?Qu¨¦ impacto pol¨ªtico puede tener la acusaci¨®n contra Cristina Kirchner?

La petici¨®n de condena a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, por unos casos de corrupci¨®n supuestamente acaecidos durante su gesti¨®n al frente del pa¨ªs ha llevado aparejadas una serie de consecuencias pol¨ªticas para el oficialismo, la oposici¨®n, la dirigencia pol¨ªtica en general y la democracia argentina en particular. En lo inmediato, ha logrado alinear al alica¨ªdo Frente de Todos detr¨¢s de su principal responsable pol¨ªtica para brindarle su respaldo. A la vez, ha permitido desviar la atenci¨®n de su electorado, al menos moment¨¢neamente, de las medidas de ajuste econ¨®mico que est¨¢ desarrollando Sergio Massa al frente del Ministerio de Econom¨ªa, contrarias a la ret¨®rica kirchnerista. Respecto a Juntos por el Cambio ¡ªcuyo principal referente, Mauricio Macri, ha sido indirectamente vinculado a las figuras del fiscal y de uno de los jueces del caso¡ª, la acusaci¨®n contra Kirchner contribuye a reforzar la identidad de su electorado, definido principalmente por su oposici¨®n al kirchnerismo. Al mismo tiempo, ha alineado a los dirigentes de esta coalici¨®n opositora en su apoyo a la condena solicitada por el fiscal, abriendo as¨ª una tregua en las fuertes disputas internas en las que se encuentra sumida de cara a las elecciones de 2023. Es de esperar adem¨¢s que los sectores de la sociedad con opiniones m¨¢s contundentes vuelvan a ganar las calles a medida que se acerque el momento del pronunciamiento del tribunal, lo que profundizar¨¢ el clima de enfrentamiento pol¨ªtico, con los medios y las redes sociales disputando el escenario de ese enfrentamiento.

Este panorama, sin embargo, no resulta completo si se obvia un dato significativo: los jueces son en la actualidad el sector pol¨ªtico y social peor considerado por la sociedad argentina, por debajo del Congreso. Se ha convertido en una pr¨¢ctica recurrente de la justicia en Argentina acelerar las causas con consecuencias pol¨ªticas cuando se acerca el final del mandato de un Gobierno, si es que sus posibilidades de reelecci¨®n se ven comprometidas. Este modus operandi parecer¨ªa haberse puesto en marcha una vez m¨¢s. Si a esto se suma que gran parte de la ciudadan¨ªa ya tiene una postura tomada sobre las causas judiciales que afronta la vicepresidenta, en funci¨®n de sus propias simpat¨ªas pol¨ªticas, es de esperar que cualquiera que sea la decisi¨®n del tribunal resulte cuestionada por al menos un sector importante de la sociedad.

Es dable pensar, por lo tanto, que todo este descontento social pueda ser capitalizado en las pr¨®ximas elecciones presidenciales por dirigentes que militan en ¡°la antipol¨ªtica¡±, con evidentes consecuencias para el funcionamiento de la democracia. Tambi¨¦n, que el debate sobre la corrupci¨®n permear¨¢ la agenda de campa?a durante el pr¨®ximo a?o.

En cuanto a la vicepresidenta, lo m¨¢s probable es que nada cambie para ella ya que, en caso de ser condenada por el tribunal en primera instancia, tiene otras dos para apelar la decisi¨®n (a diferencia de lo que sucedi¨® con el expresidente brasile?o Lula Da Silva, quien fue encarcelado a ra¨ªz de la sentencia en segunda instancia). Ello le permitir¨ªa ser candidata en 2023 y lograr el aforamiento que la proteja hasta la finalizaci¨®n de su mandato de una eventual condena de la Corte Suprema de Justicia.