La Espa?a tronada

En estos ¨²ltimos d¨ªas, se ha producido una escalada verbal grave y preocupante de las derechas, hablando de dictadura, tiran¨ªa y otras lindezas para referirse al Gobierno y a su presidente. Aunque es costumbre aguantar un fuerte ruido ambiental cuando hay gobiernos progresistas, los excesos que hemos tenido que escuchar recientemente sobrepasan todos los l¨ªmites de lo que deber¨ªa ser el debate pol¨ªtico. Creo que ya no se trata solamente de la estrategia de la crispaci¨®n, que se puso en pr¨¢ctica durante el ¨²ltimo Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez (1993-96) y el primero de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (2004-08) y que no ha cesado desde la moci¨®n de censura que llev¨® al PSOE al poder en 2018, sino de algo m¨¢s serio que pone en cuesti¨®n el principio de reconocimiento mutuo entre los actores pol¨ªticos y que es la base sobre la que se sostiene la competici¨®n pol¨ªtica en una democracia representativa.

El motivo de la escalada ha sido el anuncio de las medidas que quiere tomar el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez para impedir que se perpet¨²e el bloqueo de las instituciones que sin disimulo han impuesto el Partido Popular y sus magistrados afines en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional.

La situaci¨®n es la siguiente. Ni la Constituci¨®n espa?ola ni las leyes que la desarrollan contemplan la posibilidad de que se produzca una suerte de boicot institucional a la renovaci¨®n de los organismos que requieren una mayor¨ªa cualificada de tres quintos, como el CGPJ, el Constitucional, el Defensor del Pueblo y otros. No hay un procedimiento establecido para el caso de que un partido, cuyos votos son necesarios para alcanzar dicha mayor¨ªa cualificada, se niegue a cumplir su obligaci¨®n constitucional de llevar a cabo la renovaci¨®n. El Partido Popular, cuando ha estado en la oposici¨®n, ha aprovechado ese vac¨ªo para impedir que se renueven estos ¨®rganos. En 2007, durante la etapa de gobierno de Zapatero, bloque¨® la renovaci¨®n de los cuatro magistrados del Constitucional que le correspond¨ªa nombrar al Senado para mantener artificialmente una mayor¨ªa conservadora que tumbara buena parte del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a. Lo consigui¨® con la famosa sentencia de 2010, que tantas desgracias ha tra¨ªdo. Tras dicha sentencia y tres a?os de bloqueo, el PP, habiendo cumplido su misi¨®n, acept¨® la renovaci¨®n sin mayor problema. No hubo disimulo; todo se hizo con total desfachatez.

Ahora se ha repetido la jugada, pero aumentando la apuesta. El CGPJ arrastra un bloqueo de cuatro a?os, desde diciembre de 2018. Cuatro a?os. La cosa se ha complicado porque antes de verano venci¨® el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, dos de los cuales nombra el Gobierno y otros dos el CGPJ. Con una mayor¨ªa conservadora espuria, el CGPJ se ha negado hasta el momento a cumplir su mandato constitucional. El Gobierno ha esperado prudentemente seis meses, pero al comprobar que el CGPJ persist¨ªa en su actitud obstruccionista ha decidido llevar a cabo por su cuenta el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden. Con excusas de mal perdedor, los propios magistrados conservadores del Constitucional est¨¢n a su vez tratando de impedir que estos dos nombramientos se hagan efectivos.

Nunca se hab¨ªa llegado tan lejos. Es un esc¨¢ndalo monumental que erosiona nuestro sistema institucional. A finales de octubre, hab¨ªa un acuerdo pr¨¢cticamente cerrado, pero en el ¨²ltimo momento Alberto N¨²?ez Feij¨®o, presionado por los sectores m¨¢s intransigentes de su partido y de la prensa de derechas, se ech¨® para atr¨¢s.

Esta es una breve descripci¨®n de la situaci¨®n. El paso dado por el Gobierno ahora consiste en introducir dos enmiendas para evitar que contin¨²e un bloqueo que no tiene justificaci¨®n posible. La primera establece que, en caso de que una de las partes persista en el bloqueo, el nombramiento de los magistrados por el CGPJ se podr¨¢ realizar por mayor¨ªa simple. La segunda, que el Constitucional no tenga que examinar a los dos magistrados que nombra el Gobierno.

