Reforzar los fondos europeos

La voluntad del Gobierno de concretar las transformaciones que quiere impulsar con los fondos europeos ha dado otro paso con la reciente presentaci¨®n de una adenda al plan Next Generation para ampliar el apoyo del Mecanismo de Reconstrucci¨®n y Resiliencia de la Uni¨®n Europea por valor de 94.000 millones de euros. Esta ampliaci¨®n se produce con una reasignaci¨®n de estos fondos (7.700 millones), la dotaci¨®n de la iniciativa Repower EU (2.600 millones), destinada a fortalecer la autonom¨ªa estrat¨¦gica de la Uni¨®n en materia energ¨¦tica, y la solicitud de 84.000 millones de cr¨¦ditos a bajo coste y c¨®modos plazos de devoluci¨®n, que estaba pendiente. De esta manera, Espa?a apuesta por alcanzar el m¨¢ximo de las asignaciones previstas en este Plan de Recuperaci¨®n, cuya ejecuci¨®n se alargar¨¢ previsiblemente hasta finales de 2026.

La nueva adenda reafirma la importancia que le ofrece el Ejecutivo a una ejecuci¨®n s¨®lida de los fondos consignados para Espa?a. No obstante, el Gobierno debe todav¨ªa superar algunos obst¨¢culos evidenciados en sus mecanismos de gesti¨®n. Tambi¨¦n est¨¢ pendiente, para la recepci¨®n de nuevos tramos, la culminaci¨®n de algunas de las reformas comprometidas. De todas ellas, destaca la reforma del sistema de pensiones, que se atrasa hasta enero de 2023. En total, Espa?a ha recibido ya 30.000 millones de euros del Mecanismo Europeo, encontr¨¢ndonos a las puertas de un nuevo desembolso en las pr¨®ximas semanas.

Hasta el momento, el Plan de Recuperaci¨®n ha publicado convocatorias de subvenciones y apoyos por valor de m¨¢s de 28.000 millones de euros, si bien estos fondos est¨¢n todav¨ªa lejos de ser plenamente ejecutados por parte de los receptores de los mismos, lo que ocurrir¨¢ previsiblemente a lo largo de 2023. La ampliaci¨®n del alcance del plan se desarrollar¨¢ b¨¢sicamente a trav¨¦s de pr¨¦stamos y otros instrumentos financieros reembolsables, una modalidad que evita incrementar la deuda p¨²blica pero de mayor complejidad en la ejecuci¨®n. Se dobla por lo tanto el desaf¨ªo para las administraciones p¨²blicas, que deben proporcionar pr¨¦stamos e inversiones para el sector privado al tiempo que garantizan el cumplimiento de los objetivos econ¨®micos, sociales y ambientales de los mismos.

Aunque una parte de los nuevos instrumentos se dirigir¨¢n a fortalecer los 12 proyectos estrat¨¦gicos, o PERTE, la mayor parte ¡ªhasta 65.000 millones de euros¡ª se destinar¨¢ a fondos financieros de nueva creaci¨®n, con un importante componente de inversiones sostenibles y de impacto social, ejecutados a trav¨¦s del ICO, Cofides y otras instituciones p¨²blicas, am¨¦n de una l¨ªnea de financiaci¨®n para las inversiones sostenibles de las comunidades aut¨®nomas. Dise?ar, implementar y ejecutar esos nuevos fondos ser¨¢ m¨¢s complejo que realizar convocatorias de subvenciones, y el Gobierno debe tenerlo en cuenta. Espa?a cuenta con experiencia previa en el dise?o de estos instrumentos financieros con fondos europeos, pero la magnitud de la nueva financiaci¨®n invita a reforzar de manera efectiva a las instituciones encargadas de su ejecuci¨®n.

Si la iniciativa se culmina con ¨¦xito, el nuevo tramo consignado en la adenda contribuir¨¢ no s¨®lo a promover nuevas inversiones vinculadas a la modernizaci¨®n y sostenibilidad de nuestro sistema productivo, sino tambi¨¦n a establecer nuevos mecanismos de colaboraci¨®n p¨²blico-privada para la econom¨ªa sostenible, algo en lo que Espa?a todav¨ªa tiene una importante asignatura pendiente.