El pleno del sabotaje

Lo inconcebible en una democracia curtida y experimentada como la espa?ola acab¨® sucediendo este lunes: el Tribunal Constitucional decidi¨® interrumpir el trabajo legislativo del Senado impidiendo la tramitaci¨®n de la reforma para la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y el CGPJ, aprobada ya por el Congreso de los Diputados por una holgada mayor¨ªa parlamentaria. El Constitucional admiti¨® el recurso de amparo del PP y ¡ªcontra el criterio del letrado principal del tribunal, experto en derecho parlamentario¡ª decidi¨® dictar las medidas cautelar¨ªsimas que ped¨ªan los populares e impedir la actividad de los senadores sin escuchar siquiera a la otra parte, es decir, al Senado.

La decisi¨®n la tom¨® un Tribunal Constitucional que antes hab¨ªa rechazado apartar de la votaci¨®n a dos magistrados del bloque conservador ¡ªel propio presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, y el magistrado Antonio Narv¨¢ez¡ª, con el mandato caducado y, por lo tanto, directamente afectados por una reforma legal de la que depende su continuidad (o su relevo) en los cargos que ahora ocupan. Ante la evidencia de que ins¨®litamente los propios magistrados no se inhib¨ªan en un asunto que les concierne, PSOE y Unidas Podemos hab¨ªan presentado escrito de recusaci¨®n por este conflicto de intereses. La recusaci¨®n se rechaz¨® con el voto de los propios implicados, que no consideraron la oportunidad de abstenerse. No cabe mayor retorcimiento de las reglas por parte de quienes a continuaci¨®n se reun¨ªan para analizar si los senadores las cumplen. La mayor¨ªa conservadora ignor¨® tambi¨¦n la petici¨®n formal de Podemos para que el Constitucional elevara al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) el pronunciamiento sobre esa ¡°falta de imparcialidad¡±.

Entramos en terreno desconocido con una intromisi¨®n in¨¦dita del Constitucional en la autonom¨ªa parlamentaria de las Cortes espa?olas. La colisi¨®n alcanza a las estructuras m¨¢s sensibles del Estado en una escalada que empez¨® hace cuatro a?os con el bloqueo del PP a la renovaci¨®n del CGPJ y que sigui¨® con las maniobras torticeras para impedir renovar a cuatro magistrados del tribunal en una alianza pol¨ªtico-jur¨ªdica que trabaja ya a cara descubierta. Quienes adujeron en los ¨²ltimos cuatro a?os que la estrategia del poder judicial no era jur¨ªdica sino pol¨ªtica pueden decir hoy, lamentablemente, que la raz¨®n de los hechos les ampara: la paralizaci¨®n del proceso de renovaci¨®n por parte del PP y su presi¨®n pol¨ªtica sobre la actual mayor¨ªa conservadora en el CGPJ y en el Constitucional busca mantener el control sobre ambos hasta que las urnas devuelvan a los populares a La Moncloa. Ignora la voluntad de los espa?oles expresada en las urnas, las mayor¨ªas parlamentarias conformadas tras las elecciones y las decisiones legislativas aprobadas en las C¨¢maras ¡ªcon buena o mala t¨¦cnica jur¨ªdica, con atajos legislativos sobradamente censurados por este peri¨®dico y cuya constitucionalidad una vez aprobados puede valorar el tribunal¡ª. Lo explic¨® con nitidez Alberto N¨²?ez Feij¨®o esta semana: en las pr¨®ximas elecciones se elegir¨¢ entre ¡°este Gobierno o Espa?a¡±, que se supone que encarna ¨¦l.

El paquete de reformas en las que se incluyen las paralizadas ahora por la mayor¨ªa conservadora del Tribunal Constitucional, se aprob¨® en el Congreso el jueves pasado en una de las jornadas m¨¢s corrosivas para la dignidad democr¨¢tica que ha vivido Espa?a en casi medio siglo de historia. La burbuja pol¨ªtico-jur¨ªdico-medi¨¢tica de las derechas espa?olas ha decidido ignorar la gravedad del permanente choque institucional en el que se han instalado desde que las urnas les dieron la espalda. Llegados a este punto, al Gobierno y a las Cortes solo les cabe acatar la decisi¨®n del Tribunal Constitucional y utilizar los procedimientos de la democracia ¡ªy de la mejor y m¨¢s impecable t¨¦cnica jur¨ªdica¡ª para hacer cumplir la Constituci¨®n y la voluntad de los legisladores ahora cercenada.