Es (el control de) la justicia, est¨²pidos

El Estado democr¨¢tico y de derecho funciona bajo el imperio de la ley, la separaci¨®n de poderes y la independencia de los jueces. Pero ese axioma se ve cada vez m¨¢s en entredicho en algunas partes por el af¨¢n de controlar pol¨ªticamente las decisiones judiciales. Benjam¨ªn Netanyahu, que pasa por presidir el ¨²nico Gobierno democr¨¢tico de todo Oriente Pr¨®ximo, aplaz¨® hace unos d¨ªas, cediendo a la presi¨®n social, y a la vista de la crisis pol¨ªtica desatada en Israel, una reforma judicial que pretende otorgar a la Knesset, es decir, a la mayor¨ªa que da apoyo al Ejecutivo, la capacidad de designar qu¨¦ leyes pueden ser examinadas por el Tribunal Supremo o incluso la posibilidad de anular las decisiones de esa Corte, con miras, claro est¨¢, a que el propio primer ministro salga indemne si prosperan las acusaciones por cohecho, fraude y abuso de confianza por las que puede ser juzgado.

M¨¢s al oeste, en Hungr¨ªa, el inefable Viktor Orb¨¢n ha puesto en riesgo el Estado de derecho en el pa¨ªs magiar al prever que el Consejo Nacional del Poder Judicial, hom¨®logo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) espa?ol, no pueda actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, dependiente del Gobierno y encargado de la gesti¨®n de los ¨®rganos jurisdiccionales, adem¨¢s de permitir la designaci¨®n para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento por su naturaleza jur¨ªdico-pol¨ªtica y no estrictamente jurisdiccional, fuera del procedimiento normal. A tal grado que la UE aprob¨® a fines del a?o pasado la congelaci¨®n de 6.300 millones de euros de los fondos de recuperaci¨®n, despu¨¦s de que ya en 2018 el Parlamento Europeo hubiese recomendado aplicar el art¨ªculo 7 del Tratado, que puede hacer que un Estado miembro pierda su voto en el Consejo si falta a los valores de la Uni¨®n.

Cuando las barbas de tu vecino¡­ En Polonia, el m¨¢s pragm¨¢tico, aunque igualmente ultraconservador Mateusz Morawiecki, ha emprendido una serie de cambios en su pol¨¦mica reforma judicial, y la ha llevado incluso ante el Tribunal Constitucional, con objeto de desbloquear los 35.400 millones de euros de ayudas de Bruselas. En este caso fue la propia Comisi¨®n Europea la que activ¨® el art¨ªculo 7. La reforma judicial ahora en fase de revisi¨®n aumentaba la responsabilidad disciplinaria de los jueces de modo similar a la ley marcial vigente durante el r¨¦gimen comunista. Asimismo, atribu¨ªa al Ministerio de Justicia la facultad de nombrar y destituir los jueces o adelantar la edad de jubilaci¨®n de los miembros del Tribunal Supremo. Entre otras perlas, la cuestionada ley polaca otorgaba al propio presidente el derecho a ¡°corregir¡± errores en el procedimiento de nombramiento de los jueces.

Salvando las distancias, en Espa?a, siete vocales progresistas del CGPJ amagaron algunas semanas con dimitir tras la renuncia de Concepci¨®n S¨¢ez, para romper el insostenible empate infinito PP-PSOE que impide la reforma de ese ¨®rgano desde diciembre de 2018, por la voluntad deliberada de los conservadores de mantener el control de esa instituci¨®n y de esa forma retener la estrat¨¦gica funci¨®n de nombrar a jueces y magistrados, especialmente los de las m¨¢s altas instancias. Al final, los vocales progresistas descartaron dimitir en bloque por creer que su cese solo servir¨ªa para ceder el control a los conservadores. Y es que si se hubiese materializado la dimisi¨®n grupal, el Consejo se hubiera quedado solo con 10 vocales, sin qu¨®rum para adoptar decisiones v¨¢lidas en Pleno. Y, aunque no es menos cierto que el CGPJ se halla despojado de la principal funci¨®n que le est¨¢ encomendada, la de nombrar jueces, mientras se mantenga en funciones, gracias a la microreforma impulsada en su d¨ªa por el PSOE y Unidas Podemos pendiente de examen por el TC, la mayor¨ªa conservadora se expresar¨ªa residualmente a trav¨¦s de un ¨®rgano como la Comisi¨®n Permanente, donde tiene mayor¨ªa, por lo que la deserci¨®n colectiva del sector progresista podr¨ªa surtir globalmente sus efectos al quedar un CGPJ pr¨¢cticamente inoperante. Adem¨¢s de que, si los conservadores quisieran sustituirlos, los deber¨ªa nombrar el Pleno, pero este no podr¨ªa constituirse por falta de los miembros necesarios. El hecho de que los conservadores amenacen a sus potenciales compa?eros dimisionarios con un delito de abandono del servicio carece de la m¨¢s m¨ªnima credibilidad, vistos los hechos. Y los antecedentes.

De hecho, una dimisi¨®n en bloque no ser¨ªa una circunstancia in¨¦dita. Ya en marzo de 1996, seis vocales dimitieron aduciendo, entre otras razones, el retraso en la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial. Y entonces el bloqueo era solo de cuatro meses y no como ahora, que lleva camino de los cinco a?os. Si bien es verdad que en aquella ocasi¨®n el CGPJ se qued¨® con 11 miembros y sigui¨® funcionando a trav¨¦s de la Permanente hasta que hubo renovaci¨®n en julio, c¨®mo no, tras la llegada del aznarismo al poder. Ahora, parece que, con la cuesti¨®n del Constitucional resuelta, y con un CGPJ que no puede hacer nada que la perjudique directamente, La Moncloa no hace especiales esfuerzos para la renovaci¨®n. Por mucho menos, en Israel sali¨® la gente a la calle y ces¨® el ministro de Defensa. Aqu¨ª se pone en peligro el Estado de derecho y la vida sigue igual.