?Qui¨¦n puede gobernar Espa?a?

Unas recientes declaraciones del jefe de la oposici¨®n, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, han dejado al descubierto, m¨¢s que tantas otras antes y despu¨¦s de su llegada a la direcci¨®n del Partido Popular, las claves ideol¨®gicas de una fuerza pol¨ªtica decisiva en el sistema democr¨¢tico espa?ol. El Partido Popular no renueva el Consejo General del Poder Judicial, dijo N¨²?ez Feij¨®o, para ¡°proteger a la justicia¡± del Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Poco o nada cabe esperar de las tertulias y art¨ªculos de opini¨®n, salvo acusaciones cruzadas acerca de qui¨¦n es el responsable del progresivo deterioro institucional que se observa desde 1993. Y, sin embargo, lo m¨¢s revelador de las declaraciones del l¨ªder de la oposici¨®n no es que sostenga que las instituciones han alcanzado un punto de deterioro irreversible por la supuesta agresi¨®n del Gobierno, algo que est¨¢ en su derecho de pensar, sino que la v¨ªa escogida para defenderlas sea incumplir las normas vigentes que las regulan. No se trata de una excusa m¨¢s de las muchas que ha invocado el Partido Popular para asegurarse, mediante el bloqueo de la renovaci¨®n del Consejo, aquello de lo que acusa al Gobierno: mantener bajo influencia ese ¨®rgano en su actual composici¨®n, m¨¢s favorable a sus intereses que la que saldr¨ªa de la entrada de nuevos magistrados de acuerdo con la mayor¨ªa parlamentaria. Al no dar cumplimiento al mandato constitucional de renovar el Consejo, y al asegurar que lo hace para proteger a la justicia, N¨²?ez Feij¨®o parece querer justificar una suerte de medida de excepci¨®n declarada por s¨ª y ante s¨ª. De otro modo, ?c¨®mo interpretar el anuncio de que ha asumido poderes como el de ignorar una norma con la excusa de proteger el sistema del que emana? ?Y qu¨¦ pensar, adem¨¢s, cuando la primera agresi¨®n a la justicia como instituci¨®n, la agresi¨®n que da pie a las reales o supuestas por las que denuncia al Gobierno, es la que, por omisi¨®n deliberada, est¨¢n cometiendo ¨¦l y su partido?

Las declaraciones de N¨²?ez Feij¨®o sobre el Consejo General del Poder Judicial fueron precedidas de otras, hace apenas unas semanas, que, vistas en perspectiva, corroboran la necesidad de descifrar las m¨¢s recientes. En aquella otra ocasi¨®n, N¨²?ez Feij¨®o acus¨® al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, de haber roto el pacto constitucional suscrito en su d¨ªa por el Partido Socialista y el Partido Popular. Una vez m¨¢s, tertulias y art¨ªculos de opini¨®n activaron su atronadora maquinaria discutiendo acerca de si, en efecto, el presidente S¨¢nchez lo hab¨ªa roto o no. Nada como un l¨ªder pol¨ªtico que se?ale la Luna para que el periodismo de opini¨®n, este periodismo de opini¨®n, mire el dedo. Porque lo cierto es que la Luna hacia la que se?alaba N¨²?ez Feij¨®o era cuando menos un espejismo anacr¨®nico, ya que el Partido Socialista y el Partido Popular nunca suscribieron ning¨²n pacto constitucional porque, sencillamente, el Partido Popular no exist¨ªa en el momento en el que el pacto constitucional fue suscrito. En aquel momento, la fuerza pol¨ªtica que se transformar¨ªa en el Partido Popular era Alianza Popular. El matiz importa porque, a diferencia del Partido Socialista, la UCD o el Partido Comunista, Alianza Popular no alcanz¨® un acuerdo interno acerca de la posici¨®n que deb¨ªa mantener ante el refer¨¦ndum para aprobar la Constituci¨®n de 1978, y de ah¨ª que hubiera de conceder libertad de voto a sus simpatizantes. El sector encabezado por Manuel Fraga, ¨¦l mismo constituyente, defendi¨® el s¨ª. Pero otro sector defendi¨® la abstenci¨®n y otro, incluso, el no. La paradoja con la que viene lidiando el Partido Popular desde que se convirti¨® en alternativa de Gobierno por la implosi¨®n de la UCD y el desgaste del Partido Socialista tras 14 a?os en el poder es que los sectores que lo condujeron a la victoria de 1996 fueron los mismos que, desde Alianza Popular, propugnaron el no y la abstenci¨®n en el refer¨¦ndum constitucional.

