Gracia y justicia

La ley sobre la gracia de indulto (LGI) de 1870, que con escasas modificaciones sigue vigente hoy en Espa?a despu¨¦s de m¨¢s de 150 a?os, es inequ¨ªvoca en la n¨ªtida separaci¨®n que, a efectos del indulto, establece entre los delitos contra el orden constitucional y el orden p¨²blico ¡ªrebeli¨®n, sedici¨®n, atentados, desacatos e insultos contra la autoridad y sus agentes, y des¨®rdenes p¨²blicos¡ª y el resto de los delitos. Para estos ¨²ltimos delitos ¡ªa veces denominados comunes¡ª son necesarias tres cosas para poder indultar (art. 2 de la LGI): que la persona est¨¦ previamente condenada por sentencia firme; que est¨¦ a disposici¨®n del tribunal sentenciador (no cab¨ªa para fugados o huidos) y que el condenado no sea reincidente.

Pues bien, esas tres exigencias no rigen o se excepcionan ¡ªpor expresa previsi¨®n del art. 3 de la ley para los delitos contra el orden constitucional y el orden p¨²blico, que reciben un tratamiento singular y diferenciado. Diferencia que se acent¨²a en dicha ley al prescindir en los citados delitos (rebeli¨®n, sedici¨®n, etc¨¦tera) del informe del tribunal sentenciador (art. 29) cuando se trate de la conmutaci¨®n o sustituci¨®n de la pena impuesta por otra distinta.

La ley de 1870 recogi¨® la pr¨¢ctica del indulto seguida de modo constante y reiterado, muy especialmente en relaci¨®n con los delitos contra el orden constitucional y el orden p¨²blico, durante el reinado de Isabel II. El ejercicio de la gracia ha tenido muchas finalidades y respondido a distintas causas, como ya notara Alfonso X el Sabio al hablar de los bienes que del ejercicio de perd¨®n pueden derivarse para el pa¨ªs (¡°la tierra¡±), considerando las finalidades y distinguiendo entre las causas (misericordia, merced o gracia) de tal ejercicio (Partida S¨¦ptima, tit. 32, Ley I y III).

Esa diferencia de trato seg¨²n el tipo de delitos ¡ªavalada por la pr¨¢ctica y por las normas desde principios de nuestro constitucionalismo en el XIX¡ª es perfectamente l¨®gica, pues tiene que ver tanto con los efectos que el indulto produzca en el indultado como, muy especialmente, con los que produce o puede producir en el medio social en el que se desarroll¨® la conducta penada.

Las medidas de gracia en tiempos de Ros¨®n, incluso a condenados de ETA, fueron aceptadas sin discrepancia por todos por la finalidad que ten¨ªan. Lamentablemente esa unanimidad hace tiempo que se perdi¨® en asuntos de Estado.

Razones de Estado en la diferencia de trato con los delitos contra el orden constitucional y el orden p¨²blico explican los indultos del proc¨¦s del Gobierno del presidente S¨¢nchez a sus principales responsables. Aparte del efecto inmediato sobre los indultados, su importancia reside, sobre todo, en los constatados efectos que ha tenido en la distensi¨®n en una sociedad enfrentada y dividida, as¨ª como tambi¨¦n en los cambios de preferencias de los catalanes puestas de manifiesto en encuestas y en resultados electorales.

No resulta f¨¢cil comprender c¨®mo una pr¨¢ctica avalada por la ley y por la historia en materia de indultos ha podido quedar degradada y transformada en una batalla de reproches sobre la base de juicios de intenciones que prescinden del sentido profundo que tienen las instituciones. Criticas que pretenden enfrentar el poder ejecutivo con el judicial como si los indultos fueran una falta de respeto a las sentencias del poder judicial y una violaci¨®n de la separaci¨®n de poderes. El tradicional nombre del Ministerio de Justicia ¡ªde Gracia y Justicia¡ª expresaba bien la diferencia de conceptos y momentos que algunos parecen haber olvidado en un lado del espectro y que prueba que una cosa es la justicia y otra la gracia.

