Una memoria democr¨¢tica m¨¢s inclusiva y plural

Reformar la ley de la memoria hist¨®rica que impuls¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2007 era un compromiso previsto en el acuerdo del Gobierno de coalici¨®n que se ha topado con dificultades para sumar los apoyos necesarios para su tramitaci¨®n y aprobaci¨®n en las Cortes. Las leyes de memoria hist¨®rica constituyen, como se?ala la exposici¨®n de motivos, un deber moral desde el que se permite neutralizar el olvido y garantizar que nada de lo ocurrido vuelva a repetirse. El impulso de estos instrumentos legislativos va parejo a la madurez democr¨¢tica de una sociedad y su desaf¨ªo pr¨¢ctico est¨¢ en saber acompasar la necesaria t¨¦cnica jur¨ªdica con el imprescindible impulso pol¨ªtico que requiere la b¨²squeda de la verdad y la reparaci¨®n. Se trata de un equilibrio no siempre f¨¢cil de lograr, pero imprescindible para tejer una memoria m¨¢s inclusiva y plural que no d¨¦ la espalda a la verdad, ni incurra en propuestas llamativas de resultado pr¨¢ctico imposible.

La norma persigue como prop¨®sito fomentar el conocimiento de las etapas democr¨¢ticas y de quienes las hicieron posibles, as¨ª como preservar y mantener la memoria de las v¨ªctimas y el fomento de su reparaci¨®n integral. Una referencia a las v¨ªctimas que acoge para su definici¨®n el marco que ofrece la Resoluci¨®n de Naciones Unidas 60/147 de 2005. Reconoce la vigencia de la legislaci¨®n de 2007, pero no ignora la pluralidad de textos auton¨®micos que han surgido para superar el freno pol¨ªtico que la pol¨ªtica de memoria hist¨®rica sufri¨® bajo el Gobierno del PP, lo que requiere de instrumentos de gobernanza como el Consejo Territorial llamado a facilitar la cooperaci¨®n entre las actuaciones del Estado y de las comunidades aut¨®nomas. Resulta muy acertado que sea finalmente la Administraci¨®n del Estado la encargada de asumir la responsabilidad directa de la b¨²squeda de personas desaparecidas en los t¨¦rminos que sugieren organismos internacionales. Destaca en el texto una interesante mirada de g¨¦nero orientada a reconocer el papel activo que las mujeres han protagonizado en Espa?a luchando por la democracia.

El Gobierno parece haberse garantizado finalmente la aritm¨¦tica parlamentaria necesaria para sacar adelante esta ley, apoy¨¢ndose en el PNV, PDeCAT, ERC, M¨¢s Pa¨ªs y EH Bildu. No puede ser motivo de esc¨¢ndalo que una fuerza pol¨ªtica como EH Bildu apoye una iniciativa legislativa y pida introducir aquellos postulados que satisfacen sus expectativas. Esta es la l¨®gica democr¨¢tica que impone la pluralidad pol¨ªtica dando cabida a sensibilidades distintas. En este sentido, el reconocimiento de las v¨ªctimas de torturas en la lucha contra el terrorismo hasta 1983 entra dentro de lo asumible, tomando en consideraci¨®n que se trata de una realidad reconocida por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintos pronunciamientos. Atendiendo a la naturaleza y el significado pol¨ªtico de esta norma, si hay algo que lamentar, en t¨¦rminos de pa¨ªs, es la negativa de PP y de Ciudadanos a sumarse al consenso que nos dota de una memoria com¨²n.