Una fr¨¢gil esperanza para el Consejo

La decisi¨®n del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de presentar su dimisi¨®n efectiva desde este lunes ha llevado al extremo una emergencia pol¨ªtica que debi¨® estar resuelta mucho antes: la crisis que est¨¢ viviendo Espa?a en el Consejo ha sobrepasado hace mucho tiempo cualquier l¨ªmite imaginable de respeto a la institucionalidad democr¨¢tica con un ¨²nico responsable, el Partido Popular. Esta formaci¨®n pol¨ªtica cerr¨® hace cuatro a?os un pacto con el PSOE para la renovaci¨®n de los 20 vocales del ¨®rgano de gobierno de los jueces, tal y como ordena la Constituci¨®n, pero lo incumpli¨® tras arrastrar por el suelo la dignidad de un magistrado conservador, Manuel Marchena, al que iba a colocar como presidente. Marchena renunci¨® a presidir la c¨²pula judicial tras hacerse p¨²blica una conversaci¨®n privada entre diputados del PP que presum¨ªa de su connivencia pol¨ªtico-judicial.

La convocatoria del presidente del Gobierno al l¨ªder de la oposici¨®n en La Moncloa en la ma?ana de este lunes se tradujo en una reuni¨®n de tres horas con dos partes: una primera a solas y otra con la participaci¨®n de quienes llevan las negociaciones en el campo judicial por ambos lados, F¨¦lix Bola?os y Esteban Gonz¨¢lez Pons. De acuerdo con las declaraciones posteriores, de la larga reuni¨®n ha salido el compromiso por ambas partes de intentar por ¨²ltima vez acordar la renovaci¨®n de los vocales del CPGJ y tambi¨¦n las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, aunque el PP no tenga ning¨²n papel sobre estos ¨²ltimos nombramientos, que corresponden al Gobierno y al Poder Judicial.

Las declaraciones p¨²blicas de unos y otros encierran una esperanza de acuerdo ante una situaci¨®n l¨ªmite. Pero esa esperanza se enfrenta todav¨ªa a incertidumbres. El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, public¨® un tuit donde parece sugerir que la renovaci¨®n del Poder Judicial no tiene por qu¨¦ estar condicionada al cambio del sistema de elecci¨®n de 12 de los 20 vocales, de manera que sean los jueces directamente quienes lo hagan y no de manera indirecta como ahora.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha urgido durante todo este tiempo a cumplir la Constituci¨®n y a renovar antes de entrar a estudiar o valorar cualquier otro planteamiento, aunque este lunes jugara en sus declaraciones p¨²blicas con la ambig¨¹edad sobre la reforma, en lo que parece un intento de no arruinar el comienzo de las negociaciones con el l¨ªder de la oposici¨®n. El PP ha situado reiteradamente al mismo nivel esa exigencia de cambiar el sistema de elecci¨®n mediante una reforma legal ¡ªaunque la UE muestra diferentes modelos sin que exista un sistema ¨²nico¡ª y el mandato constitucional y legal de renovar en plazo el Consejo General del Poder Judicial.

Pero hay que reiterar que la primera urgencia institucional es la que corresponde al partido que ha estado bloqueando la renovaci¨®n de un ¨®rgano que pronto cumplir¨¢ cuatro a?os con el mandato caducado (en diciembre de este a?o). Su irresponsabilidad hacia el cumplimiento de las reglas b¨¢sicas del juego democr¨¢tico ya est¨¢n provocando un da?o cierto al Tribunal Constitucional, paralizado en sus decisiones clave sobre leyes muy importantes ¡ªaborto, eutanasia, educaci¨®n¡ª, dado que tiene cuatro de sus jueces con el mandato finalizado desde el pasado 12 de junio. La responsabilidad en este caso es de un grupo de ocho vocales rebeldes del Consejo, elegidos en su d¨ªa por el PP, que bloquean el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional en un claro incumplimiento de la ley aprobada el pasado 28 de julio. Una ley que el PP de Pablo Casado hab¨ªa pactado en octubre de 2021 con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y que Alberto N¨²?ez Feij¨®o ignor¨® para censurar al Ejecutivo y prolongar el bloqueo.

Las obligaciones constitucionales de los partidos democr¨¢ticos no pueden depender de que se haga un cambio legislativo que el PP reclama ahora como imprescindible, pero que lleva prometiendo desde hace 25 a?os y que nunca hizo cuando gobern¨® en dos periodos muy recientes de la historia de Espa?a. En esos a?os, nadie en Bruselas exigi¨® que los jueces eligieran a la mayor¨ªa absoluta de los vocales del Consejo. Ni siquiera hoy, por mucho que se desinforme, existe una norma europea en ese sentido que obligue a Espa?a, cuyo modelo vigente desde 1985 est¨¢ avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La esperanza de que puedan acabar las maniobras dilatorias para negociar la renovaci¨®n es una buena noticia. Pero roza lo estramb¨®tico que haya que felicitarse por la disposici¨®n del PP a sentarse a negociar la salida de un bloqueo que ha provocado ¨¦l mismo. Las continuas argucias para mantener la negociaci¨®n empantanada solo han servido para ganar tiempo y situar a la justicia al borde del precipicio, con efectos nocivos para los ciudadanos. Esa estrategia perpet¨²a la actual incoherencia democr¨¢tica de que durante cuatro a?os haya seguido en el CGPJ la mayor¨ªa de los vocales que fueron nombrados cuando Mariano Rajoy disfrut¨® de su mayor¨ªa absoluta en 2011.

Lo ¨²ltimo que deber¨ªa suceder es que este encuentro entre S¨¢nchez y Feij¨®o vuelva a desembocar en una frustrante ausencia de respuesta a un problema constitucional tan grave. La lesi¨®n directa de los intereses de los ciudadanos, las m¨²ltiples vacantes sin cubrir en distintos tribunales superiores y en el Supremo, y el obligado cumplimiento de la Constituci¨®n, no pueden depender del inter¨¦s del PP por mantener una mayor¨ªa conservadora perpetua en el Consejo y en el Constitucional. En las pr¨®ximas horas o d¨ªas ¡ªla crisis que desencadena la tard¨ªa dimisi¨®n de Carlos Lesmes no admite demoras y contamina injustamente la imagen de miles de jueces que hacen honestamente su trabajo¡ª veremos si se impone la responsabilidad o estamos una vez m¨¢s ante una mera escenificaci¨®n de la moderaci¨®n.