El derecho al aborto

El embrollo en el que se encuentra el Gobierno de Castilla y Le¨®n a ra¨ªz de las medidas antiaborto anunciadas el jueves por el vicepresidente de la Junta y dirigente regional de Vox, Juan Garc¨ªa-Gallardo, en presencia del portavoz de Gobierno y consejero del PP, Carlos Fern¨¢ndez Carriedo, pone de manifiesto el peligro que la agenda pol¨ªtica de la ultraderecha representa para la libertad de las mujeres. Por m¨¢s que la Consejer¨ªa de Sanidad intentara el viernes rectificar en parte el anuncio del d¨ªa anterior, en las hemerotecas quedan las palabras exactas con las que el vicepresidente expuso el paquete de medidas, seg¨²n ¨¦l ¡°consensuadas¡± con el PP, para evitar abortos. Incluye la obligaci¨®n de ofrecer ayuda psicol¨®gica a las embarazadas, la posibilidad de escuchar el latido del coraz¨®n del feto y de ver una ecograf¨ªa en 4D. El vicepresidente precis¨® que ser¨ªa ¡°imperativo¡± para los facultativos, aunque las embarazadas podr¨ªan rechazarlos.

La mera oferta supone tratar a las mujeres como menores de edad y es de una crueldad pasmosa, pues culpabiliza a las embarazadas que quieren abortar y a?ade sufrimiento psicol¨®gico a una decisi¨®n siempre dolorosa y compleja. Ante el silencio del portavoz del Ejecutivo, del PP, Garc¨ªa-Gallardo anunci¨® que si estas medidas serv¨ªan para evitar que un ni?o sea abortado, ¡°las consecuencias negativas de participar en un Gobierno habr¨¢n merecido la pena¡±. Este planteamiento es un retroceso grave, pero tambi¨¦n una injerencia intolerable no solo en la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su embarazo, sino tambi¨¦n una injerencia en el ejercicio de la profesi¨®n m¨¦dica y su capacidad de decidir de acuerdo con criterios cient¨ªficos y profesionales. Escuchar el latido del coraz¨®n no forma parte de ning¨²n requerimiento sanitario y obligar a ofrecerlo implica la instrumentalizaci¨®n de los profesionales para llevar a cabo una actuaci¨®n que solo obedece a motivaciones religiosas e ideol¨®gicas.

El mero ofrecimiento supone una coacci¨®n inaceptable para las mujeres que deciden abortar y bordea el ensa?amiento sin la menor comprensi¨®n ante la dificultad emocional de esa decisi¨®n. De llevarse a la pr¨¢ctica, supondr¨ªa trasladar a la propia prestaci¨®n sanitaria la coacci¨®n que han venido practicando los grupos provida a las puertas de las cl¨ªnicas donde se realizan abortos, algo que pasar¨¢ a ser delito en cuanto la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en el Congreso de los Diputados reciba la luz verde del Senado.

La insistencia de Vox en que las medidas hab¨ªan sido consensuadas con la Consejer¨ªa de Sanidad, que ostenta el PP y que el programa sigue adelante, fue corroborada a ¨²ltima hora del viernes en declaraciones del consejero de Sanidad para ¡°instar¡± al personal m¨¦dico a ofrecer ese protocolo, que en ning¨²n caso deber¨ªa prosperar porque es incompatible con la legislaci¨®n vigente sobre los derechos de las mujeres. En todo caso, lo ocurrido no deja de ser una advertencia de lo que puede representar la presencia de Vox en cualquier Gobierno.