Aporobofia y okupaci¨®n
El movimiento por la vivienda es plenamente consciente de que la ocupaci¨®n no es la soluci¨®n del problema, solo una ¨²ltima opci¨®n a la que agarrarse antes del abismo de la calle.
Baj¨¦ un domingo a la pasteler¨ªa, compr¨¦ tartaleta de lim¨®n y de fresa, mousse de tres chocolates y un pedazo de brownie. Luego me fui a visitar a una familia en el extrarradio de Madrid: estuve hablando con Richard toda la ma?ana, de los reveses de la vida, de la piscina del barrio, hasta de Dios, mientras sus tres hijas jugueteaban por el sal¨®n y creaban el t¨ªpico caos infantil. Resulta que Josefina tambi¨¦n trajo boller¨ªa del supermercado, pero dimos buena cuenta de todo tomando caf¨¦ con leche, con la tele puesta de fondo y las fotos de su boda, aquellos d¨ªas felices, en las paredes. Ahora los d¨ªas no son tan felices: Richard y Josefina se ven obligados a ocupar desde hace siete a?os ese piso, propiedad del fondo Cerberus, con sede en Manhattan y miles de millones de d¨®lares en activos. Han intentado regularizar su situaci¨®n ante la indiferencia de la entidad que solo ofrece el desalojo, aunque la ONU lo haya desaconsejado en cuatro ocasiones. Tambi¨¦n Naciones Unidas, desde 2018, dice que el Estado est¨¢ obligado a proporcionar una vivienda a esta familia y hasta una indemnizaci¨®n.
El perfil m¨¢s habitual de las personas que ocupan viviendas en Espa?a son individuos y familias sin recursos que se meten en inmuebles vac¨ªos de entidades financieras y fondos buitre. Sectores pobres de la poblaci¨®n, apaleados por la concatenaci¨®n de crisis y el grave problema de la vivienda. En boca de pol¨ªticos de la derecha (los de la ¡°tolerancia cero¡± con la ¡°okupaci¨®n¡±), magacines televisivos sensacionalistas o la empresa Desokupa (de triste actualidad estos d¨ªas) son redes de narcotr¨¢fico, bandas armadas o personas que destruyen la convivencia, no dejan descansar al vecindario y hasta lanzan sus heces por la ventana. Esos casos existen, pero ni son los m¨¢s representativos ni tienen mucho que ver con la ocupaci¨®n: el narcotr¨¢fico, el traj¨ªn con armas de fuego o los des¨®rdenes en la escalera tambi¨¦n pueden ser cometidos por propietarios.
Sin embargo, estos casos escabrosos son los m¨¢s difundidos, parece que para crear p¨¢nico social y romper la empat¨ªa con los desfavorecidos. En Espa?a ha sucedido un curioso fen¨®meno: tras la crisis de 2008 se cre¨® un sentimiento generalizado de indignaci¨®n por los desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleg¨® a recibir el aplauso social y distinciones del Consejo Europeo. Hoy se ha conseguido presentar el problema de la vivienda como de orden p¨²blico y no de justicia social, y alinear a la opini¨®n p¨²blica con los intereses de los especuladores (y, de paso, de las empresas de alarmas que se dedican, precisamente, a alarmar a¨²n m¨¢s a la poblaci¨®n). Por decirlo en lenguaje contempor¨¢neo: los intereses inmobiliarios han ¡°ganado la batalla del relato¡±.
Nos incitan a temer a los ¡°inquiokupas¡± en pos de vivir en el ¡°tranquiler¡±: todo rota alrededor del eje del miedo. El uso del t¨¦rmino ¡°okupa¡±, con k, que suena m¨¢s amenazador y que se ha aceptado acr¨ªticamente por toda la sociedad, deber¨ªa limitarse al movimiento okupa, de corte ideol¨®gico y contracultural, que opera en centro sociales desde los a?os 60, con el ¨¢nimo de generar espacios de autogesti¨®n y nuevos modelos de ciudad. No es lo que vemos ahora: lo que se da es la presi¨®n del desamparo de los que no tienen donde vivir. Todo desemboca en un caso extendido y flagrante de aporofobia: el rechazo al pobre que acu?¨® la fil¨®sofa Adela Cortina.
En realidad, una persona mayor no deber¨ªa preocuparse por bajar a la compra y encontrarse su humilde vivienda llena de okupas toxic¨®manos, como reza la leyenda: la ley es severa con aquellos que cometen el delito de allanamiento de morada, el desalojo se realiza con premura. Las personas sin recursos que ocupan viviendas, que son pobres, pero no tontas, prefieren utilizar inmuebles vac¨ªos, casi abandonados, de bancos y fondos donde la legislaci¨®n es m¨¢s laxa: este delito es de usurpaci¨®n.
El movimiento por la vivienda es plenamente consciente de que la ocupaci¨®n no es la soluci¨®n del problema, solo una ¨²ltima opci¨®n a la que agarrarse antes del abismo de la calle. Que no se cumpla el derecho a la vivienda, recogido en la Constituci¨®n (art. 47), impide que se cumplan otros muchos derechos humanos, como el derecho a la salud, a la familia, al trabajo o, en fin, a una vida digna. Aunque se difunda el clich¨¦ pueril de que las personas que ocupan viven una vida de lujo asi¨¢tico sin trabajar (ahora envidiamos a los pobres con ¡°paguita¡± y no a los ricos), lo cierto es que vivir ocupando es considerado un alojamiento inseguro, seg¨²n la Tipolog¨ªa Europea de Exclusi¨®n Residencial y Sinhogarismo (ETHOS por sus siglas en ingl¨¦s), e incluso una forma de sinhogarismo: un piso ocupado dif¨ªcilmente puede constituirse como hogar.
¡°Un d¨ªa nos dimos cuenta de que ¨¦ramos pobres¡±, me dice Richard. Su familia lleva a?os en la cuerda floja, v¨ªctima de ansiedades y depresiones, y sin saber qu¨¦ va a ser de su futuro y el de sus hijas, cu¨¢ndo caer¨¢ sobre ellos la espada de Damocles del desahucio perseguido desde unas oficinas en la Tercera Avenida de Nueva York. Contra el problema de la vivienda no cabe una mano dura que criminalice a las personas pobres, sino una mano blanda que las acoja y ataje la injusticia.
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