La democracia totalitaria

¡°El mayor riesgo para nuestra democracia no procede de ninguna amenaza exterior, se encuentra en el interior del pa¨ªs¡±. En ocasi¨®n de los actos conmemorativos de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola, recordaba yo estas palabras enf¨¢ticamente pronunciadas hace apenas semanas por el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano. Me parecieron el mejor resumen de las tendencias actuales de la pol¨ªtica no solo en Estados Unidos, sino en el cada vez m¨¢s reducido n¨²mero de democracias liberales que sobreviven en el mundo. La mayor¨ªa de ellas se ha agrupado militar y pol¨ªticamente para combatir la agresi¨®n de Rusia a Ucrania. Pero su estabilidad depende no tanto del desarrollo y final de la contienda como del comportamiento de cada pa¨ªs en la organizaci¨®n de su convivencia.

Las debilidades y miserias de la actual pol¨ªtica espa?ola no son excepci¨®n, sino m¨¢s bien norma en los reg¨ªmenes de nuevo y viejo cu?o. La crisis de la democracia liberal, su perversi¨®n, es fruto de un cambio hist¨®rico en el orden mundial: la globalizaci¨®n propiciada por las nuevas tecnolog¨ªas digitales; la emergencia de China como primera potencia econ¨®mica, y el fin del orden unipolar encarnado por Estados Unidos. Aunque tambi¨¦n tiene que ver con la mediocridad de muchos de sus dirigentes, la incompetencia y la inmoralidad de sus gobiernos, que en demasiadas ocasiones acuden a procedimientos oscuros, cuando no abiertamente delictivos, en defensa de sus privilegios.

Las Constituciones democr¨¢ticas establecen la norma jur¨ªdica aplicable al poder pol¨ªtico, que es uno y trino como en el divino misterio: legislativo, ejecutivo y judicial. Adem¨¢s, y sobre todo, garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los abusos que de ese poder se derivan. En su defensa es clave la libertad de expresi¨®n, pues son reg¨ªmenes basados en la opini¨®n p¨²blica. Nuestra Ley de Leyes, tan celebrada el martes de la semana pasada, fue fruto del consenso de la Transici¨®n: la reconciliaci¨®n entre los espa?oles tras un largo periodo de horribles guerras civiles y una dictadura de 40 a?os. De ese consenso, en el que participaron activamente vencedores y vencidos de la ¨²ltima contienda incivil, se ha derivado la m¨¢s larga etapa de convivencia democr¨¢tica, paz ciudadana y desarrollo econ¨®mico de toda nuestra historia moderna. Pero los partidos pol¨ªticos, presentes o ausentes, en los actos conmemorativos trabajan desde hace tiempo, sin excepci¨®n, por el debilitamiento de ese consenso: promueven la polarizaci¨®n, el enfrentamiento, y falta poco para que en nombre de la memoria hist¨®rica aticen la confrontaci¨®n en la sociedad civil.

El funcionamiento de las democracias maduras no significa la ausencia de conflicto. Antes bien el pluralismo genera disensos y contradicciones, a veces de extraordinaria crudeza. Por eso la l¨ªnea ¨²ltima que garantiza la estabilidad es la establecida por el ordenamiento constitucional, que consagra la separaci¨®n de poderes y la libertad de expresi¨®n. Valores estos vulnerados con frecuencia por los entusiastas partidos pol¨ªticos c¨ªnicamente elogiadores del sistema.

La independencia de los poderes est¨¢ gravemente amenazada en nuestra democracia desde hace tiempo, comenzando por el Parlamento. Este es el titular de la soberan¨ªa nacional, basamento de la legitimidad del poder ejecutivo. Pero sus funciones han sido usurpadas sist¨¦micamente por los gobiernos y las mayor¨ªas que los sustentan, toda vez que la elecci¨®n de diputados y senadores est¨¢ sometida a una ley electoral (listas cerradas y bloqueadas) que otorga un poder casi omn¨ªmodo a la direcci¨®n de los partidos. La ciudadan¨ªa se siente cada vez m¨¢s alejada de las funciones parlamentarias y existe una aut¨¦ntica crisis de representaci¨®n. La realidad es que lejos de controlar el Parlamento al Gobierno es el Gobierno el que dise?a, en solitario o en coalici¨®n, el control del Parlamento. As¨ª lo hemos vivido en el pasado y lo estamos viviendo hoy en el caso del matrimonio de conveniencia entre el PSOE y Podemos y su m¨¦nage ¨¤ trois con Esquerra Republicana de Catalunya.