Tambi¨¦n se alienta tal enfrentamiento desde otras posiciones con el empleo de la dif¨ªcilmente soportable levedad de la expresi¨®n ¡°judicializaci¨®n de la pol¨ªtica¡± con la que algunos parecen referirse a las pasadas sentencias del proc¨¦s o a las futuras que, conectadas con el mismo, puedan todav¨ªa dictarse. Con esa expresi¨®n se puede inducir a creer que los tribunales han hecho algo que no les correspond¨ªa. Los indultos que se han dado (y los que eventualmente puedan darse en el futuro) no ponen en lo m¨¢s m¨ªnimo en cuesti¨®n las sentencias dictadas, impecables en el fondo, en la forma y en el proceso; sentencias que aplicaron ponderadamente las leyes con las que los representantes del pueblo (no los pol¨ªticos) quisieron que se castigaran determinadas conductas con penas cuya gravedad conoc¨ªan quienes incurrieron a sabiendas en esas conductas. La lectura de los reales decretos de indulto pone de manifiesto ese exquisito respeto a las sentencias y c¨®mo los indultos responden a razones que en nada afectan a la l¨®gica y justicia misma de las sentencias.

La singularidad legal del indulto por cualquier delito contra el orden constitucional y el orden p¨²blico no puede ser puesta en cuesti¨®n por ning¨²n partido de Estado que pretenda tener responsabilidades de gobierno en Espa?a, modificando o derogando la ley o el margen de apreciaci¨®n que al Gobierno le corresponde o entregarlo a los tribunales. La posici¨®n de estos en la actual ley les da las importantes funciones que han de tener, pero cuando de lo que se trata es de valorar la conveniencia p¨²blica o el inter¨¦s nacional y pol¨ªtico derivado de determinadas medidas de gracia relacionadas con dicho tipo de delitos, cualquier tribunal sabe que desbordar¨ªa la esencia del poder judicial ser ¨¦l mismo quien revisara decisiones si no presentan elementos asequibles al derecho, pues son pura pol¨ªtica.

Desde esta comprensi¨®n de la instituci¨®n del indulto cobran actualidad ¨²ltimamente, aunque se tienen bien presentes desde hace casi un a?o, las consecuencias penales que, para funcionarios y segundos o terceros niveles de la Administraci¨®n auton¨®mica de Catalu?a e incluso para ciudadanos comunes, tendr¨¢n los procesos pendientes de celebrar por hechos derivados del proc¨¦s o relacionados de alguna forma con ¨¦l. Procesos que afectan a cientos de personas e indirectamente (familiares, amigos, etc¨¦tera) a varios miles.

Que los m¨¢ximos responsables del proc¨¦s (con excepci¨®n de Puigdemont y pocos m¨¢s) hayan sido ya juzgados e indultados de una parte muy sustancial de sus penas, nos llevar¨ªa al absurdo de que ellos se hayan beneficiado del indulto y que personas con mucha menos responsabilidad tuvieran que cumplir, ellas s¨ª, la totalidad de sus eventuales condenas. Cualquier Gobierno en el futuro, sea del color que sea, deber¨¢ tener en cuenta la necesidad de poner remedio a esa situaci¨®n ¡ªque afecta a ciudadanos, a funcionarios y a segundos y terceros niveles de gobierno¡ª con el fin de culminar los efectos que se pretendieron con el indulto a los m¨¢ximos responsables. Para lograrlo bastar¨ªan las medidas de gracia de la LGI, pudiendo explorar la exclusi¨®n por su art. 3 de la exigencia de previa de condena firme o las posibilidades de medidas de conmutaci¨®n de penas del art. 29.

Pero el indulto no tiene sentido en la situaci¨®n de Puigdemont, m¨¢ximo responsable de todo, fugado de la justicia y cabeza de un Consell per la Rep¨²blica que sigue actualizando su declaraci¨®n de independencia, negando la Constituci¨®n misma y propugnando su violaci¨®n unilateral. Por eso pretende una amnist¨ªa que pol¨ªticamente tampoco es posible en su situaci¨®n actual ¡ªdejando aparte si encaja en la Constituci¨®n¡ª pues no responde a la causa, finalidad y significado de la amnist¨ªa en una democracia avanzada del siglo XXI.

