Luz sobre la corrupci¨®n

EL PA?S inicia hoy una serie bajo el t¨ªtulo Los audios secretos de la corrupci¨®n que intenta arrojar luz sobre episodios oscuros que han marcado una parte de la historia pol¨ªtica y econ¨®mica de los ¨²ltimos 20 a?os en Espa?a. El material que alimenta esta publicaci¨®n fue requisado por la Polic¨ªa en el registro de las viviendas y empresas del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo tras su detenci¨®n en noviembre de 2017. Parte de ese material, almacenado en discos duros con miles de documentos y grabaciones, integra ya las cerca de 30 piezas separadas abiertas por la Audiencia Nacional. Se trata del macrosumario del caso T¨¢ndem, que implica a cientos de imputados, entre ellos a grandes empresarios, a banqueros, a dirigentes pol¨ªticos ¡ªmayoritariamente del Partido Popular¡ª y a comisarios de polic¨ªa.

Este peri¨®dico ha tenido ahora acceso a grabaciones y documentaci¨®n requisadas al comisario que no han sido incorporadas todav¨ªa al macroproceso judicial abierto, pero cuyo contenido permite poner en contexto algunos de los esc¨¢ndalos que han zarandeado la vida p¨²blica espa?ola en los ¨²ltimos a?os. EL PA?S ha acometido, antes de publicar la serie, una tarea de comprobaci¨®n destinada a mostrar que todo lo que se va a leer y escuchar tiene relevancia p¨²blica por los hechos que sucedieron despu¨¦s, de modo que se pueda completar un relato coherente de lo ocurrido. Se ha verificado que lo que figura en las grabaciones acab¨® sucediendo, y de qu¨¦ modo ocurri¨®.

El trabajo que hoy inicia EL PA?S no pretende tener trascendencia penal (eso queda a la decisi¨®n de los tribunales) sino coherencia period¨ªstica, mediante un relato basado en hechos verdaderos enmarcados en los criterios del Tribunal Constitucional sobre la libertad de informaci¨®n.

Nos encontramos ante un caso de posible colisi¨®n entre dos derechos fundamentales: el derecho de los ciudadanos a la informaci¨®n veraz y el derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen. Cuando se produce ese choque, la doctrina constitucional espa?ola establece que para que prevalezca el derecho a la informaci¨®n han de darse estos requisitos: ¡°Que la informaci¨®n transmitida verse sobre hechos de inter¨¦s general, con trascendencia pol¨ªtica, social o econ¨®mica, y que la expresada informaci¨®n sea veraz¡±. Este es el caso que nos ocupa. La relevancia de la informaci¨®n que publicamos afecta a los bienes p¨²blicos y a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La doctrina constitucional indica tambi¨¦n que ¡°el derecho al honor se debilita [¡­] en cuanto sus titulares son personas p¨²blicas, ejercen funciones p¨²blicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia p¨²blica [¡­], siempre que las opiniones o frases no revelen zafiedad, tosquedad o groser¨ªa¡±. EL PA?S descarta aquellos pasajes carentes de relevancia p¨²blica que solo contribuir¨ªan al cotilleo malsano. Se trata de facilitar la interpretaci¨®n aut¨¦ntica de qu¨¦ es lo que pas¨® en una etapa concreta de la democracia espa?ola que tuvo grav¨ªsimas consecuencias pol¨ªticas y todav¨ªa hoy se dirime en los tribunales. Somos conscientes de que todo ello parte de la acci¨®n anti¨¦tica y presuntamente delictiva de un comisario, pero sus renglones torcidos ofrecen un relato cabal de c¨®mo se desarrollaron en Espa?a las acciones corruptas a las que se refiere el macrosumario.