La lacra de la pederastia

Cuando en 2018 EL PA?S inici¨® una investigaci¨®n sobre la pederastia en el seno de la Iglesia cat¨®lica espa?ola se conoc¨ªan apenas 34 casos de abusos. La jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica negaba que existiera el problema y limitaba el alcance de los abusos a unos pocos casos antiguos y aislados. Cuatro a?os despu¨¦s hay constancia documentada y testimonial, a partir de diferentes fuentes, de 906 casos, con 1.713 v¨ªctimas. Solo en el ¨²ltimo a?o el equipo de investigaci¨®n de este diario ha recopilado, investigado y notificado 500 nuevos casos. La Conferencia Episcopal ya no niega el problema y ha encargado una investigaci¨®n interna a un bufete privado de abogados, pero no ha servido ese paso para dar respuesta alguna institucional acorde con la magnitud del problema y la gravedad de los hechos.

Pese a la gran dificultad que tienen las v¨ªctimas para superar el trauma y dar a conocer los abusos padecidos siendo ni?os o adolescentes, no cesa la llegada de nuevos testimonios al buz¨®n habilitado por este diario. Aunque la mayor¨ªa se refieren a delitos ya prescritos, en todos los testimonios late el deseo de impedir que puedan repetirse y compartir con otras v¨ªctimas una experiencia muy dolorosa que no ha recibido hasta ahora ni el reconocimiento ni la reparaci¨®n que merecen. El tercer informe elaborado por este diario, que se suma a los dos ya entregados a la Conferencia Episcopal en diciembre de 2021 y en junio de 2022 sigue a?adiendo nuevos casos. El recuento final incluye 79 testimonios sobre abusos cometidos sobre 103 v¨ªctimas por 70 sacerdotes, religiosos y seglares, de los que 50 no hab¨ªan sido identificados anteriormente.

El informe ha sido entregado tanto a la Conferencia Episcopal como al Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, a quien el Congreso de los Diputados encarg¨® una investigaci¨®n oficial en marzo. Entre julio y octubre, la oficina del Defensor ha atendido a 253 afectados. Muchos de los agresores identificados estuvieron ejerciendo durante a?os funciones docentes o eclesiales en parroquias, colegios y seminarios, lo que hace pensar que los abusos que han emergido solo son una peque?a parte de los que se cometieron. Las normas internas obligan a los obispos y a los responsables de las ¨®rdenes religiosas a abrir una investigaci¨®n ante cualquier denuncia, pero la gesti¨®n interna es tan opaca que no se sabe cu¨¢ntos casos se han investigado ni cu¨¢l ha sido el desenlace.

Algunas ¨®rdenes se han mostrado dispuestas a reconocer y reparar el da?o, pero la Iglesia como instituci¨®n, pese al asesoramiento legal buscado, se resiste a asumir su responsabilidad. Lo ¨²nico que ha trascendido es que en la ¨²ltima reuni¨®n plenaria de los obispos se aprob¨® un protocolo de prevenci¨®n y actuaci¨®n que las di¨®cesis deben seguir y que incluye medidas no previstas en el aprobado en 2010, entre ellas una posible reparaci¨®n econ¨®mica para los afectados. Pero se mantiene en la m¨¢s estricta opacidad. Tampoco ha habido ninguna reacci¨®n a las acusaciones de encubrimiento que pesan sobre 39 obispos espa?oles, 14 de los cuales siguen vivos. Esta actitud contrasta con la que han adoptado conferencias episcopales como la francesa, que ha notificado que 11 obispos han sido sometidos a la justicia civil o a un proceso can¨®nico por haber cometido abusos o haberlos encubierto. La Iglesia espa?ola ya no se atreve a negar el problema, pero est¨¢ lejos de dar una respuesta satisfactoria al enorme dolor que una perversa mezcla de permisividad y encubrimiento ha causado.