La libertad sexual de las mujeres

Tras m¨¢s de un a?o de tramitaci¨®n parlamentaria y un intenso debate social y jur¨ªdico, el Congreso de los Diputados aprob¨® definitivamente el jueves por una amplia mayor¨ªa de 205 diputados la Ley de Garant¨ªa Integral de Libertad Sexual, un texto legislativo destinado a cambiar el paradigma sobre el tratamiento jur¨ªdico de la violencia sexual en Espa?a. Han pasado m¨¢s de seis a?os desde la violaci¨®n en grupo por parte de cinco hombres de una chica de 18 a?os en las fiestas de San Ferm¨ªn de 2016, que conmocion¨® a la sociedad espa?ola y desencaden¨® la movilizaci¨®n sin precedentes que ha conducido a la aprobaci¨®n de una ley en la vanguardia internacional.

El llamado caso de La Manada puso de manifiesto la incongruencia del tratamiento penal vigente, que distingu¨ªa entre abuso y agresi¨®n sexual, y exig¨ªa que hubiera violencia o intimidaci¨®n para que la agresi¨®n fuera considerada violaci¨®n. Puesto que la chica qued¨® bloqueada y no se resisti¨®, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra calificaron los hechos como un delito de abusos y no de violaci¨®n. El Tribunal Supremo rectific¨® en junio de 2019 esta valoraci¨®n, al considerar que se produjo un delito continuado de violaci¨®n en grupo, pero para entonces ya hab¨ªa quedado claro, en este y otros muchos casos, que el tipo penal estaba fuera de la actual realidad social. Cuando el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, reuni¨® a la hibernada Comisi¨®n de Codificaci¨®n del sistema penal, se vio que el origen del mal era m¨¢s profundo: entre los 20 juristas que la compon¨ªan no hab¨ªa ninguna mujer. El Gobierno socialista equilibr¨® su composici¨®n (hoy es de 15 mujeres y 13 hombres) y el dictamen que emiti¨® la nueva comisi¨®n sirvi¨® de base para redactar el texto que acaba de aprobarse.

La nueva ley no solo elimina la distinci¨®n entre abuso y agresi¨®n sexual, sino que cambia por completo el enfoque jur¨ªdico al situar el consentimiento en el epicentro del tipo penal. El camino conceptual ha evolucionado del no es no inicial a solo s¨ª es s¨ª, de manera que es la falta de consentimiento lo que define el delito de agresi¨®n o violaci¨®n sexual. A partir de ahora, los juicios dejar¨¢n de girar en torno a la presunta responsabilidad de la v¨ªctima en su propia violaci¨®n. La calificaci¨®n del delito no depender¨¢ de su actitud o su capacidad para resistir o enfrentarse al violador, sino de la conducta del agresor, es decir, de la existencia o no de consentimiento. Para que no haya delito, deber¨¢ ser claro y expreso. La ley lo define en sentido negativo: ¡°Solo se entender¨¢ que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci¨®n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona¡± de participar en el acto sexual. La carga de la prueba, por supuesto, seguir¨¢ estando en la parte acusatoria. Determinar el consentimiento puede no ser siempre f¨¢cil en la infinidad de situaciones potenciales, pero el avance de la ley es sustancial frente a la situaci¨®n de indefensi¨®n en que hasta ahora quedaban muchas v¨ªctimas por no poder probar el delito.

La ley prev¨¦ un itinerario completo de protecci¨®n integral, asistencia y reparaci¨®n a las v¨ªctimas. Considera violencia sexual la mutilaci¨®n genital, el matrimonio forzoso, la trata de mujeres o la inducci¨®n a la prostituci¨®n. Tambi¨¦n incluye nuevas formas de agresi¨®n, como la sumisi¨®n qu¨ªmica, que se tipifica como agravante, o la cada m¨¢s vez m¨¢s frecuente agresi¨®n sexual a trav¨¦s de internet. Esta ley es un buen ejemplo de la adaptaci¨®n del poder legislativo a las demandas de una sociedad, afortunadamente, cambiante.