La democracia y la amnist¨ªa

Vivimos tiempos pol¨ªticos esperp¨¦nticos.

En estos d¨ªas, el candidato cuyo partido obtuvo m¨¢s votos en las elecciones del pasado 23 de julio acude a una investidura. Al reclamarla, olvidaba que el sistema pol¨ªtico espa?ol no se rige por reglas mayoritarias, pues afortunadamente se desech¨® la ocurrencia de Manuel Fraga en el debate constitucional (cabe imaginar cu¨¢les hubieran sido sus desastrosos resultados para la estabilidad democr¨¢tica en circunscripciones com...

Vivimos tiempos pol¨ªticos esperp¨¦nticos.

En estos d¨ªas, el candidato cuyo partido obtuvo m¨¢s votos en las elecciones del pasado 23 de julio acude a una investidura. Al reclamarla, olvidaba que el sistema pol¨ªtico espa?ol no se rige por reglas mayoritarias, pues afortunadamente se desech¨® la ocurrencia de Manuel Fraga en el debate constitucional (cabe imaginar cu¨¢les hubieran sido sus desastrosos resultados para la estabilidad democr¨¢tica en circunscripciones como Gipuzkoa, Lleida o Girona). Nuestro sistema es proporcional y quien ocupe la presidencia del Gobierno depender¨¢ de la decisi¨®n de una mayor¨ªa de diputados en el Parlamento.

Sabemos que Alberto N¨²?ez Feij¨®o dispone del respaldo de Vox y suponemos que el del conjunto del PP. Con ese n¨²mero de esca?os no puede formar Gobierno. ?l, sin embargo, exigi¨® tener la iniciativa para intentar ser investido. Ese derecho, leg¨ªtimo, le fue concedido. Desde el 23 de julio, sigue contando tan solo con el apoyo de PP y Vox (adem¨¢s de UPN y Coalici¨®n Canaria). Pero no consta ninguna propuesta relevante sobre qu¨¦ har¨ªa en el caso de ocupar el poder. No conozco ning¨²n precedente digno de un candidato a ser presidente que no presente las propuestas de un programa de gobierno.

De vez en cuando, lanza insinuaciones de forma avergonzada. Por ejemplo, tender la mano a tr¨¢nsfugas del PSOE o afirmar que quiere dialogar con Junts per Catalunya. Tendr¨ªa que explicar c¨®mo quiere corromper a diputados socialistas o qu¨¦ reivindicaciones del independentismo catal¨¢n est¨¢ dispuesto a conceder.

Existen precedentes poco estimulantes en la historia pol¨ªtica del PP. Siendo presidente de un Gobierno minoritario, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar calific¨® a ETA como ¡°Movimiento Vasco de Liberaci¨®n Nacional¡± en noviembre de 1998, permitiendo el acercamiento a Euskadi de m¨¢s de 180 presos de la organizaci¨®n terrorista. Por detr¨¢s estaba su b¨²squeda del apoyo del PNV. Asimismo, para adornar de forma ex¨®tica el apoyo de CiU (la organizaci¨®n precursora de Junts per Catalunya) a su Gobierno, Aznar declar¨® que ¡°hablaba catal¨¢n en la intimidad¡±. Converg¨¨ncia i Uni¨® hab¨ªa apoyado con anterioridad a Adolfo Su¨¢rez en la construcci¨®n del sistema auton¨®mico. Y, posteriormente, a Felipe Gonz¨¢lez cuando el PSOE gan¨® las elecciones en 1993 sin disponer de mayor¨ªa en el Congreso.

Echando la vista atr¨¢s, no cabe olvidar que el 90,5% de los catalanes respald¨® la Constituci¨®n en el refer¨¦ndum del 6 de diciembre de 1978 (un porcentaje superior a la media en Espa?a, un 87,9%). Asimismo, un 88,5% de los catalanes apoy¨® el Estatuto de 1979. En el marco de la Constituci¨®n, Catalu?a se ha regido por dos Estatutos: uno, de 1979; otro, de 2006.

Un ¨ªndice de autoridad regional (Assessing Regional Authority, Oxford University Press, 2010) mostraba que Espa?a es el Estado m¨¢s descentralizado del mundo, tras Alemania. Cuesti¨®n distinta es la autonom¨ªa en t¨¦rminos comparados. La Constituci¨®n de 1978 distingue entre ¡°nacionalidades¡± (supuestamente, el Pa¨ªs Vasco Catalu?a y Galicia) y ¡°regiones¡± (las 14 restantes comunidades aut¨®nomas). La asignaci¨®n de competencias sigui¨® las l¨ªneas de lo que se ha denominado ¡°caf¨¦ para todos¡±. Cabe sospechar que parte del descontento catal¨¢n no deriva solo de sus niveles absolutos de autogobierno, sino de sus niveles ¡°relativos¡±: es decir, de exigir m¨¢s autogobierno que las ¡°regiones¡±. No solo se reivindican derechos, sino tambi¨¦n que los dem¨¢s no los tengan. Es verdad, sin embargo, que en Alemania Baviera tiene mayor autogobierno que los dem¨¢s l?nder.

