Nayib Bukele: autoritario, abusivo y extremadamente popular

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es autoritario, abusivo y extremadamente popular. Su modelo de seguridad se ha vuelto atractivo en un contexto preocupante de criminalidad y violencia en Am¨¦rica Latina y amenaza con debilitar a¨²n m¨¢s las instituciones democr¨¢ticas de la regi¨®n. Para hacer frente a estos desaf¨ªos, es necesaria una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos humanos frente al delito.

Recientemente, los legisladores de Bukele en la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que permite juicios masivos para presuntos pandilleros. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que hasta 900 personas podr¨ªan ser procesadas en una misma audiencia. De acuerdo con algunos diputados, con estas medidas la Fiscal¨ªa no tendr¨¢ que presentar pruebas individuales en contra de los imputados durante el proceso penal. Estos juicios kafkianos socavar¨ªan el acceso a la justicia de las v¨ªctimas de las pandillas, dificultar¨ªan la liberaci¨®n de inocentes y abrir¨ªan la puerta a violaciones masivas del debido proceso.

M¨¢s de 71.000 personas, incluidos m¨¢s de 1.600 menores de edad, han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de El Salvador bajo un r¨¦gimen de excepci¨®n que ha suspendido derechos b¨¢sicos desde hace casi un a?o y medio. Muchos salvadore?os sin conexi¨®n alguna con las pandillas han sido detenidos, especialmente en comunidades de bajos ingresos. Nuestras investigaciones revelan que algunas personas capturadas han sido torturadas, docenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidas a condiciones inhumanas de detenci¨®n, incluyendo hacinamiento carcelario extremo. La mayor¨ªa se encuentran incomunicadas, sin acceso alguno a sus familias.

Una inmensa concentraci¨®n de poder en manos del Ejecutivo ha allanado el camino para estas medidas. Desde que asumi¨® el cargo, Bukele ha cooptado a la Corte Suprema, ha reemplazado al fiscal general por un aliado y ha removido a jueces independientes. Adem¨¢s, ha promovido un entorno hostil para la sociedad civil y el periodismo independiente, forzando a varios periodistas al exilio.

Sin embargo, para muchos, las pol¨ªticas de seguridad de Bukele parecen ser una soluci¨®n a la delincuencia y violencia en la regi¨®n. La tasa de homicidios de El Salvador, durante a?os una de las m¨¢s altas del mundo, alcanz¨® una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, de acuerdo con cifras oficiales. Seg¨²n Bukele, la tasa de homicidios ha disminuido a¨²n m¨¢s en 2023. No obstante, los reportes de manipulaciones y cambios en la forma en que se contabilizan los asesinatos en el pa¨ªs limitan la posibilidad de estimar el verdadero alcance de la reducci¨®n. Las extorsiones, la principal fuente de financiaci¨®n de las pandillas, tambi¨¦n parecen haber disminuido significativamente.

En algunos pa¨ªses, los ciudadanos est¨¢n abogando por un Bukele propio, a pesar del car¨¢cter draconiano de muchas de sus pol¨ªticas. Tanto es as¨ª que Latinobar¨®metro, un estudio regional de opini¨®n p¨²blica, sostuvo recientemente que Bukele es el ¡°presidente mejor evaluado de todos los tiempos desde el inicio de la transici¨®n [democr¨¢tica] en Am¨¦rica Latina¡±.

Es f¨¢cil entender por qu¨¦

Seg¨²n las ¨²ltimas estad¨ªsticas, Am¨¦rica Latina y el Caribe ten¨ªan en 2021 la tasa regional anual de homicidios m¨¢s alta del mundo, con 19,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa que la Organizaci¨®n Mundial de la Salud considera el umbral de ¡°violencia end¨¦mica¡±.

Mientras que algunos pa¨ªses como Venezuela y Honduras tienen tasas de m¨¢s de 30, incluso 40, homicidios por cada 100.000 habitantes, varios pa¨ªses grandes de la regi¨®n, como Brasil, M¨¦xico y Colombia, tienen tasas de entre 20 y 30, y algunos pa¨ªses con tasas hist¨®ricamente m¨¢s bajas, como Chile y Costa Rica, han registrado un aumento significativo de los homicidios en los ¨²ltimos a?os. Las tasas de otros delitos, como la extorsi¨®n, tambi¨¦n son elevadas.

