Desbloqueo judicial

El deterioro institucional m¨¢s grave que aqueja a la democracia espa?ola es la par¨¢lisis y el bloqueo a la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces ¡ªcuatro a?os con el mandato caducado¡ª y del Tribunal Constitucional ¡ªcuatro meses¡ª y con un grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituido en comando rebelde impidiendo la renovaci¨®n del tribunal de garant¨ªas. As¨ª lo entiende Bruselas, cuyas llamadas al orden para acabar con esta antidemocr¨¢tica e inconstitucional situaci¨®n de bloqueo han sido y son constantes. Las llamadas son en vano porque ni el PP ni los miembros del CGPJ que act¨²an como su brazo ejecutor en estos ¨®rganos constitucionales han consentido que se cumpla la ley y se proceda a la renovaci¨®n. Excusa tras excusa, han utilizado las reglas de la ley para impedir la aplicaci¨®n de la ley, manteniendo un f¨¦rreo control como si la justicia les perteneciera. Se est¨¢ utilizando el CGPJ como un muro frente a la democracia que s¨ª se expresa en los poderes legislativo y ejecutivo nacidos de las urnas cada cuatro a?os. Todo se renueva en los plazos que marca la Constituci¨®n menos los representantes del poder judicial que se resisten a soltar el control.

La propuesta que anuncia el Gobierno para desbloquear esa situaci¨®n pretende terminar con esta usurpaci¨®n de la justicia en manos de la derecha: si pasados tres meses de negociaci¨®n la mayor¨ªa de tres quintos necesarios del pleno del CGPJ no consigue ponerse de acuerdo, entonces ya bastar¨¢ una mayor¨ªa simple de los votos para que salgan elegidos sus dos candidatos m¨¢s votados para renovar el Constitucional y sin que sea necesario ning¨²n qu¨®rum para aprobar los nombramientos. As¨ª, los vocales del CGPJ presentes en el pleno (ante la eventualidad de que los 10 conservadores actuales no comparezcan para perpetuar el bloqueo) est¨¢n facultados para escoger a los nuevos miembros del Constitucional (uno por los conservadores y otro por los progresistas). Adem¨¢s, el incumplimiento de esa obligaci¨®n por parte de los vocales, como servidores p¨²blicos que son, puede comportar el delito de desobediencia o de prevaricaci¨®n por omisi¨®n.

La iniciativa del Gobierno para forzar al CGPJ a cumplir con sus obligaciones constitucionales tiene visos de prosperar, pero no deja de ser un recurso enteramente at¨ªpico construido para desactivar la insumisi¨®n inconstitucional del sector conservador del poder judicial contra el normal funcionamiento de la justicia. El desbloqueo es una prioridad democr¨¢tica y asombra que quienes hoy se llevan las manos a la cabeza con las medidas del Gobierno para lograrlo no hayan sentido con la misma intensidad ese escr¨²pulo democr¨¢tico durante los cuatro a?os de uso privativo de estas instituciones del Estado de derecho por parte de quienes han terminado ya su mandato.