Reputados te¨®ricos de la ciencia pol¨ªtica, de Sartori a Linz, se?alan que un principio cl¨¢sico de la quiebra de las democracias es la presencia de partidos antisistema que minan la legitimidad del r¨¦gimen. No digamos nada si esos partidos se encaraman directamente al poder ejecutivo. Las reformas acordadas para reformar deprisa y corriendo nada menos que el C¨®digo Penal, sin di¨¢logo con la oposici¨®n y en connivencia con los enemigos de la propia Constituci¨®n, ponen de relieve una vez m¨¢s las tendencias autoritarias del poder. La Constituci¨®n establece en su art¨ªculo 97 que es funci¨®n del Gobierno la defensa del Estado. Convendr¨ªa que el PSOE, facci¨®n S¨¢nchez, explicara a sus electores c¨®mo puede defenderse al Estado ali¨¢ndose con quienes perpetraron un golpe contra su unidad territorial, proclamaron la declaraci¨®n unilateral de independencia y han prometido hasta el aburrimiento que volver¨¢n a hacerlo. Algunos opinan que dicha alianza es ni m¨¢s ni menos que un acto de complicidad con una organizaci¨®n delictiva, por lo que se podr¨ªa pedir responsabilidad jur¨ªdica, y no solo pol¨ªtica, al Gobierno y su presidente.

El art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n habla de las eventuales responsabilidades criminales del Ejecutivo, que en el caso del terrorismo de Estado terminaron por enviar a la c¨¢rcel a un ministro socialista, y en el de la corrupci¨®n a otro del PP. De modo que el otro poder al que los sucesivos gabinetes no han dejado de intentar controlar es el de los jueces. Con motivo del bloqueo a la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, Pedro S¨¢nchez ha acusado directamente al Partido Popular de vulnerar la Constituci¨®n y el portavoz del PSOE ha ido m¨¢s lejos al acusarle de ser un partido antisistema. La responsabilidad del bloqueo es, sin embargo, compartida por PSOE y PP, a comenzar por el m¨¦todo establecido para decidir el tema. La Constituci¨®n establece que el Congreso y el Senado deben elegir por mayor¨ªa de tres quintos a ocho de sus miembros. Es el Parlamento la sede donde se deben negociar, en comisi¨®n y en pleno, y con participaci¨®n de todos los representantes de la soberan¨ªa nacional, esos nombramientos. Son los presidentes de las C¨¢maras, y no las c¨²pulas de los partidos ni el ministro de relaciones con las Cortes, los responsables de establecer los procedimientos para cumplir con el mandato constitucional. La apropiaci¨®n del proceso por parte de los dos partidos centrales es un signo inequ¨ªvoco de la politizaci¨®n partidista de la justicia, mal end¨¦mico de nuestra democracia. Ambos partidos son responsables y antes o despu¨¦s ambos deber¨¢n rendir cuentas por su incompetencia y su avaricia de poder. Por si fuera poco, el Gobierno ha dado un paso m¨¢s en sus intentos de controlar y someter al poder judicial con las enmiendas presentadas a la reforma del C¨®digo Penal que pretende sean aprobadas en el plazo de unos pocos d¨ªas.

El disenso democr¨¢tico forma parte de la naturaleza del sistema. Para que no acabe en una confrontaci¨®n civil es necesario que los l¨ªderes pol¨ªticos respeten tanto la letra como el esp¨ªritu de la Constituci¨®n, parad¨®jicamente fruto del consenso. La ¨²nica manera de que exista un orden pol¨ªtico estable, que garantice a un tiempo los derechos de los ciudadanos y el ejercicio de las libertades, es el respeto al Estado de derecho. Bertrand de Jouvenel nos advirti¨® ya en el pasado siglo de los peligros de la democracia totalitaria, dada la tendencia aut¨®noma a expansionarse que todo poder conlleva. Ahora que el presidente piensa que la Historia le recordar¨¢ por desenterrar a Franco, deber¨ªa preguntarse si en realidad no estar¨¢ ayudando a resucitarle. Estos m¨¦todos tan groseros para prolongarse en el poder son un regalo gratuito para los ensue?os de la derecha, que no dudar¨¢ en ponerlos a su servicio. Tan satisfecho de s¨ª mismo y de su gesti¨®n como aparenta estar, S¨¢nchez deber¨ªa mirarse en el espejo de Italia.