Casas Viejas
Se cumplen 90 a?os de la matanza de 22 personas en un levantamiento campesino en C¨¢diz, muestra de los problemas que para la II Rep¨²blica acarre¨® la subordinaci¨®n del orden p¨²blico al poder militar
Casas Viejas, enero de 1933: diecinueve hombres, dos mujeres y un ni?o muertos. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tard¨® en conocerse, pero la Segunda Rep¨²blica ya ten¨ªa su tragedia.
Todo comenz¨® el 10 de enero, cuando llegaron a Madrid las primeras noticias de disturbios en la provincia de C¨¢diz, donde grupos anarquistas amenazaban el orden.
Ese mismo d¨ªa, el capit¨¢n Manuel Rojas se traslad¨® desde Madrid a Jerez con su compa?¨ªa de asalto para poner fin a la rebeld¨ªa. Cuando llegaron a Jerez, la l¨ªnea telef¨®nica hab¨ªa sido cortada en Casas Viejas. Grupos de campesinos afiliados a la CNT cercaron con algunas pistolas y escopetas el cuartel de la Guardia Civil en la madrugada del 11 de enero. Tres guardias y un sargento estaban dentro. Tras un intercambio de disparos, el sargento y otro guardia resultaron mortalmente heridos.
Por la tarde, dos docenas de guardias civiles y de asalto ocuparon el pueblo. Muchos campesinos, temerosos de las represalias, huyeron. El resto se hab¨ªa encerrado en sus casas, como la familia de Francisco Cruz, Seisdedos, un carbonero de 72 a?os que acud¨ªa de vez en cuando al sindicato de la CNT pero que no hab¨ªa participado en la insurrecci¨®n. Un teniente orden¨® que forzaran la puerta de la choza. Respondieron con disparos desde dentro y un guardia de asalto cay¨® muerto. A las diez de la noche, llegaron refuerzos con granadas, rifles y una ametralladora. Poco despu¨¦s se les uni¨® el capit¨¢n Rojas, con 40 guardias de asalto, a quien Arturo Men¨¦ndez, director general de Seguridad, hab¨ªa ordenado trasladarse desde Jerez a Casas Viejas para acabar con la insurrecci¨®n y ¡°abrir fuego sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas¡±.
Rojas mand¨® incendiar la choza. Dos de sus ocupantes fueron acribillados cuando sal¨ªan huyendo del fuego. Ocho muertos fue el saldo; seis de ellos quedaron calcinados dentro de la choza. La insurrecci¨®n hab¨ªa finalizado. Amanec¨ªa un nuevo d¨ªa, 12 de enero de 1933.
El capit¨¢n envi¨® un telegrama a Men¨¦ndez: ¡°Dos muertos. El resto de los revolucionarios atrapados en las llamas¡±. Le informaba tambi¨¦n de que continuar¨ªa con la b¨²squeda de los dirigentes. Envi¨® a tres patrullas a registrar las casas. Mataron a un hombre de 75 a?os. Apresaron a otros 12. Esposados, los arrastraron hasta la choza de Seisdedos. Rojas empez¨® el tiroteo, seguido por otros guardias. Asesinaron a los 12.
Decenas de campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso y cr¨ªticas por la excesiva crueldad de la represi¨®n del levantamiento, eludi¨® responsabilidades. Frente a ¡°un conflicto de rebeld¨ªa a mano armada contra la sociedad y el Estado¡±, declar¨® Manuel Aza?a en su discurso a las Cortes del 2 de febrero, ¨¦l no ten¨ªa otra receta, aunque se corriera el riesgo de que alg¨²n agente del orden pudiera excederse ¡°en el cometido de sus funciones¡±.
La oposici¨®n de la derecha, pese a que algunos peri¨®dicos como Abc aplaudieron inicialmente el castigo dado a los revolucionarios, creci¨® a palmos a partir de ese momento. Eduardo Guzm¨¢n, quien visit¨® Casas Viejas junto al escritor Ram¨®n J. Sender, plante¨® desde el peri¨®dico La Tierra serios interrogantes a la versi¨®n oficial.
Todos los sucesos tr¨¢gicos que acompa?aron a esos conflictos e insurrecciones campesinas contra la Rep¨²blica tuvieron como origen el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Detr¨¢s de ese m¨¦todo de coacci¨®n contra la autoridad establecida hab¨ªa esencialmente un repudio del sistema parlamentario y la creencia de que la revoluci¨®n era el ¨²nico camino para liquidar los privilegios de clase. Pero la utilizaci¨®n de los mecanismos de coerci¨®n del Estado en beneficio de las clases poseedoras y la brutalidad de las fuerzas del orden, que no sab¨ªan conservarlo sin disparar, aportaron tambi¨¦n su parte.
No era un asunto menor ese del orden p¨²blico, como se demostr¨® una y otra vez durante esos a?os. Apenas nacida, la Rep¨²blica se dot¨® de un ¡°Estatuto jur¨ªdico¡± que otorgaba al Gobierno provisional ¡°plenos poderes¡±, una excepcionalidad mantenida hasta la Ley de Defensa de la Rep¨²blica de octubre de 1931 e incrementada por la Ley de Orden P¨²blico de julio de 1933.
La subordinaci¨®n y entrega del orden p¨²blico al poder militar acarre¨® importantes problemas para el r¨¦gimen republicano, que nunca se plante¨®, o no pudo acometer, una reforma seria de ese sector de la Administraci¨®n. Sus gobiernos utilizaron los mismos mecanismos de represi¨®n que los de la Monarqu¨ªa. El poder militar sigui¨® ocupando una buena parte de los ¨®rganos de Administraci¨®n del Estado, desde las jefaturas de polic¨ªa, Guardia Civil y de Asalto hasta la Direcci¨®n General de Seguridad.
Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Mu?oz Grandes, Queipo de Llano o Franco constituyen buenos ejemplos de esa militarizaci¨®n del orden p¨²blico. Todos ellos tuvieron importantes responsabilidades en la administraci¨®n policial y en el mantenimiento del orden. Y todos ellos fueron protagonistas del golpe de Estado de julio de 1936.
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