Condena a Cristina Kirchner

Argentina ha entrado en una etapa in¨¦dita de su historia reciente. La justicia federal argentina conden¨® este martes a seis a?os de prisi¨®n a la vicepresidenta Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner por corrupci¨®n y la inhabilit¨® a perpetuidad para ejercer cargos p¨²blicos. Los jueces han dado por probada la existencia de ¡°una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudic¨® los intereses pecuniarios de la Administraci¨®n p¨²blica nacional¡± y que consisti¨® en la asignaci¨®n de contratos de obra p¨²blica a cambio de sobornos. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, el total defraudado a las arcas estatales ascendi¨® a 1.000 millones de d¨®lares (953 millones de euros) durante los dos mandatos de Kirchner como presidenta, entre 2007 y 2015. La sentencia considera a Fern¨¢ndez de Kirchner culpable de defraudaci¨®n al Estado, pero la absuelve del delito de asociaci¨®n il¨ªcita: es la primera vez que es condenado un miembro en funciones de la m¨¢s alta esfera del Ejecutivo. El fallo fue recibido con entusiasmo por la oposici¨®n al peronismo gobernante, que, enarbolando la lucha contra la corrupci¨®n, sali¨® en tromba contra las dos veces presidenta. Para el Gobierno, sin embargo, se ha condenado ¡°a una persona inocente¡± en un ¡°simulacro de juicio¡±, como dijo el presidente, Alberto Fern¨¢ndez. Kirchner, cuyo actual aforamiento la protege de la c¨¢rcel, habl¨® de ¡°mafia judicial¡± y ¡°pelot¨®n de fusilamiento¡±.

Entre esos dos extremos, hay una sociedad que observa estupefacta el choque frontal entre los poderes ejecutivo y judicial. La sentencia contra Fern¨¢ndez de Kirchner, fruto de una investigaci¨®n de tres a?os y que puede ser recurrida, ha puesto al descubierto el alarmante deterioro de las instituciones de la democracia argentina, que el a?o pr¨®ximo cumplir¨¢ 40 a?os. Se han perdido las formas y ambos bandos se consideran enemigos irreconciliables, cuando su funci¨®n deber¨ªa ser la de buscar espacios comunes para salir de la grave crisis econ¨®mica que golpea a Argentina.

Tras conocer su condena, la vicepresidenta anticip¨® el martes que no ser¨¢ candidata a cargo alguno en las elecciones de octubre de 2023. Fue su respuesta a lo que consider¨® un intento de proscripci¨®n judicial. Pero antes critic¨® un hecho que, de comprobarse, empa?a el proceso en su contra. Una serie de chats obtenidos mediante espionaje ilegal revel¨® las conversaciones privadas de jueces, pol¨ªticos opositores y empresarios de medios sobre la mejor estrategia para ocultar a la prensa un viaje pagado a la finca de un multimillonario en la Patagonia. En el grupo figura el magistrado que inici¨® la instrucci¨®n contra Kirchner, adem¨¢s de un ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El intercambio dio p¨®lvora a la vicepresidenta para poner en duda la honorabilidad de los jueces que acababan de condenarla.

Dada la trascendencia del fallo contra Kirchner, a menos de un a?o de las elecciones presidenciales, no puede haber resquicios o dudas sobre su solvencia. El poder judicial debe ser independiente, como en toda democracia, pero tambi¨¦n transparente y libre de esc¨¢ndalos que cuestionen sus decisiones. Si hay sospechas, deben ser investigadas sin dilaci¨®n y hasta el final; esa es la mejor forma de neutralizar las cr¨ªticas. Y el poder ejecutivo, entre tanto, debe abstenerse de cargar su artiller¨ªa pol¨ªtica contra las decisiones de los jueces, un eslab¨®n fundamental del Estado de derecho. Si la vicepresidenta, que es parte privilegiada del Estado y goza de fuero, considera que se trata de una sentencia injusta tiene todo el derecho a luchar para defender su inocencia, pero el mejor lugar para hacerlo es ante los tribunales y por los cauces de la apelaci¨®n. Azuzar la hoguera en una sociedad ya extremadamente crispada solo sirve para ahondar el desprestigio de unas instituciones b¨¢sicas para el juego democr¨¢tico.