La amnist¨ªa de octubre de 1977 fue una necesidad derivada de que la democracia en Espa?a no pod¨ªa reconocerse con parte de los espa?oles ¡ªy una buena parte de sus flamantes diputados electos¡ª con antecedentes penales por condenas por haber ejercido derechos fundamentales dictadas por tribunales civiles o militares, ajenos a exigencias m¨ªnimas del principio de separaci¨®n de poderes. La amnist¨ªa supuso la p¨²blica proclamaci¨®n de la injusticia e ilegitimidad de esas condenas y de esa misma dictadura.

Las amnist¨ªas suelen conllevar as¨ª juicios varios sobre el pasado. Juicios negativos sobre el sistema pol¨ªtico bajo el que se impusieron las condenas; tambi¨¦n en ocasiones juicios positivos sobre las causas o motivaciones de quienes cometieron determinados hechos que pod¨ªan ser constitutivos de delito, pero que al reconocer la supuesta legitimidad de los motivos de quienes los cometieron podr¨ªan llevar a la amnist¨ªa y al olvido. El abrazo de Vergara en el XIX determin¨® que lo que pareci¨® al principio una rebeli¨®n y levantamiento de un ej¨¦rcito no tuviera al final consecuencia penal alguna a partir de una explicaci¨®n sobre la supuesta nobleza de la finalidad y causas de sus actos (que solo responder¨ªa a la defensa de los fueros y no a la sucesi¨®n mon¨¢rquica con vuelta del absolutismo, como explic¨® Ol¨®zoga en las Cortes).

De eso parece tratarse con la propuesta que se hace desde el independentismo; de construir un relato que fundamente la amnist¨ªa en la bondad o en los derechos que los condenados pretender¨ªan que justificaban sus acciones: el derecho a la autodeterminaci¨®n de Catalu?a. Inexistente derecho, supuestamente no respetado por el Estado, que les habr¨ªa llevado a incurrir en el C¨®digo Penal con su conducta y con violaci¨®n de su propio Estatuto y Constituci¨®n, acabando con la democracia que ten¨ªan que cuidar con los hechos del 6 y 7 de septiembre de 2017 y los posteriores de octubre llevando a la sociedad al enfrentamiento civil abusando de las instituciones. La amnist¨ªa reclamada pretende legitimar todo eso y que el Estado se eche la responsabilidad de todos los actos de los amnistiados sobre s¨ª mismo y sobre sus leyes y poderes (entre ellas el poder judicial, que habr¨ªa ¡°judicializado¡± los ¡°conflictos pol¨ªticos¡±) y , con ello, deslegitime su posici¨®n y sus fundamentos pol¨ªticos para el futuro.

Ese planteamiento imposibilita la investidura de cualquier representante de un partido de Estado, como el PSOE, que no puede aceptar esos t¨¦rminos, pese a que haya demostrado que est¨¢ dispuesto a emplear las v¨ªas legales razonables, incluido el indulto, para buscar soluci¨®n a los problemas de solo una parte de la sociedad catalana. El porqu¨¦ de esta propuesta del independentismo, inaceptable pol¨ªticamente, puede deberse tal vez a la conciencia de sus proponentes de que, aunque medidas de gracia ordinarias (indultos) por hechos relacionados por el proc¨¦s puedan alcanzar a ciudadanos, funcionarios o segundos y terceros niveles de gobierno, es muy dif¨ªcil que puedan alcanzar en la actualidad al m¨¢ximo responsable ¡ªPuigdemont¡ª y por eso invocan la amnist¨ªa. Si esa fuera la raz¨®n, arriesgan nuevas elecciones y toman en cierto modo como rehenes al resto de las personas ¡ªpendientes de juicio o juzgados y cumpliendo condenas por hechos relacionados por el proc¨¦s¡ª, relegando las medidas de gracia que, a ellas s¨ª, podr¨ªan alcanzar para beneficiar al m¨¢ximo responsable. Gracia para todos o para ninguno, vendr¨ªan a decir.