Uno de los casos m¨¢s dram¨¢ticos es Ecuador, donde las pandillas han provocado un grav¨ªsimo aumento de la violencia, con una tasa de homicidios que se ha duplicado en un a?o. Las extorsiones se encuentran en un m¨¢ximo hist¨®rico, y ha habido ataques con explosivos, masacres en c¨¢rceles y asesinatos de funcionarios electos, fiscales, jueces y candidatos pol¨ªticos.

Los l¨ªderes de la regi¨®n no han logrado dar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos humanos a la violencia y criminalidad.

La estrategia de ¡°paz total¡± del presidente colombiano Gustavo Petro no ha logrado hasta ahora reducir las masacres, el reclutamiento de ni?os y los secuestros por parte de grupos armados. En M¨¦xico, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha adoptado el lema ¡°abrazos, no balazos¡±, al tiempo que ha promovido la militarizaci¨®n, reducido los fondos para las polic¨ªas locales y no ha logrado disminuir la violencia de los c¨¢rteles. La presidenta Xiomara Castro de Honduras hizo campa?a en contra de la militarizaci¨®n, pero recientemente restableci¨® el control militar sobre las prisiones y, al igual que Bukele, suspendi¨® varios derechos constitucionales en amplias zonas del pa¨ªs.

Frente a estos desaf¨ªos, Bukele ofrece una respuesta simple: m¨¢s presos, m¨¢s prisiones y juicios masivos. Su poderosa maquinaria propagand¨ªstica ha mostrado las violaciones de los derechos humanos de su Gobierno como supuestos logros.

Pero su llamativa propaganda tambi¨¦n oculta algunos hechos inquietantes. Seg¨²n el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno de Bukele inicialmente negoci¨® de forma secreta con los l¨ªderes de las pandillas, ofreci¨¦ndoles privilegios carcelarios y protecci¨®n frente a extradici¨®n a EE UU, a cambio de una reducci¨®n de los ¨ªndices de homicidios y apoyo para las elecciones. Al fracasar las negociaciones, el gobierno pas¨® a aplicar medidas de mano dura.

En el pasado, ni las negociaciones secretas con pandillas ni las pol¨ªticas de seguridad punitivas han frenado de forma sostenible la violencia en El Salvador. Los predecesores de Bukele negociaron con las pandillas sin desmantelarlas efectivamente. Estos acuerdos lograron una reducci¨®n a corto plazo de los asesinatos, pero fueron seguidos de un aumento y una agudizaci¨®n de la violencia. A su vez, las anteriores pol¨ªticas de seguridad basadas en el encarcelamiento masivo permitieron a los miembros de las pandillas aumentar el reclutamiento dentro de las prisiones, utilizando los centros de detenci¨®n como su base operativa.

La narrativa de Bukele tambi¨¦n es enga?osa. Su Gobierno sugiere que los frenos y contrapesos de la democracia representan un obst¨¢culo para proporcionar seguridad a los ciudadanos. Por el contrario, estos mecanismos son clave para prevenir la corrupci¨®n y el abuso de poder, y garantizar que la ley se aplique a todos por igual.

De la misma manera, Bukele presenta los derechos humanos y la seguridad p¨²blica como objetivos contradictorios. Muy por el contrario, los gobiernos tienen una obligaci¨®n en materia de derechos humanos de tomar medidas para proteger a la poblaci¨®n de la violencia y del crimen. Al hacerlo, tambi¨¦n est¨¢n obligados a respetar las garant¨ªas del debido proceso, que son fundamentales para garantizar que los procesamientos no sean arbitrarios, que no se abuse de personas inocentes y que las v¨ªctimas reciban la justicia que merecen.

La popularidad de Bukele es un reflejo de la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para abordar la violencia y la criminalidad. Es necesario que se redoblen urgentemente los esfuerzos para dise?ar e implementar estrategias respetuosas de los derechos que aborden las causas estructurales que contribuyen a la violencia, incluyendo los altos niveles de pobreza y exclusi¨®n social. Es importante que se adelanten procesos penales estrat¨¦gicos centrados en investigar cr¨ªmenes violentos, en particular los cometidos por perpetradores cr¨®nicos o l¨ªderes de organizaciones criminales, as¨ª como tambi¨¦n en frenar su financiamiento, su apoyo pol¨ªtico a trav¨¦s de la corrupci¨®n y su acceso a armas.

La falta de una respuesta efectiva y leg¨ªtima a la inseguridad est¨¢ poniendo en peligro la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones democr¨¢ticas.