Objetores frente a la eutanasia
Las baj¨ªsimas cifras de rechazo a ese derecho entre las profesiones sanitarias desmienten los augurios m¨¢s alarmistas sobre su aceptaci¨®n ciudadana
Cuando se cumplen dos a?os de la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Regulaci¨®n de la Eutanasia, el n¨²mero de m¨¦dicos, enfermeras y farmac¨¦uticos que se han inscrito en el registro de objetores de conciencia asciende a 9.384, seg¨²n la informaci¨®n recabada por este diario en las diferentes comunidades aut¨®nomas. Esa cantidad apenas representa el 1,3% de los profesionales sanitarios en ejercicio (en cualquier especialidad) que podr¨ªan acogerse al derecho de no intervenir en una prestaci¨®n de ayuda a morir. El dato indica de forma clara que el rechazo entre los sanitarios es mucho menor del que se hab¨ªa augurado y que desde luego no compromete en absoluto la aplicaci¨®n de la ley. La mayor¨ªa de los objetores registrados son m¨¦dicos y muchos se han inscrito por razones ideol¨®gicas o religiosas, aunque por la posici¨®n que ocupan o la especialidad que ejercen, dif¨ªcilmente ser¨¢n requeridos para ayudar a un paciente a morir.
La ostentosa diferencia que se observa en el n¨²mero de objetores registrados en la Comunidad de Madrid es menos sorprendente si se recuerda el acoso padecido por el doctor Montes por aplicar supuestas sedaciones irregulares (de las que fue absuelto en 2008). Madrid es, con gran diferencia, donde m¨¢s objetores hay: 3.119, un 33% del total, frente a los 167 de Catalu?a o los 707 de Valencia. Madrid casi triplica los 1.051 objetores de Andaluc¨ªa, pese a que esta comunidad tiene 1,6 millones de habitantes m¨¢s. Semejante desproporci¨®n tiene dif¨ªcil explicaci¨®n, salvo que sea el resultado de campa?as obstruccionistas m¨¢s o menos encubiertas para dificultar la aplicaci¨®n de la ley.
Los datos sobre la objeci¨®n de conciencia corroboran la normalidad con la que el derecho a la eutanasia entr¨® en vigor en junio de 2021 y se est¨¢ aplicando en toda Espa?a una vez superados los efectos del retraso inicial en la constituci¨®n de las comisiones de control y en la habilitaci¨®n de los protocolos y circuitos de solicitud en algunas comunidades aut¨®nomas. Pese a las catastrofistas e incluso malsanas advertencias de posibles abusos por parte de quienes se opon¨ªan a regular la eutanasia, la aplicaci¨®n de la ley no registra problemas y sigue lejos de las estridencias del debate anterior a su aprobaci¨®n.
M¨¢s que la objeci¨®n de conciencia, lo que debe preocupar ahora a las autoridades sanitarias es proporcionar a todos los profesionales que no han objetado la formaci¨®n necesaria para que, si son requeridos para actuar como m¨¦dico de referencia o como consultor en un caso de eutanasia, tengan la preparaci¨®n oportuna para poder ayudar a sus pacientes sin que ello les suponga un estr¨¦s a?adido. Ayudar a morir no es una prestaci¨®n f¨¢cil de administrar, por la carga emocional que representa para el profesional sanitario, pero son ellos quienes garantizan que los ciudadanos puedan ejercer este ¨²ltimo derecho.
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