Distintas son las objeciones jur¨ªdico-constitucionales que algunos suscitan. Que la Constituci¨®n no mencione expresamente la amnist¨ªa no supone ning¨²n obst¨¢culo para su concesi¨®n (en el ¨¢mbito fiscal con trascendencia penal se han concedido), como en otros momentos de nuestra historia bajo la gen¨¦rica figura del derecho de gracia. Amnist¨ªa e indulto son dos especies de un ¨²nico g¨¦nero: el derecho de gracia. Y este s¨ª se recoge en la Constituci¨®n para entregar a la ley su concesi¨®n cuando en el art¨ªculo 62 atribuye al Rey ¡°el derecho de gracia, con arreglo a la ley¡±.

La ley es la que determinar¨¢ el alcance y supuestos del gen¨¦rico ¡°derecho de gracia¡±, al que no ha puesto en la Constituci¨®n otro l¨ªmite que la prohibici¨®n de los indultos generales ¡ªsubespecie de los indultos¡ª que en nada afecta a la amnist¨ªa. Impreciso concepto el de indultos generales empleado de forma diversa en la historia. Indultos generales que, adem¨¢s, dejar¨ªan de ser generales si se individualizan y nominan sus beneficiarios o los concretos y singulares hechos que se indultan. Solo deber¨ªan conceptuarse indultos generales los referidos gen¨¦ricamente a todos (delitos y autores) que no respondan ni a pol¨ªtica criminal o razones de conveniencia p¨²blica concreta y singular alguna, sino a efem¨¦rides diversas a veces invocadas (coronaciones, a?os jacobeos, pontificados,...).

La amnist¨ªa es una de las especies del derecho de gracia de nuestra tradici¨®n constitucional, recogida en el art¨ªculo 9.1 del acta adicional de 1856 a la Constituci¨®n de 1845, que impon¨ªa al rey una ley de Cortes ¡°para conceder indultos generales y amnist¨ªas¡± y con igual f¨®rmula el art¨ªculo 74.5 de la Constituci¨®n de 1869. La Constituci¨®n de la II Rep¨²blica dispuso (art. 102) que ¡°las amnist¨ªas solo podr¨¢n ser acordadas por el Parlamento¡±, disponiendo a continuaci¨®n que ¡°no se conceder¨¢n indultos generales¡±. Amnist¨ªa e indulto son pues especies distintas de la gracia en nuestra tradici¨®n constitucional.

La Constituci¨®n no proscribe la amnist¨ªa, pues entrega a la ley su regulaci¨®n como uno de los supuestos del ¡°derecho de gracia¡±, lo que no exime de reflexionar sobre sus eventuales l¨ªmites constitucionales. Ejecutar lo juzgado por el poder judicial no es obst¨¢culo para la amnist¨ªa, como tampoco para el indulto, pues forman parte ambos del derecho de gracia previsto en la Constituci¨®n, que se mueve en otro ¨¢mbito distinto del poder judicial, como subrayaba la distinci¨®n tradicional entre gracia y justicia.

La igualdad ante la ley tampoco impide la amnist¨ªa, pues la finalidad de esta es la que determina la peculiaridad de cada situaci¨®n que imposibilita que los condenados por otros delitos puedan reclamar, desde un supuesto derecho a la igualdad, la aplicaci¨®n de la gracia: el inter¨¦s general al que sirve la gracia solo se da en determinadas situaciones y delitos que solo a la pol¨ªtica corresponde discernir.

Finalmente, la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos (art. 9.3 de la Constituci¨®n) s¨ª abrir¨ªa, junto al eventual control de su causa ¡ªcambio de r¨¦gimen pol¨ªtico o surgimiento de causas legitimantes de conductas (como que hayan dejado completamente tales conductas de ser delito, pues nunca debieron serlo)¡ª, el dif¨ªcil control de su finalidad (en cuanto hubiera alguna de inter¨¦s p¨²blico plausible, aunque se pueda dudar de su eficacia o conveniencia), que el Tribunal Constitucional podr¨ªa objetar, sin menoscabo del juicio final de las urnas.

Son argumentos pol¨ªticos los que hacen, sobre todo, inviable una amnist¨ªa que ning¨²n candidato puede aceptar con el significado que pretende d¨¢rsele y menos como condici¨®n para apoyar una investidura.