Pero en estos momentos las reivindicaciones pol¨ªticas de los partidos catalanistas no tienen que ver solo con niveles de autonom¨ªa, sino, como todos sabemos, con demandas de gracia por los hechos cometidos durante el periodo 2016-2018. Pedro S¨¢nchez concedi¨® en el a?o 2021 un total de 50 indultos, entre ellos a los dirigentes catalanes con penas por el pronunciamiento independentista. La medida de gracia fue ampliamente criticada. Ahora bien, bajo el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez se concedieron 5.944 indultos y bajo el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar otros 5.948. Habr¨ªa que estimar si todas esas medidas de gracia ten¨ªan mayor justificaci¨®n democr¨¢tica.

En estos momentos, adem¨¢s, se discute si cabe una extensi¨®n de las medidas de gracia a m¨¢s ciudadanos catalanes y a polic¨ªas implicados en el conflicto provocado por la declaraci¨®n unilateral de independencia. Se desconoce qu¨¦ figura jur¨ªdica adoptar¨¢n tales medidas. Sabemos que un indulto general no cabe en la Constituci¨®n. Y se debate si cabe una amnist¨ªa.

La decisi¨®n, por supuesto, corresponde al Tribunal Constitucional. Este afirm¨® en 1983 que ¡°debe ser el legislador el que determine el r¨¦gimen jur¨ªdico de la amnist¨ªa, pues no hay restricci¨®n constitucional directa sobre esta materia¡±. Formaban parte de ese tribunal Francisco Tom¨¢s y Valiente, Francisco Rubio Llorente, Luis D¨ªez-Picazo, Jer¨®nimo Arozamena y Antonio Truyol.

Respecto de una medida de gracia que beneficiase a implicados en el conflicto del refer¨¦ndum unilateral del 1 de octubre de 2017, s¨ª se deben discutir los aspectos pol¨ªticos. En primer lugar, la extrema judicializaci¨®n del conflicto, algo que ha reducido mucho el espacio de la pol¨ªtica. En segundo lugar, cu¨¢l es la disposici¨®n de los implicados. Es decir, ?cu¨¢les son las condiciones pol¨ªticas para conceder medidas de gracia (amnist¨ªa u otra) a los todav¨ªa implicados aquellos hechos? Cabe pensar que los dirigentes catalanes independentistas tendr¨¢n en cuenta tres consideraciones.

La primera es que, sea cual sea, la medida de gracia no borrar¨¢ la calificaci¨®n legal del delito. Es decir, otra declaraci¨®n unilateral de independencia volver¨ªa a generar serias consecuencias penales.

La segunda, que un Gobierno del PP con Vox ser¨ªa una cat¨¢strofe para Espa?a y para Catalu?a. Si su apoyo electoral ha ca¨ªdo de forma estrepitosa, cabe imaginar que sufrir¨ªa mucho si Junts per Catalunya se convirtiese en el responsable del acceso de Vox al poder.

La tercera, que las pol¨ªticas de Pedro S¨¢nchez respecto de Catalu?a han reducido de manera dr¨¢stica el apoyo al independentismo. Es sabido que, en las elecciones de julio de 2023, tanto ERC como Junts obtuvieron siete esca?os: una suma de 14 frente a los 19 del PSC. El Centre d¡¯Estudis d¡¯Opini¨® (dependiente de la Generalitat) ha mostrado que la independencia era apoyada en julio de 2023 por un 43,8% de los catalanes, mientras que un 53,4% lo rechazaba. El Institut de Ci¨¨ncies Politiques i Socials (ICPS) reduc¨ªa el porcentaje de apoyo a un 39%.

Sin duda, las pol¨ªticas de S¨¢nchez han influido en estos cambios en Catalu?a. Y, tambi¨¦n, estos cambios sugieren que abordar de forma pol¨ªtica y no estrictamente judicial el problema catal¨¢n ofrece m¨¢s luz al final del t¨²nel. La cuesti¨®n radica en si los dirigentes independentistas aceptan la Constituci¨®n que los catalanes respaldaron; en si entienden que romper con Espa?a es romper con Europa; en si comprenden que los dem¨®cratas espa?oles no aceptar¨¢n nunca una escisi¨®n de Catalu?a.

Paso a la ¨²ltima cuesti¨®n. El CIS lleva mucho tiempo ofreciendo datos que muestran que, con independencia de los resultados electorales, desde los a?os noventa entre un 65% y un 75% de los catalanes desean ampliar sus cotas de autogobierno. Tal vez la v¨ªa pol¨ªtica podr¨ªa ser una reforma de un Estatuto probablemente obsoleto. Pero esa v¨ªa pol¨ªtica afecta tambi¨¦n a la relaci¨®n entre el PP y el PSOE. Dejado atr¨¢s este periodo de enfrentamiento, es imprescindible que se vuelvan a establecer lazos entre el Gobierno y la oposici¨®n. Puentes entre los dos partidos que pueden gobernar Espa?a resultan imprescindibles. Deben respetarse el poder del PP y los intereses de los ciudadanos que lo han votado. Los dos partidos pueden, lentamente, empezar a considerar si acaso, por los intereses de la democracia y de los ciudadanos, no conviene plantearse la revisi¨®n de algunos puntos de la Constituci¨®n que pueden haberse vuelto obsoletos. En ese caso, el PSOE tal vez podr¨ªa retomar la propuesta federalista dise?ada por Alfredo P¨¦rez Rubalcaba y Ram¨®n J¨¢uregui.

.