Parlamentarismo descafeinado

Para comprender el modelo de parlamentarismo racionalizado que asume la Constituci¨®n de 1978 en Espa?a, hay que tomar en consideraci¨®n que este discurre en un contexto dominado por los partidos pol¨ªticos, protagonistas principales del escenario en el que act¨²an los Estados democr¨¢ticos contempor¨¢neos. La presencia de los partidos en el Parlamento y el Ejecutivo se perfila como elemento determinante de cara a explicar la profunda transformaci¨®n que el sistema parlamentario muestra en la pr¨¢ctica. Para empezar, porque la tradicional dial¨¦ctica entre las c¨¢maras y el Gobierno se sustituye por otra distinta, la que se entabla entre el binomio que forman la mayor¨ªa parlamentaria y el Ejecutivo, por un lado, y la oposici¨®n, por otro. De este modo, se impone un modelo de colaboraci¨®n funcional entre poderes pol¨ªticos, en el que la centralidad org¨¢nica que la Constituci¨®n atribuye al Parlamento tiende a eclipsarse en beneficio del conglomerado pol¨ªtico mayoritario. Sin perder de vista que, como sucede en Espa?a desde 2015, el contexto de fragmentaci¨®n de la representaci¨®n pol¨ªtica en sede parlamentaria genera serias dificultades para armar una mayor¨ªa homog¨¦nea que sustente al Gobierno m¨¢s all¨¢ de la investidura. Incluso en el marco de un Ejecutivo de coalici¨®n como el actual, no siempre se logra neutralizar entre sus componentes la intensa din¨¢mica de polarizaci¨®n pol¨ªtica concurrente. As¨ª se desprende de las dificultades planteadas para preestablecer una mayor¨ªa estable que permita, como regla general, definir propuestas consensuadas en temas clave para la acci¨®n de gobierno (leyes de vivienda, transexualidad o solo s¨ª es s¨ª, entre otras).

La situaci¨®n descrita, caracterizada por la existencia de unos niveles m¨¢s intensos de pluralismo en la representaci¨®n en las C¨¢maras, lejos de robustecer la instituci¨®n parlamentaria, la debilita, operando en beneficio del Gobierno. Ah¨ª est¨¢ para confirmarlo el incremento exponencial que ha experimentado el decreto ley en las ¨²ltimas legislaturas (especialmente a partir de la crisis de 2008). En la pr¨¢ctica, y a pesar de que su uso se vincula a circunstancias de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡±, se ha impuesto como forma cuasi habitual de legislar, sirviendo para abordar la regulaci¨®n de las cuestiones m¨¢s diversas. Todo ello en detrimento de la ley parlamentaria y de la virtualidad deliberativa que caracteriza el procedimiento legislativo desarrollado en las c¨¢maras. Vivimos en una suerte de urgencia permanente gestionada en primera persona por el Ejecutivo a resultas de la cual el Congreso no solo queda relegado a la condici¨®n de mero ratificador de la normativa gubernamental a trav¨¦s de su convalidaci¨®n. Adem¨¢s, como consecuencia de la insatisfactoria regulaci¨®n que el debate de convalidaci¨®n presenta el Reglamento del Congreso, la capacidad de cr¨ªtica de las minor¨ªas queda reducida a su m¨ªnima expresi¨®n, lo que supone un importante lastre en t¨¦rminos de calidad democr¨¢tica del sistema. Por su parte, el ejercicio de la funci¨®n de control ordinario del Gobierno por las Cortes no arroja un mejor balance. Baste con atender a las sesiones semanales de control, en las que asistimos a una permanente teatralizaci¨®n de las intervenciones a cargo de los responsables pol¨ªticos. Por lo general, emergen narrativas paralelas mediante las que se constata el enfrentamiento permanente entre visiones contrapuestas de la realidad con respecto a las que la capacidad de encontrar puntos de convergencia se muestra como rara avis.

La ¨²ltima moci¨®n de censura celebrada ofrece otro significativo ejemplo del efecto de banalizaci¨®n que experimentan los mecanismos de fiscalizaci¨®n gubernamental a cargo del Congreso. Como es sabido, de las seis censuras planteadas desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n solo una sali¨® adelante, la que protagoniz¨® en 2018 Pedro S¨¢nchez. Habitualmente este mecanismo no fue utilizado con la pretensi¨®n de triunfar gracias a la formaci¨®n de una mayor¨ªa absoluta alternativa en el Congreso. Antes bien, a trav¨¦s del mismo se buscaba poner en tela de juicio ante la ciudadan¨ªa la acci¨®n pol¨ªtica del Gobierno, concentrando el foco de atenci¨®n en la visibilizaci¨®n del aspirante a la presidencia del Ejecutivo, que actuaba como candidato. En este sentido, la presentada en 1980 por Felipe Gonz¨¢lez contra el presidente Adolfo Su¨¢rez sigue siendo el ejemplo paradigm¨¢tico. Como contrapunto, con ocasi¨®n de las dos ¨²ltimas censuras planteadas por Vox parece emerger un significativo cambio de paradigma. En 2020, el candidato Santiago Abascal se centr¨® no tanto en erosionar la actividad gubernamental sino en marcar distancias con su principal oponente electoral, el Partido Popular y su entonces l¨ªder, Pablo Casado. Con la ¨²ltima, este planteamiento se ha confirmado, puesto que m¨¢s all¨¢ de la incorporaci¨®n de un candidato ajeno al partido, el objetivo preferente ha vuelto a centrarse no tanto en la cr¨ªtica al Gobierno sino en la de su inmediato rival pol¨ªtico y su l¨ªder (ausente), Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

Nos encontramos, pues, con un Parlamento cada vez m¨¢s alejado de la configuraci¨®n funcional dise?ada por la Constituci¨®n y que muestra significativas debilidades que operan a favor de la instancia gubernamental. Ante la recurrente incapacidad para actuar como contrapeso efectivo a la acci¨®n del Ejecutivo, recuperando parcelas propias de actuaci¨®n, quiz¨¢s ser¨ªa m¨¢s oportuno hablar no ya de parlamentarismo racionalizado sino de parlamentarismo descafeinado.