Por descontado, la Transici¨®n fue la ocasi¨®n para que los l¨ªderes pol¨ªticos del momento revisaran las posiciones que hab¨ªan mantenido mientras dur¨® la dictadura, sin hacerse reproches acerca del pasado. Un ministro secretario general del Movimiento como Adolfo Su¨¢rez evolucion¨®, as¨ª, hacia posiciones en las que pudo encontrarse con un Partido Socialista que renunci¨® al marxismo, liderado por Felipe Gonz¨¢lez, y un Partido Comunista que, bajo la direcci¨®n de Santiago Carrillo, acept¨® la bandera y la monarqu¨ªa. Lo que diferencia la confluencia de estos l¨ªderes en la b¨²squeda de una salida democr¨¢tica para Espa?a de la actitud que adoptaron los sectores de Alianza Popular que propugnaron el no o la abstenci¨®n en el refer¨¦ndum constitucional y que, reconvertidos en militantes del Partido Popular, alcanzar¨ªan el poder en 1996, es que estos, a diferencia de los protagonistas de la Transici¨®n, no abandonaron sus posiciones anteriores, sino que las convirtieron en su programa, reformul¨¢ndolas. Basta leer el art¨ªculo Unidad y grandeza, publicado por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en 1979, para entender que lo que el autor defend¨ªa entonces, la necesidad de limitar el pluralismo pol¨ªtico en nombre de la naci¨®n espa?ola, sigui¨® defendi¨¦ndolo despu¨¦s solo que cambiando el t¨¦rmino naci¨®n por el de Constituci¨®n. La idea en uno y otro caso segu¨ªa siendo la misma: al igual que la pol¨ªtica inspirada en la naci¨®n espa?ola solo pod¨ªa ser una, una y nada m¨¢s, tambi¨¦n la pol¨ªtica inspirada por la Constituci¨®n tiene que ser una y solo una. En concreto, la pol¨ªtica que defiende el Partido Popular, la pol¨ªtica inspirada por los dirigentes que, al identificar la naci¨®n espa?ola, su idea de la naci¨®n espa?ola, con la Constituci¨®n de 1978, pasaron de presentarse como lo que eran, dirigentes recelosos del pluralismo, a hacerlo como ¡°patriotas de la Constituci¨®n¡±, como constitucionalistas.

A partir de esta s¨ªntesis reductora, que tergiversaba el sentido integrador de la Constituci¨®n, ning¨²n Gobierno que no encabece el Partido Popular puede ser leg¨ªtimo, como se ha encargado de recordar N¨²?ez Feij¨®o al Partido Socialista, tomado el testigo de Pablo Casado, que a su vez lo tom¨® de Mariano Rajoy al igual que este de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Tampoco ninguna pol¨ªtica que no sea la suya puede ser correcta, moralmente aceptable y ni siquiera bienintencionada, porque, en virtud del constitucionalismo, ning¨²n partido, salvo el Popular, tiene las credenciales requeridas para dirigir la lucha antiterrorista, hacer frente a los intentos de secesi¨®n, aprobar Presupuestos o pasar leyes que, en su caso, declarar¨¢ constitucionales o inconstitucionales ese Tribunal cuya renovaci¨®n bloquea el Partido Popular para, seg¨²n dice, protegerlo. El periodismo de opini¨®n no pod¨ªa dejar pasar la ocasi¨®n para entonar jeremiadas sobre el fin de la democracia en nuestro pa¨ªs por las medidas con las que con m¨¢s, menos o ning¨²n acierto trata de responder el Gobierno, al que compara con las dictaduras latinoamericanas. La realidad es que, lo recuerde o no ese periodismo de opini¨®n, el ¨²nico Gobierno que ha permanecido un a?o en funciones y practicado y teorizado sobre por qu¨¦ no deb¨ªa someterse al control parlamentario, exactamente como se hace en esas dictaduras, fue un Gobierno del Partido Popular. Por esta raz¨®n, la pregunta m¨¢s relevante que cabe dirigir al presidente del Partido Popular, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, no es si renovar¨¢ o no el Consejo General del Poder Judicial, porque no lo har¨¢. La pregunta m¨¢s relevante, la pregunta de cuya respuesta depende, esta vez s¨ª, el futuro del sistema de 1978, es si, aparte de ¨¦l mismo y el programa de su partido, considera que alg¨²n otro partido y alg¨²n otro programa que obtengan una mayor¨ªa es digno ¡ªo leg¨ªtimo¡ª de gobernar Espa?a.