Se trata, qu¨¦ duda cabe, de dos medidas tomadas a la desesperada y ad hoc, a fin de resolver una crisis profunda del sistema constitucional. Es evidente que habr¨ªa sido mucho mejor no tener que llegar hasta aqu¨ª. Pero la cuesti¨®n es qu¨¦ otra cosa pod¨ªa hacer el Gobierno para hacer cumplir las reglas tras la burla sistem¨¢tica de las mismas por parte de la derecha.

La estrategia de fondo no puede ser m¨¢s perversa: la oposici¨®n no cumple sus obligaciones constitucionales, creando un problema pol¨ªtico de primer orden; tras cuatro a?os aguantando esta deslealtad constitucional, el Gobierno se ve sin otra salida que aprobar las medidas mencionadas para restablecer el equilibrio en el sistema pol¨ªtico y entonces los mismos actores que han provocado esta situaci¨®n se escandalizan y lanzan acusaciones truculentas de autoritarismo.

Resulta rid¨ªculo que la prensa conservadora lleve semanas hablando del ¡°asalto¡± del Gobierno al Tribunal Constitucional, como si no figurara entre sus funciones nombrar a dos magistrados, algo que han hecho en plazo todos los gobiernos anteriores de la democracia cuando les ha tocado. Pero m¨¢s rid¨ªcula es todav¨ªa la reacci¨®n de dirigentes pol¨ªticos y medios derechistas hablando de que estas medidas suponen el final de la divisi¨®n de poderes o, en el colmo de la desmesura, un golpe de Estado o un autogolpe. Se llevan las manos a la cabeza, atribuyendo al presidente del Gobierno la voluntad de convertirse en un dictador. Si no fuera por el envilecimiento de la vida p¨²blica que supone esta manera hiperb¨®lica de hablar, la respuesta natural ser¨ªa la carcajada o el sarcasmo.

Las derechas pol¨ªticas y medi¨¢ticas parecen haber perdido la cordura definitivamente. ?A qu¨¦ obedece en realidad esta escalada brutal? Se pueden aventurar dos motivos. Por un lado, el liderazgo de N¨²?ez Feij¨®o no est¨¢ funcionando como se esperaba, y las encuestas ya no son tan esperanzadoras para el PP como hace unos meses, la mayor¨ªa absoluta de PP y Vox parece esfumarse. Feij¨®o se est¨¢ desdibujando a pasos agigantados. Su sumisi¨®n al discurso m¨¢s intransigente le puede dar algo de paz interna a corto plazo, pero a costa de perder credibilidad ante la ciudadan¨ªa.

Por otro lado, la derecha parece hacer tirado la toalla en las cuestiones socioecon¨®micas. Pensaba que la inflaci¨®n no dar¨ªa tregua este oto?o y que los conflictos laborales hundir¨ªan al Gobierno (igual que pens¨® antes que la pandemia acabar¨ªa con S¨¢nchez). Pero no ha sido as¨ª y ahora se encuentra sin un discurso propio en este ¨¢mbito, que sigue siendo el m¨¢s importante para la ciudadan¨ªa. La derecha no ha sido capaz de ofrecer ninguna alternativa seria sobre la cuesti¨®n energ¨¦tica y la protecci¨®n a los ciudadanos m¨¢s golpeados por la inflaci¨®n.

Esta combinaci¨®n de circunstancias le empuja a huir de la realidad y situarse en un mundo paralelo poblado por sus fantasmas (la ruptura de Espa?a, la victoria de los etarras, la dictadura socialista). El mejor ejemplo, c¨®mo no, es el de Isabel D¨ªaz Ayuso, quien hace un par de semanas afirm¨® en una comparecencia: ¡°Vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de derecho. [¡­] Esto ya no se trata de o izquierda o derecha. Esto se trata de libertad. Y esto ya es: o S¨¢nchez o Espa?a¡±. Estaba preparando el terreno para la traca final de estos ¨²ltimos d¨ªas. Por debajo de la furia, se adivina una profunda impotencia pol¨ªtica.