Empleo p¨²blico

La decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de interponer una cuesti¨®n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea sobre c¨®mo abordar el problema de los abusos de la temporalidad en el sector p¨²blico, en el que incide tambi¨¦n la legislaci¨®n europea a trav¨¦s de su correspondiente directiva, puede suponer un antes y un despu¨¦s en el tratamiento jur¨ªdico de esta complicada situaci¨®n. El TSJG cree que Espa?a podr¨ªa estar vulnerando la normativa europea al descartar que los abusos de temporalidad en la Administraci¨®n p¨²blica ¡ªque a veces significan decenas de contratos encadenados¡ª se resuelvan haciendo fijo al trabajador afectado. El pronunciamiento del alto tribunal podr¨ªa sentar una gu¨ªa de actuaci¨®n para los numerosos contenciosos que se han venido acumulando.

La reforma laboral de 2022 abri¨® la puerta a encontrar soluciones a uno de los mayores problemas end¨¦micos de nuestro mercado laboral: el de la alta temporalidad en el empleo. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en el sector privado no se han visto acompa?ados por una reducci¨®n similar en el sector p¨²blico, donde m¨¢s del 31% del personal se encuentra en esta situaci¨®n, que afecta fundamentalmente a los servicios sanitarios y educativos en las comunidades aut¨®nomas. El abuso de la temporalidad, que se dispar¨® tras la crisis de 2008 debido a la imposibilidad de cubrir adecuadamente las plazas p¨²blicas fijas, se encuentra ahora con la obligatoriedad de dotar de derechos a las personas que ocupan, a veces durante largos periodos de tiempo, estos puestos sin consolidar y con sus derechos laborales mermados. Esta situaci¨®n le ha valido a Espa?a el reproche de las instituciones europeas, incluyendo una sentencia del Tribunal de Justicia en 2021.

Las reformas legislativas para atajar este abuso de la temporalidad han mitigado parcialmente los problemas, que hasta el momento depend¨ªan de un rosario de sentencias de los tribunales admitiendo figuras de dif¨ªcil encuadre, como el de personal laboral indefinido no fijo, un juego de palabras que pretende salvar la situaci¨®n creada durante d¨¦cadas sin terminar de satisfacer a ninguno de los implicados. As¨ª, los trabajadores que se encuentran en esa situaci¨®n no pueden promocionar o acceder a prestaciones y derechos reservados para los funcionarios de carrera. Al mismo tiempo, el acceso r¨¢pido a esta posici¨®n levanta todas las sospechas en los cuerpos de funcionarios que han pasado por una oposici¨®n p¨²blica basada en los principios de m¨¦rito y capacidad.

La Constituci¨®n espa?ola establece un mecanismo de acceso al empleo p¨²blico en el que no estaba previsto este abuso de los contratos temporales, de manera que ahora mismo no hay una manera justa de resolver el dilema de la consolidaci¨®n de esos puestos. Tan injusto es someter a trabajadores que llevan a?os prestando servicios a una prueba de acceso extempor¨¢nea, como abrir la puerta a una consolidaci¨®n autom¨¢tica que terminar¨ªa erosionando el principio de igualdad en el acceso al empleo p¨²blico.

Mientras se espera la decisi¨®n del TJUE, en todo caso, ser¨ªa adecuado repensar el modelo de acceso al empleo p¨²blico, en la medida en que una estrategia m¨¢s meditada y mejor dotada de fondos podr¨ªa evitar que estos problemas pudieran volver a presentarse en el futuro. Las necesidades de recursos humanos de nuestro sector p¨²blico requieren de una seguridad jur¨ªdica que evite nuevos contenciosos en el futuro y reduzca por fin un porcentaje de temporalidad ¡ªque significa tambi¨¦n inseguridad de proyecto vital y personal¡ª desproporcionadamente alto.