El nuevo consentimiento y la presunci¨®n de inocencia

La ley del solo s¨ª es s¨ª (Ley Org¨¢nica 10/22) contiene mandatos de actuaci¨®n a las administraciones p¨²blicas, centrales, auton¨®micas y locales, y a otras entidades de la sociedad civil, para garantizar y proteger integralmente el derecho a la libertad sexual, erradicando todas las violencias sexuales. La eficacia final de la ley depender¨¢, en gran medida, de la voluntad pol¨ªtica de implementaci¨®n que corresponder¨¢ a las dispares administraciones.

En una disposici¨®n final, la ley introduce una reforma del C¨®digo Penal que ha generado un justificado esc¨¢ndalo por la obligatoria y previsible, aunque indeseada, aplicaci¨®n de la retroactividad favorable para los anteriormente condenados por delitos contra la libertad sexual, en los casos en que la reforma prev¨¦ penas menores a las que se les impusieron. Este envenenado problema, sin embargo, concluir¨¢ en cuanto concluyan las revisiones de penas de los referidos condenados.

El que no concluir¨¢ es el problema principal, surgido, precisamente, del coraz¨®n de la reforma, que es el consentimiento, ahora definido as¨ª: ¡°S¨®lo se entender¨¢ que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci¨®n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona¡±. Esta frase quiere proclamar el esp¨ªritu irrenunciable de la ley. Pretende liberar a la v¨ªctima de la humillante carga de tener que demostrar su resistencia, de la injusta segunda victimizaci¨®n que comporta el proceso, y de las secuelas de la ancestral estigmatizaci¨®n que, en ocasiones, todav¨ªa comporta, pese a que la opini¨®n p¨²blica est¨¢ cambiando. Lo demuestra la generalizaci¨®n de la consigna ¡°Yo s¨ª te creo¡±. Pero los tribunales est¨¢n obligados a no creer ni al acusado, todav¨ªa presunto agresor, ni a la v¨ªctima, para ellos presunta v¨ªctima. Han de atenerse a las pruebas practicadas ante ellos. El acusado tiene derecho, seg¨²n nuestra Constituci¨®n, a un juicio justo ante un tribunal imparcial, a su defensa y a la presunci¨®n de inocencia. Corresponder¨¢ al tribunal aplicar la novedosa redefinici¨®n del consentimiento. Deber¨¢ analizar y valorar cu¨¢les fueron las circunstancias del caso y cu¨¢les fueron los actos que expresan la voluntad de la persona presuntamente agredida.

El caso de Dani Alves, que ya ser¨¢ juzgado con la ley reformada, es un buen ejemplo. Si, como es frecuente, basa su defensa en que ella consinti¨®, la acusaci¨®n deber¨¢ presentar ante el tribunal las pruebas que desarticulen esa defensa, y deber¨¢n analizarse los actos que expresen la voluntad de la presunta v¨ªctima, as¨ª como las circunstancias del caso. Actos y circunstancias que, inevitablemente, ser¨¢n objeto de contradicci¨®n p¨²blica entre acusaci¨®n y defensa. Por lo tanto, la novedosa redefinici¨®n del consentimiento en ning¨²n caso puede derogar la presunci¨®n de inocencia del acusado, sustituy¨¦ndola por una presunci¨®n de veracidad de la denuncia, que excluya cualesquiera pruebas y debates contradictorios en juicio oral y p¨²blico. El tribunal solo podr¨¢ impedir las preguntas impertinentes, pero nunca las imprescindibles para la defensa. Lamentablemente, la nueva definici¨®n del consentimiento no erradicar¨¢ totalmente el problema de la segunda victimizaci¨®n, con todas sus secuelas.