que los sindicatos se justifican, precisamente, por su representatividad democr¨¢tica y se financian mayoritariamente por las cuotas de sus afiliados. F¨ªjense: desde su legalizaci¨®n en 1977, la afiliaci¨®n de los sindicatos en Espa?a creci¨® de manera sostenida. En 1980, apenas lleg¨¢bamos a los 500.000 afiliados entre todas las organizaciones, cifra que se hab¨ªa multiplicado por seis a finales de 2010, todo ello en un contexto de grave crisis econ¨®mica y de empleo que atac¨®, fundamentalmente, a los colectivos de trabajadores que, hist¨®ricamente, m¨¢s cerca hab¨ªan estado del sindicalismo en Espa?a, muchos de los cuales forman parte de los sectores representados por Comisiones Obreras del H¨¢bitat. Es cierto, en cualquier caso, que hay una tendencia a la baja en las afiliaciones, fruto, entre otras razones, de la p¨¦rdida de poder negociador forzada por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, felizmente truncada, y por la atomizaci¨®n de nuestro tejido empresarial, demasiado dependiente de pymes y aut¨®nomos, lo que dificulta el arraigo de los valores de solidaridad y compromiso de clase derivados de la experiencia del trabajo colectivo. Pero hablamos de unas organizaciones que aglutinan a casi 2,5 millones de personas (cifras que superan en mucho las de los partidos pol¨ªticos espa?oles) y que posibilitan que alrededor de un 80% de los asalariados puedan participar en las elecciones sindicales a trav¨¦s de procesos escrupulosamente democr¨¢ticos.

Y llegamos, al fin, al espinoso asunto de las subvenciones, el terreno donde la demagogia y la falsedad son m¨¢s fecundas en su ataque a la labor de los sindicatos. Lo cierto es que, en Espa?a, la financiaci¨®n de los sindicatos proviene, fundamentalmente, de las cuotas de sus afiliados: en el caso de Comisiones Obreras, unos 130 millones de euros anuales que cubren, aproximadamente, el 85% de nuestros gastos corrientes. El Estado, que no el Gobierno, aporta alrededor de 16 millones de euros, repartidos seg¨²n la representaci¨®n electoral de cada sindicato. Pero nuestra financiaci¨®n no solo debe cubrir los gastos de funcionamiento ordinario, mantenimiento y alquiler de locales, sino tambi¨¦n (y he aqu¨ª la clave) los costes de una de nuestras principales funciones sociales: la negociaci¨®n colectiva, larga en horas y jornadas, de los casi 3.800 convenios colectivos vigentes que, m¨¢s pronto que tarde, repercutir¨¢n en la mejora de las condiciones de trabajo de millones de asalariados, est¨¦n sindicados o no. Las organizaciones patronales reciben del Estado una cantidad parecida, sin que se justifique por su afiliaci¨®n, por no hablar del acceso preferente a fuentes de financiaci¨®n inaccesibles para los sindicatos. Si hablamos de los partidos pol¨ªticos, estos reciben aproximadamente 90 millones de euros anuales cuando, seg¨²n todas las encuestas, su credibilidad social es menor que la de las organizaciones sindicales, sin olvidar otras partidas que no reciben ataque alguno de los voceros de la contenci¨®n presupuestaria, como las subvenciones para la prensa y las televisiones privadas o los millones de dinero p¨²blico derivados a la Iglesia para cubrir los gastos que no pueden financiar las aportaciones de sus feligreses. Baste a?adir, para los amantes de la comparativa, que las ayudas p¨²blicas para los sindicatos brit¨¢nicos alcanzan los 98 millones de euros, 83 en el caso de los franceses.

Pero quiz¨¢ lo esencial sea recordar de nuevo, en especial a quienes se llenan la boca con la defensa numantina de nuestra Ley Fundamental, que la Constituci¨®n Espa?ola proclama en su T¨ªtulo Preliminar la organizaci¨®n pluralista de nuestra sociedad, tanto en el plano estrictamente pol¨ªtico (con los partidos como instrumento fundamental) como en el m¨¢s general de lo econ¨®mico y social, mediante la acci¨®n de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Estas organizaciones, sin excepci¨®n, constituyen los pilares fundamentales e insustituibles de nuestra sociedad democr¨¢tica, pues a ellas reserva la Constituci¨®n su propia y peculiar funci¨®n en el inequ¨ªvoco compromiso en favor de la igualdad y de la participaci¨®n que el constituyente espa?ol hizo recaer, con buen criterio, en los poderes p¨²blicos que rigen la vida pol¨ªtica, econ¨®mica y laboral de todos los espa?oles.